El Govern pagó indebidamente 167,5 millones en prestaciones sociales entre 2016 y 2024, según la Sindicatura de Cuentas

El sistema de prestaciones sociales de la Generalitat es tan complejo e ineficiente que ha llevado a hacer pagos millonarios a personas que no tenían derecho a percibir las ayudas. Así lo certifica un informe de la Sindicatura de Cuentas publicado este miércoles, que fiscaliza y pone cifras a una situación que ya admitió el pasado mes de octubre la consejera de Derechos Sociales, Mònica Martínez. Concretamente, según el informe, se pagaron 167,5 millones de euros indebidamente entre 2016 y 2024, de los cuales 155,9 millones están en proceso de reclamación y 7,17 millones ya han prescrito. El informe califica el mapa de prestaciones como “excesivamente complejo” y afea a la Generalitat no haber promovido “una cultura de regularidad y transparencia de las actividades financiadas con fondos públicos”. El grueso de los pagos indebidos tiene que ver con las prestaciones de dependencia (70,6 millones), pensiones no contributivas (43,7 millones), y Renta Garantizada de Ciudadanía (36,1 millones). Hay también otros ámbitos, entre ellos las ayudas a jóvenes extutelados (250.000 euros en total).

El pasado mes de octubre —cuando la consejera Martínez llevaba poco tiempo en el cargo tras el inicio de la investidura del president Salvador Illa en verano— trascendió que uno de los problemas que arrastraba el departamento de Derechos Sociales desde hacía tiempo era el caos en la adjudicación de prestaciones sociales. Tras haber concedido ayudas a familias vulnerables, la administración las revisó y vio que una parte de estas ayudas, principalmente la Renta Garantizada de Ciudadanía, se habían pagado indebidamente: es decir, que las familias —en aquel momento se cifró en más de 12.000 personas—, pese a ser vulnerables, no cumplían todos los requisitos para percibirlas, y por ley tenían que devolver los importes. Martínez zanjó la que fue su primera crisis como consejera con una propuesta de amnistía para que las familias no tuviesen que devolver las ayudas. La consejera también

El informe de la Sindicatura de Cuentas ahonda en esta cuestión, y va más allá de los pagos indebidos en Renta Garantizada de Ciudadanía. Entre todas las prestaciones que se pagaron indebidamente entre 2016 y 2024 (excepto en las ayudas a jóvenes extutelados, menores de edad en riesgo de exclusión o menores en familias de acogida, ámbitos de los que se tienen datos hasta 2022) suman 227.990 expedientes y los citados 167,5 millones de euros. Donde hubo más pagos indebidos fue en las prestaciones de dependencia, con 196.556 expedientes.

Todos estos pagos indebidos se explican, según el informe, por “una falta de seguimiento y control eficaces en la gestión de las prestaciones”. Las ayudas se concedían sin una revisión exhaustiva para asegurar que se cumpliesen todos los requisitos o que no hubiese incompatibilidades con otras ayudas o prestaciones —cosa que se explica por la urgencia de dar una prestación a familias vulnerables, y porque se trata de prestaciones de carácter subjetivo, es decir, que la persona que cumple los requisitos tiene el derecho garantizado de recibirla—. “Los tiempos dilatados en la gestión de las prestaciones, la falta de mecanismos de seguimiento y control, y la inexistencia de un marco de supervisión que garantice que se protege el interés general en todos los casos limitan la efectividad de la intervención”, señala el informe.

Otra de las conclusiones del informe, más allá de los pagos indebidos, es que la cuantía total de las prestaciones (en 2022 las prestaciones totales de derecho subjetivo sumaron 978,29 millones) ni el esquema para concederlas es suficiente para luchar contra la pobreza. “Es insuficiente para proteger frente a la pobreza, y presenta ciertas limitaciones a la hora de corregir tendencias crecientes en costes o diferencias territoriales”, apunta el informe.

Conflicto de interés con las entidades de la DGAIA

Además, la Sindicatura incide en que la gestión y supervisión de las prestaciones externalizadas por parte de entidades colaboradoras sin ánimo de lucro entraña un riesgo de conflicto de interés. Es el caso de las prestaciones a jóvenes extutelados y a menores tutelados por la antigua DGAIA, que ya fue objeto de análisis por parte de la Sindicatura de Cuentas y que fue uno de los motivos por los cuales la consejería decidió refundar la dirección general de atención a la infancia. Según el informe, estos hechos, “para cuya actividad no se ha garantizado un marco de regularidad y transparencia”, podrían ser “perseguibles administrativa y judicialmente”. Una de las prestaciones analizadas en 2022 que presentaba “riesgos considerados relevantes” era precisamente la que se otorgaba a las personas jóvenes extuteladas, vinculada al seguimiento de los beneficiarios mediante un plan de trabajo individual preceptivo. “Las situaciones de incompatibilidad constatadas y el incumplimiento continuado de las condiciones necesarias para mantener el derecho a percibir la prestación ponen de manifiesto que el Departamento de Derechos Sociales no ha implementado ni evaluado con rigor los instrumentos adecuados, ni ha llevado a cabo la supervisión necesaria”, señala el informe.

La Sindicatura recomienda, para subsanar todas estas deficiencias, promover una ventanilla única que aglutine los trámites, revisar los procedimientos actuales e “implementar medidas preventivas en la gestión de los pagos”, y exigir el reintegro de los pagos indebidos, algo que choca con la propuesta de la consejera de hacer una amnistía.