El consentimiento y su contexto
El PSOE se presente ahora como un actor ajeno a la ley que pretende reformar: la operación se parece a separar a la clara y la yema del huevo después de hacer una tortilla


La insistencia en la mentira de que la ley del solo sí es sí en España pone en el centro en el consentimiento por primera vez confirma que en la era de la posverdad las principales fuentes de desinformación son las mismas de siempre: los gobiernos y los medios. El episodio retrata a Unidas Podemos: la obsesión semántica y el ataque a los jueces son dos características del populismo, que José Luis Villacañas ha definido como “Carl Schmitt atravesado por los estudios culturales”. El recorrido ejemplifica la definición de la política atribuida a Ernest Benn: “es el arte de buscar problemas, encontrarlos estén allí o no, diagnosticarlos incorrectamente y aplicar los remedios inadecuados”. Ahora, la proposición de ley del Partido Socialista regresa a lo que había antes. Como ha escrito el abogado José María de Pablo, “en síntesis, se vuelve a la distinción entre abuso y agresión, con prácticamente las mismas penas de 1995, aunque al antiguo abuso se le llama ahora agresión y a la antigua agresión se le llama ahora agresión con violencia o intimidación”. La idea inicial de eliminar las distinciones, de eludir la gradación entre unas formas de atentado contra la libertad sexual y otras, no resistía el análisis: ¿cómo no va a tener un castigo mayor una agresión más grave? Ha habido también un choque con dos principios ilustrados. El propósito de cambiar la carga de la prueba, que no llegó a la ley aunque estaba en los borradores, implicaba crear una excepción a un principio básico de nuestro ordenamiento jurídico: la presunción de inocencia. La retroactividad favorable al reo es otro elemento esencial en derecho penal. Quien quisiera ignorar esos principios defendía una concepción preilustrada de la ley; quien utilizara la indignación como propaganda construía un teatrillo frívolo con instrumentos delicados: el dolor y el Código Penal. Los efectos indeseados ―la reducción de penas― se esgrimen para justificar la reforma: se pueden corregir otros errores de la ley, pero esos efectos seguirán ahí. El motivo del cambio anunciado es el mismo afán electoralista que alentó la reforma. La fórmula elegida, una proposición de ley, permite ahorrarse trámites legislativos y elude el consejo de abogados y penalistas: no resulta tranquilizadora. Pero lo más asombroso de todo es que el PSOE se presente ahora como un actor ajeno a la ley que pretende reformar: la operación se parece a separar a la clara y la yema del huevo después de hacer una tortilla. @gascondaniel
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