La Sindicatura cuestiona 20 millones en adjudicaciones de ayudas públicas a cursos de formación en Cataluña

Un informe de la Sindicatura de Cuentas de Cataluña desvela una práctica controvertida en la concesión de subvenciones para cursos de formación profesional del Consorcio para la Formación Continua ―integrado por la Generalitat, las patronales Foment y Pimec y los sindicatos UGT y CC OO― y cuestiona el pago en 2022 de cantidades que superan los 20 millones de euros. El documento advierte que una cuarte de los pagos para cursos, que ascienden a 80 millones de euros, han beneficiado a destinatarios que tenían capacidad directa para decidir el destino de las asignaciones. Además, se apuntan irregularidades como la falta de justificación de algunos pagos, inexistencia de certificados de asistencia a los cursos o la valoración de criterios que “no estaban previstos en las bases reguladoras”.

El informe, hecho público este miércoles, se centra en la relación que hay entre los beneficiarios de las ayudas y el órgano competente para valorar la procedencia y el destino de esas ayudas. Se subraya que “seis beneficiarios, con el 25,61% del importe total otorgado, son miembros o están relacionados con el órgano colegiado que valora las subvenciones”. El informe cuestiona la neutralidad del proceso de adjudicación del dinero, y relata que “en 11 de los 26 expedientes fiscalizados, las entidades beneficiarias son miembros o están directamente relacionadas con miembros del Comité Ejecutivo del Consorcio, que actúa en el procedimiento de concesión como órgano colegiado que informa de la valoración de las solicitudes”. En las alegaciones, el director del Consorcio, Lluís Font, afirma al respecto de “se anota como elemento de mejora la creación de un órgano colegiado formado por el equipo técnico del Consorcio para la realización del informe de valoración previsto en los artículos 22 y 24 de la LGS [Ley General de Subvenciones]”. El informe ha tenido en cuesta esa observación.

El Consorcio para la Formación Continua, un organismo constituido en el año 2003 en el marco del Servicio de Ocupación de Cataluña (SOC) y que está integrado por la Generalitat, las organizaciones empresariales Foment del Treball y Pimec y los sindicatos UGT y CCOO. Tiene, como actividad principal la gestión y ejecución de los programas de formación profesional continua y de orientación profesional a los trabajadores ocupados mediante la concesión de subvenciones.

La Sindicatura de Cuentas manifiesta que en el año 2022 el importe total de las subvenciones otorgadas fue de 80,7 millones de euros, y que la práctica totalidad de ese importe se distribuyó por concurrencia competitiva, salvo 32.548 euros que se otorgaron de forma directa.

La relación de las entidades beneficiarias con miembros del Comité Ejecutivo del Consorcio, que actúa en el procedimiento de concesión, proyecta sombras sobre “seis entidades beneficiarias a las que durante el ejercicio 2022 el Consorcio otorgó 22 subvenciones por valor de 20,68 millones de euros”. La cantidad supone un 25,63% del importe total otorgado mediante concurrencia competitiva.

El análisis de la Sindicatura también advierte que el Consorcio “dispone de un órgano de control económico y financiero interno” pero entre cuyas funciones “no se incluyen las correspondientes al control de las subvenciones que debería llevar a cabo de acuerdo con lo previsto en el texto refundido de la Ley de finanzas públicas de Cataluña”.

Hay más observaciones que aluden a prácticas que destilan, como poco, dejadez en la gestión. “El Consorcio no dispone de la documentación acreditativa de la asistencia efectiva de los participantes de las actividades subvencionadas”, se expone. En la justificación de las subvenciones de todos los programas fiscalizados se hace constar que “se han incluido participantes que residen fuera de Cataluña”, algo con lo que la Sindicatura no está conforme porque “estos participantes no deberían formar parte del gasto subvencionable”, en tanto que “subvencionar participantes de otras comunidades autónomas hace que el importe recibido en Cataluña no se destine en su totalidad a la formación de su población, y vulnera la finalidad de las bases reguladoras”.

En otro informe reciente, la Sindicatura alertó de la falta de control en las subvenciones culturales en Cataluña. En un texto presentado por la síndica Anna Tarrach como ponente se fiscalizaban las subvenciones directas otorgadas en 2023 por la conselleria de Cultura, la Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (Osic), el Institut Català de les Empreses Culturals (Icec) y el Consorci de l’Institut Ramon Llull (IRL).

Según expresó aquel informe, en el año 2023 se otorgaron subvenciones directas por valor de 62,08 millones de euros (23% del total de subvenciones otorgadas) a 212 beneficiarios. El 78,20% de las subvenciones directas eran nominativas y el 21,80%, subvenciones excluidas de concurrencia —otorgadas sin comparar proyectos, priorizando el orden de llegada de las solicitudes siempre que se cumplan los requisitos—. El ente alertó que esto “contraviene la naturaleza de la subvención, que debería ser una medida económica puntual de estímulo y fomento de una actividad específica”.