La Sindicatura de Cuentas afea al Parlament que se desacrediten sus informes sobre la DGAIA

El Síndic Mayor de la Sindicatura de Cuentas, Miquel Salazar, ha enviado este viernes una carta al presidente del Parlament, Josep Rull, para quejarse por lo que considera la instrumentalización en la Cámara del informe de la entidad sobre las irregularidades en la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA). El contenido del documento donde se fiscaliza la contratación en esa área de la Generalitat entre 2016 y 2020 fue criticado por varios diputados, durante la Comisión de Derechos Sociales del pasado 28 de mayo.

“El informe se elaboró por mandato directo del Parlament y fue aprobado por el pleno de la Sindicatura por unanimidad de sus miembros”, asegura la misiva firmada por Salazar. “La Sindicatura trabaja con independencia y rigor y rechaza la utilización de la institución para intereses ajenos a la funciones que tiene encomendadas”, apostilla el texto.

En la comisión del Parlament, los exresponsables de la DGAIA y del departamento de Drets Socials de la órbita de Esquerra hicieron una defensa cerrada de su gestión. La Sindicatura, sin nombrarlo, critica unas declaraciones del exsecretario general de Drets Social, Oriol Amorós (ERC), en que le afea a una síndica que “siendo elegida por un partido independentista” ponga “el dedo” en la interrupción administrativa de unas prórrogas de contratación derivadas de los efectos de la aplicación del 155.

“Los miembros del pleno de la Sindicatura no representan a ninguna formación política, han estado designados por un acuerdo que requiere una mayoría cualificada de las tres quintas partes de la Cámara”, recuerda la carta. “El informe que se presenta en la Comisión de la Sindicatura [del Parlament] no es un informe de un síndico o de una síndica sino de todo el pleno”, agrega el texto, donde Salazar también detalla cómo es el funcionamiento interno de la entidad.

En el informe se detalla que la DGAIA tramitó reconocimientos extrajudiciales de crédito y usó contratos de emergencia para la apertura de centros de menores, todo a dedo y sin sin respetar la legislación. “Si finaliza el contrato para la alimentación de los menores, no podemos dejarlos sin comer. Debíamos incrementar las plazas y hacer más centros, y el único mecanismo que teníamos era a través de la contratación de emergencia”, respondió el exconsejero de Trabajo, Asuntos Sociales y Familia, Chakir el Homrani (ERC).

La carta recuerda que ese informe cumple con todas las condiciones del proceso de fiscalización de la regulación interna de la Sindicatura. “El resultados se fundamenta en los hechos objetivos producidos en el periodo analizado y apoyados documentalmente y únicamente hacen referencia al ente fiscalizado, en ningún caso se tiene en consideración a quién está delante del Govern”, agrega.