La responsabilidad del PP

Con su triunfo del domingo en Galicia el PP acumula el mayor poder territorial de su historia. Gobierna 11 comunidades, además de Ceuta y Melilla, cinco de ellas en coalición con Vox. Esa es una enorme responsabilidad sobre el bienestar de 32 millones de españoles a los que gobierna en solitario o en alianza con los ultras, no solo una palanca para hacer oposición con fuerza al Gobierno central aun a costa de dificultar el consenso en medidas que benefician a sus ciudadanos. Así sucede en particular, en las autonomías y ayuntamientos regidos junto a la ultraderecha y donde se toman medidas de su agenda regresiva que rompen consensos asentados en la sociedad española como ha hecho en Aragón con la ley de memoria democrática o en Castilla y León con la reducción de subvenciones a los agentes sociales. El PP y su presidente tienen derecho a considerar que mantener la mayoría absoluta en Galicia los avalan para endurecer una oposición cuyo estilo ya ha rebasado el tremendismo, pero ello no le exime de responder de sus acciones de gobierno y de las políticas —a veces contrarias al colectivo LGTBI o a la protección medioambiental— en las que va de la mano del partido de Abascal.

Hacer del rechazo frontal a la ley de amnistía y a los pactos del PSOE con los independentistas la espina dorsal de su oposición es una posición legítima. Aunque, a partir de ahora, le perseguirá el doble discurso sobre Cataluña que quedó al descubierto en mitad de la campaña gallega. Por más que el PP, y él mismo, pretendan ignorarlo, hoy, gracias a 16 periodistas de diferentes medios, sabemos que consideraron la amnistía durante 24 horas, que están dispuestos a conceder indultos y que no creen que se pueda probar que Puigdemont cometió actos terroristas. Ojalá el reforzamiento de su liderazgo interno le permita plantear políticas concretas para esa reconciliación en Cataluña de la que hablaron voluntariamente.

La euforia del líder desde el domingo es la prueba más notoria de que sigue cautivo del desconcierto que les provocó el resultado de las elecciones de julio. Plantear cada cita electoral como un paliativo de esa conmoción no conduce más que a la melancolía mientras no haya nuevas generales. La vida de esa tesis puede, además, ser muy corta ante unas elecciones vascas en las que el PP parte como cuarta formación. O en el horizonte de unas catalanas a las que concurre como el último grupo del Parlament. En cualquier caso, un partido que ha obtenido una suma tan considerable de confianza ciudadana en el resto de comunidades autónomas tiene aún pendiente presentar un proyecto de España, incluidas Cataluña y Euskadi, que no consista solo en derogar el sanchismo. Alberto Núñez Feijóo tiene razones para estar satisfecho de su resultado en Galicia —lo planteó como una revancha de Sánchez y le ganó de calle—, pero ese triunfo no le exime de definir un liderazgo que sigue oscilando entre llamadas a la moderación, discursos incendiarios e incumplimiento del deber constitucional de renovar el Consejo General del Poder Judicial.