No es una foto, es un foro de trabajo

Ninguna artimaña publicitaria puede distraer del hecho de que los líderes de la España de las autonomías comparten diagnóstico sobre cuáles son los problemas internos del momento. En la Conferencia de Presidentes de este viernes, celebrada en Barcelona, se habló de vivienda, de inmigración o de financiación autonómica, entre otros muchos asuntos. Es cierto que la Conferencia es un foro sin capacidad ejecutiva y con límites formales que dificultan el debate y la adopción de acuerdos, pero 21 años después de su primera edición hay algunas convenciones que definen su sitio en la arquitectura del Estado de las autonomías. La primera de ellas es que sirve para transmitir a los ciudadanos una imagen de cordialidad institucional oxigenante. Conformarse con la formalidad puede parecer poco, pero en absoluto es una cuestión menor en la política actual.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pidió en su intervención afrontar la cita con “honestidad y espíritu constructivo” y recordó que la Conferencia es un órgano “de naturaleza conciliadora”. La petición era pura melancolía cuando los 11 presidentes autonómicos del Partido Popular habían ya boicoteado el debate al exigir que se incluyeran en el orden del día tantos asuntos que lo hacía impracticable. Más aún cuando casi todos los barones del PP usaron la cumbre para reclamar elecciones a 48 horas de una manifestación en Madrid convocada por Alberto Núñez Feijóo bajo el lema “Mafia o democracia”.

Los distintos gobiernos centrales han tenido su parte de responsabilidad en alimentar las críticas de inoperancia que suele recibir el foro. Es habitual que La Moncloa aparezca en la reunión con una propuesta cerrada sin margen de debate, una táctica poco constructiva que la oposición critica con razón. En esta ocasión, el Gobierno ofreció un acuerdo para invertir 7.000 millones en vivienda en los próximos cinco años, de los cuales pide a las comunidades que pongan el 40%. Además, propone que la obra pública no pueda pasar nunca al mercado libre y crear una base de datos de precios que aporte transparencia al mercado. Son ideas en la buena dirección de un problema que se ha vuelto angustioso para los españoles, pero en este foro el Gobierno no puede aspirar más que a lanzar la idea y recoger las primeras impresiones, y aceptar que estas sean legítimamente negativas.

La aversión de los partidos al Senado ha hecho de la Conferencia la única institución donde los presidentes de todos los españoles hablan cara a cara. No es una foto, sino un foro de trabajo. Desgraciadamente, en su afán de protagonismo, la presidenta madrileña decidió recurrir a la mala educación. Isabel Díaz Ayuso se levantó de la reunión cuando los presidentes de Euskadi y Cataluña hablaron en euskera y catalán. El president Salvador Illa estaba, además, en su casa, donde el catalán es idioma oficial. Poco antes, Ayuso se había negado a saludar a la ministra de Sanidad (“¿Vas a saludar a una asesina?”, le espetó en relación a las críticas de Mónica García por los muertos en las residencias durante la pandemia). La elección de Barcelona como sede de la cumbre enviaba un mensaje potente: la institucionalidad ha vuelto a Cataluña. Paradójicamente, la institucionalidad parece estar desapareciendo ahora de la política española con salidas como la de Díaz Ayuso.

No merece la pena debatir su empacho ideológico respecto a la realidad de España (“una gran nación de siglos”, dijo ayer, como si eso fuera incompatible con que se hablen varias lenguas en ella). Pero que la líder madrileña del PP desprecie a dos de sus homólogos y a una ministra en una reunión en la que también participa el Rey es, simplemente, una grosería impropia de una representante del Estado en una cita formal. Semejante gesto hace preguntarse si Ayuso comprende las obligaciones del cargo que ostenta. “Visto lo visto, no sé si merece la pena volver”, dijo el lehendakari. Claro que merece la pena. Pensar lo contrario es darle la razón a un reaccionarismo que no representa ni a la mayoría de los madrileños ni, esperamos, a la mayoría de la derecha española.