Amnistía y legitimidad constitucional

El Tribunal Constitucional (TC) validó ayer por seis votos a cuatro la ley de amnistía aprobada en mayo de 2024 por el Congreso de los Diputados. El fallo da la razón al Poder Legislativo y ratifica que la norma —la más polémica y divisiva de la legislatura— no solo es constitucional, sino también legítima como vía para la reconciliación. Al sostener que la ley se ajusta a la Constitución y no responde a un capricho político, el tribunal de garantías subraya que la medida de gracia tiene como fin superar las tensiones generadas dentro de Cataluña, y entre Cataluña y el resto de España, por el proceso independentista, que culminó en el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 y produjo una grave fractura social.

Un año después de su aprobación, nadie puede negar que la ley ha cumplido ese objetivo. No solo ha devuelto la normalidad institucional a Cataluña sino que ha demostrado que eran infundados los temores de quienes se oponían a la ley: ni España se ha roto ni el independentismo ha recuperado fuerza —bien al contrario, ha perdido la mayoría en el Parlament— ni se ha visto espoleado por una supuesta impunidad. Como recuerda el TC, como medida excepcional, la amnistía se circunscribe a un periodo concreto —su fecha máxima de aplicación se fija en el 13 de noviembre de 2023— y solo extingue responsabilidades penales sobre delitos cometidos en el pasado; si los líderes independentistas se embarcan de nuevo en un proceso secesionista, sus conductas volverán a ser castigadas.

La Constitución no prohíbe expresamente la amnistía, lo que otorga al Parlamento la facultad de regularla, dice el TC, que, por otro lado, afirma que “las intenciones del legislador, su estrategia política o su propósito último” no constituyen objeto de su “control”. Sin embargo, aunque la sentencia es coherente con la doctrina constitucional, no se puede ignorar que la aprobación de la ley resultó políticamente problemática. El hecho de que haya cumplido su objetivo pacificador no borra su intencionalidad política, traducida en la transacción parlamentaria que hizo posible la ley a cambio del apoyo de Junts a la investidura de Pedro Sánchez, que en el pasado había negado categóricamente la posibilidad de promover tal norma.

Uno de los puntos más delicados fue el hecho de que quienes se iban a beneficiar de la amnistía fuesen los mismos que hicieron posible su aprobación, prescindiendo de un debate más reposado y de un consenso mayor, siempre deseable ante una medida de este calado. Fueron precisamente estas cuestiones las que generaron la inquietud que pervive en parte de la ciudadanía y en un importante número de juristas, como se ha visto en la división entre progresistas y conservadores del Constitucional.

Con todo, pese al intercambio político que está en el origen de la ley de amnistía y a los importantes flecos que le quedan a su aplicación —entre otros, al expresident Carles Puigdemont—, su llegada al pleno del tribunal de garantías a raíz de un recurso del Partido Popular demuestra que la norma ha seguido todos los cauces del Estado de derecho. Por eso es imperativo recordar que el respeto a las sentencias del último intérprete de la Ley Fundamental es clave para el funcionamiento de la democracia. Aunque es legítimo disentir de sus decisiones, poner en duda la legitimidad del Tribunal Constitucional por discrepar de su fallo socava la autoridad no ya del órgano encargado de velar por la Constitución sino del sistema legal que se sustenta en ella. En tiempos de polarización extrema, cuando la confianza en las instituciones está en juego, tanto las voces favorables a la ley de amnistía como las discordantes deben promover un debate orientado a fortalecer las bases de la democracia, no a debilitarlas.