Anómala injerencia de Bruselas en la opa

El Gobierno decidirá el futuro de la opa de BBVA sobre Banco Sabadell tras los informes preceptivos del Banco Central Europeo (BCE) y de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). El Ministerio de Economía elevó el estudio de esa opa al Consejo de Ministros el pasado martes. Era lo esperado. A partir de ahí, el Gobierno puede obstaculizar, pero no impedir, esa operación en el plazo de un mes por razones de interés general y de forma motivada. Y no es descartable que endurezca las condiciones impuestas al BBVA, porque desde el primer día manifestó su preocupación al respecto y porque, en un extraño movimiento que abre la puerta a condiciones más exigentes, lo sometió a una consulta pública para que cualquier ciudadano pueda presentar alegaciones. Todo eso está previsto en la normativa española. Cero sorpresas, salvo esa consulta con la que La Moncloa parece querer cargarse de razones para entorpecer la compra, cuando ya había expresado argumentos en aras del citado interés general.

Pero la Comisión Europea, en un insólito movimiento, se ha metido de lleno en la jugada: Bruselas “no ve razones que justifiquen el bloqueo o el rechazo” de la opa, según fuentes del Ejecutivo comunitario, que lanza una dura advertencia —eso sí, de forma anónima y sin papeles que sustenten la base legal de esa intromisión— que podría acabar en la apertura de un procedimiento de infracción. Una amenaza de expediente que llega sin que España se haya pronunciado aún, con una presunción de culpabilidad inaudita en las instituciones europeas.

Se trata de un mensaje político y prejuicioso sobre la operación y el futuro dictamen del Gobierno. La Comisión no tiene nada que decir en los temas de competencia a las autoridades españolas, porque es una fusión nacional. Sí podría denunciar la ley española (como muchas que dan a los Gobiernos la última palabra) ante los tribunales de justicia: no lo ha hecho. La Comisión se ha cuidado mucho de entrar en operaciones similares recientes en la Italia de Giorgia Meloni. Tampoco ha abierto la boca ante la oferta del italiano Unicredit sobre el alemán Commerzbank, a pesar de que Berlín ha expresado a las claras su insatisfacción y las instituciones europeas llevan años alentando las fusiones transfronterizas. En el caso español no queda claro sobre qué base legal Bruselas se inmiscuye en una operación que no tiene dimensión europea. El Ejecutivo comunitario, a través de la comisaria Maria Luís Albuquerque, debería aclarar la citada base legal, que parece cuando menos evanescente en este caso. Bruselas sí ha expresado en repetidas ocasiones sus dudas sobre la llamada acción de oro que atesoran los Gobiernos para oponerse a posibles fusiones bancarias, y está en su derecho de acudir al Tribunal de Justicia de la UE, pero nunca hasta ahora había ido tan lejos como para amenazar a un Estado miembro sobre una futura decisión para la que aún quedan varias semanas.

El mercado bancario español ha sufrido una enorme concentración desde la gran crisis. La falta de competencia se traduce en que los clientes apenas se beneficiaron de las subidas de tipos en sus cuentas, o en la exclusión financiera en la España vaciada. La oferta hostil del BBVA ha reabierto el debate sobre la futura financiación de las pequeñas y medianas empresas (pymes). Esos son, básicamente, los argumentos de interés general de una futura decisión del Gobierno, más allá de la anómala aparición de Bruselas en la ecuación y de los indudables condicionantes políticos de la opa, con la sociedad civil catalana (y de otras autonomías) en contra e incluso con el PP de perfil.