La tentación negacionista

La política de la Unión Europea sobre la protección del medio ambiente vivió ayer un momento trascendente con el fracaso del intento liderado por el Partido Popular Europeo de rechazar la Ley para la Restauración de la Naturaleza. La aplicación del reglamento de la Eurocámara en la Comisión de Medio Ambiente deshizo un empate a 44 votos que revela el enconamiento que ha suscitado una ley necesaria, destinada a proteger la biodiversidad de los ecosistemas marinos y terrestres. Su objetivo es reparar el 80% de los hábitats degradados, una quinta parte antes de 2030, y es una pieza esencial de la agenda europea para la transición ecológica.

El proyecto llegó a la tensa votación de la comisión (aunque quedan unas 30 enmiendas por aprobar este 27 de junio) ya rebajado respecto de la ambición inicial por las modificaciones introducidas durante la negociación con los diferentes grupos políticos. Ahora es una ley de mínimos que fija los objetivos, pero otorga a los Estados miembros la llave para decidir los planes y plazos concretos. Aun así, su contenido choca con los intereses electorales del Partido Popular Europeo, que ha visto en la migración y en la agenda ambiental el campo idóneo para su disputa electoral con la extrema derecha y con algunos sectores de los liberales. Esta ley se ha convertido en el caballo de Troya de los conservadores y parte de los liberales partidarios de relajar los objetivos y desacelerar la legislación medioambiental.

Ese mismo es también el campo de batalla elegido por el actual presidente del grupo Popular Europeo, Manfred Weber, que pretende ampliar la base electoral de su grupo en las elecciones europeas de junio de 2024 con una agenda “de defensa de los agricultores y las comunidades rurales” y no ha dudado en recurrir a los bulos y falsas atribuciones para apuntalar su estrategia. Con esta estrategia, el PPE elude las certezas científicas y se acerca peligrosamente a una nueva forma de negacionismo. No se trata ya, como hace la extrema derecha, de oponerse frontalmente a los cambios sino de frenar las medidas de intervención alegando que están yendo demasiado deprisa o suponen excesivos costes económicos.

La lucha en Bruselas ha sido a cara descubierta, con acusaciones mutuas de amenazas y presiones entre partidarios y opositores a la ley, lo que da idea de la importancia del pulso político que se dirime. La ley ha resistido este primer embate pero ha de vivir todavía la votación aplazada al 27 de junio para aprobar la totalidad de su articulado, y solo después llegará a mediados de julio al pleno. La incertidumbre que preside la tramitación de la ley explica la reacción de los grupos ecologistas, de un nutrido grupo de grandes empresas, como Nestlé, Danone, Unilever, Ikea, Inditex, Coca-Cola Europa, Iberdrola, y de más de 3.500 científicos, que desmienten que la nueva legislación afecte a la seguridad alimentaria y suponga una amenaza para el empleo en el campo. El fracaso de esta ley enviaría un mensaje descorazonador sobre la viabilidad política del Pacto Verde alcanzado en 2019 y abriría la puerta a otras reversiones de logros ya alcanzados.