Cogobernanza
Es preciso que funcione y que se perciba como un instrumento que mejora la gestión y la comunicación de una crisis de esta envergadura

Para hacer algo a medias hay que fiarse del otro. O, como mínimo, presumirle la mejor de las intenciones, aunque pueda fallar. Pero la lealtad institucional lleva años desaparecida de España. Hemos desembocado en la segunda ola con la gestión de la pandemia descentralizada y el Gobierno central casi desaparecido. Durante la primera ola, lo más suave que se dijo del estado de la alarma y el mando único era que perseguía una dictadura constitucional. Ahora se aprueban reglas en el Consejo Interterritorial de Salud y un nuevo estado de alarma para seis meses que dura cuatro días. Porque Madrid no se leyó la letra pequeña y quiere otras normas y porque Asturias considera que se quedó corto. Del hiperliderazgo en la primavera con Pedro Sánchez compareciendo en larguísimas ruedas de prensa cada semana hemos pasado a la ausencia total de liderazgo en el otoño. Escuchamos a Merkel, Macron, Conte o Costa y a continuación nos esforzamos en trazar el mapa de 17 portavoces para saber dónde estamos nosotros. El respeto a la autonomía de las comunidades no impide, sino que exige mayor coordinación y un presidente que se dirija a la ciudadanía en nombre de todos.
La lealtad institucional estalló por los aires durante el procés catalán. Pero para entonces llevábamos años en los que el respeto a las instituciones consistía en que el bipartidismo imperfecto se repartiera la tostada. Más que lealtad, era la versión política del chiste del dentista “¿verdad que no vamos a hacernos daño?”. Por no tener, no tenemos ni una memoria democrática compartida. A sacar restos humanos de las cunetas para darles sepultura se le llama reabrir heridas. O en el mejor de los casos, un chasquido de hastío se dibuja en la boca de los liberales de centro, siempre tan neutrales e ideales en la acusación de sectarismo a los demás.
El experimento de la cogobernanza en la pandemia puede definir el futuro del complejo Estado español. Pero es preciso que funcione y que se perciba como un instrumento que mejora la gestión y la comunicación de una crisis de esta envergadura. Arbitrando los mecanismos legales para el obligado cumplimiento de los acuerdos y con un liderazgo claro. Lo contrario provoca inevitablemente la sospecha de que todos están buscando la mejor manera de escurrir el bulto y que las decisiones difíciles siempre las tome el otro.
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