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Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

Dictamen insuficiente

La falta de detalles públicos sobre el visto bueno de la CNMC a la opa del BBVA sobre el Sabadell sorprende en una operación de tal calado

Sede del BBVA, en Madrid.
El País

La información que se ha dado a conocer sobre la aprobación inicial de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) acerca de la opa hostil del BBVA sobre el Banco de Sabadell resulta del todo insuficiente para una de las mayores operaciones españolas de fusión bancaria y una de las de más serias consecuencias sobre el crédito a empresas y familias. En el fondo, porque tiende a ignorar la mayoría de las severas enmiendas formuladas por las organizaciones empresariales, que son las que conocen en la práctica, no solo en la teoría, el modo en que afectaría a la economía real. En la forma, por la falta de detalles públicos sobre el dictamen, resumido hasta ahora en apenas cuatro folios tras una densa investigación que ha durado un año. Queda por ver mucha letra pequeña, esencial para aquilatar un análisis concluyente.

El mercado y los ciudadanos están interesados en el desenlace de este pulso por sus posibles consecuencias sobre el recorte del crédito y sobre el ya escaso número de bancos en España. Unos y otros siguen sin conocer el dictamen de Competencia con todos los detalles. El comunicado del organismo regulador enuncia los abundantes problemas que suscitaría la fusión, pero sin detenerse a explicarlos: peores condiciones comerciales para particulares, pymes y autónomos; exclusión financiera; reducción del crédito a la pequeña y mediana empresa, y también peores condiciones para determinados servicios y para el acceso a cajeros.

La CNMC menciona también los “compromisos” asumidos por el BBVA para suavizar esos obstáculos. Es cierto que Competencia ha impuesto que la entidad que preside Carlos Torres duplique el plazo temporal de esos “remedios”, en general de 18 meses a tres años, lo que indica la extrema dureza de la oferta inicial del BBVA, que ha sido objeto de varias mejoras. Pero ni están detallados ni argumentados en el documento publicado. Sí parece claro que no se trata de paliativos sustanciales y estructurales, sobre todo para las pymes. Ese es el núcleo de la polémica entre los dos protagonistas, y el cogollo de la escasa protección al interés general de una economía basada en una competencia real. Justo la misión que tiene encomendada la CNMC.

Así, las líneas de créditos a corto plazo se mantienen a los clientes del Sabadell, pero sin compromiso de que no habrá reducción posterior. El volumen de crédito a medio y largo plazo se mantendría solo para quienes reciban el 85% del mismo de una de las dos entidades o de ambas. La última propuesta del BBVA era para un 100% de crédito, algo que beneficiaba solo a un 4,9% de las pymes-clientes, por lo que el banco catalán contrapropuso ampliar los beneficiarios hasta quienes ostentaran un 20% del crédito. La comunicación de Competencia no especifica las razones de su complacencia ni cuantifica el ámbito de entidades susceptibles de esa mitigación, por lo que es imposible todavía evaluarla exactamente, pero las cifras ya ofrecidas la sitúan en zona restrictiva. Ese aspecto, aparentemente técnico, es la clave del debate. La prueba es que las negociaciones en la CNMC se mantuvieron bloqueadas hasta el último minuto para acabar ofreciendo mejores condiciones a las pymes de Cataluña y Baleares: para estas bastará con tener un 50% del crédito en Sabadell y BBVA para mantener el volumen de préstamos.

Competencia, en definitiva, endurece solo ligeramente las condiciones y da vía libre a la opa tras casi un año de análisis. La pelota está ahora en el tejado del Gobierno, que se ha mostrado reacio desde el principio a la operación. Que la CNMC haya aprobado la opa por unanimidad y con solo un ligero endurecimiento de las condiciones pone más presión al Ejecutivo. El Ministerio de Economía tiene 15 días para evaluar la decisión de Competencia y decidir si eleva el dictamen definitivo al Consejo de Ministros: el Gobierno tendrá 30 días adicionales y podría, por razones de interés general, suavizar las condiciones de Competencia, endurecerlas e incluso, posteriormente, vetar la fusión (pero no la operación de compra). Una decisión de gran calado político. La pelea, en fin, no está ni mucho menos decidida

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