Turull, senda Le Pen

En lo negativo ya se ha abundado. Queda lo positivo. El primer gran debate parlamentario de la legislatura ha brindado lecciones. El Gobierno ha interiorizado que mandar a través de decretos-ley, además de discutible y/o abusivo (menores garantías que para los proyectos y proposiciones de ley), arroja contraindicaciones prácticas: al ser un debate binario, de sí o no a un texto, excluye los matices y se convierte en agónico y peligroso para la estabilidad.

Por tanto Junts deberá concluir que las ocasiones para el brillo por sorpresa por la vía de exigir contrapartidas de último minuto tendrán recorrido, sí, pero menguante. Además, una cosa es la retórica de su portavoz cuando afirma que está “aquí por Cataluña, no por ustedes ni por el Reino” y otra que el pacto Junts-PSOE de 9 de noviembre es un verdadero contrato escrito para “la estabilidad de la legislatura”. Si los firmantes lo olvidan, sus votantes probablemente no. No son inmunes al hartazgo por la inutilidad del procés —sólo un 5% considera hoy factible la secesión, según las encuestas de la Generalitat—: quieren resultados tangibles, no solo humo, y estos se consiguen desde, con y según el ordenamiento constitucional y autonómico.

Más aún cuando la distancia entre la apariencia de los logros obtenidos y su esencia práctica resulta excesiva. Así, las ilegalidades —como multar empresas por elegir una sede social determinada, en uso de la libertad europea de establecimiento— no pueden ontológicamente prosperar. Y al cabo, la mera derogación del decreto que facilitó el traslado de compañías que temían su ruina, al suavizar sus requisitos (decisión del consejo y no de la junta de accionistas), se erige ahora en una dificultad para su retorno, porque lo endurece. Al revés de lo predicado.

Así, por más que no se incorpore a la legislación que las cuestiones prejudiciales planteadas por los jueces españoles ante el Tribunal de Justicia de la UE paralizan la aplicación, en cada caso, de una norma, eso seguirá operando así, porque así lo establece la jurisprudencia comunitaria.

Y por más que el Gobierno delegue a una comunidad autónoma algunas o muchas competencias sobre inmigración (vía artículo 150.2 de la Constitución), no podrá hacerlo con las expulsiones de los inmigrantes irregulares que hayan delinquido. Por la sencilla razón de que no es competencia suya, sino de los jueces (artículo 89 del Código Penal). Pésame pues para el secretario general de Junts, Jordi Turull, quien proclamaba: “Tenemos que mirar en qué condiciones podemos echar (sic) a estas personas”. Igual lo ignora, pero esa es la doctrina Le Pen.