Cómo Trump usa agencias gubernamentales no relacionadas con la inmigración para ayudar en su campaña de deportaciones

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha priorizado la campaña de deportaciones en su agenda, para lo cual varios departamentos y agencias de su Administración cuya labor no tenía que ver con la migración se han visto involucrados en la tarea. El Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) ha traspasado información de los contribuyentes al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE); a los servicios de sanidad pública como Medicaid, se les ha instado a revelar el estatus migratorio de los beneficiarios, y el Departamento de Educación investiga a las universidades que conceden becas a estudiantes indocumentados. Ahora se suma el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD). Una propuesta legislativa quiere que el HUD identifique a los migrantes indocumentados que vivan en hogares que reciben ayudas para el alquiler y les retire los subsidios.

La Administración Trump ha culpado a los migrantes indocumentados de beneficiarse de las ayudas públicas, como el acceso a la vivienda, y perjudicar a los ciudadanos estadounidenses. Ello, a pesar de que el acceso de los indocumentados a los recursos públicos federales está prohibido por ley. De los 4,4 millones de hogares que reciben ayudas para la vivienda, hay unos 20.000 hogares en los que alguno de los miembros es indocumentado.

La nueva normativa obligaría a esas familias “a elegir entre perder la asistencia que les ayuda a pagar el alquiler o separar a su familia”, según Sonya Acosta, analista del Centro de Prioridades Presupuestarias y Políticas, que calcula que casi 80.000 personas se verían afectadas. De ellas, 52.600 son ciudadanos que reúnen los requisitos para recibir ayuda y 24.300, no ciudadanos que no los cumplen. Unos 37.000 niños forman parte de esos hogares y dos de cada tres son ciudadanos estadounidenses.

La nueva normativa del HUD reformaría una regla vigente desde hace décadas, la cual ha permitido que las personas que no reúnen los requisitos para recibir asistencia para el alquiler residan junto a familiares que sí los cumplen. Por ejemplo, un abuelo sin papeles puede residir en una vivienda donde sus hijos o nietos sí son ciudadanos estadounidenses y tienen derecho a las ayudas. Normalmente la cantidad del subsidio se concede teniendo en cuenta el número de personas que son elegibles para recibirlo, no el número total de residentes de la vivienda.

Mark Thiele, CEO de la Asociación Nacional de Funcionarios de Vivienda y Reurbanización (NAHRO), critica el alcance de la medida, que considera “tan amplio que terminará atrapando a ciudadanos estadounidenses elegibles, desvía el enfoque de la estabilidad habitacional hacia la aplicación de las leyes de inmigración e impone costos que, con toda probabilidad, superarán cualquier ahorro meramente especulativo”, según afirma en un artículo publicado en la web de la organización.

“Tres de cada cuatro familias elegibles en todo el país ya se quedan sin asistencia, no debido a la inelegibilidad de los participantes, sino a la insuficiencia de asignaciones presupuestarias. Esta propuesta no añade ni un solo nuevo vale ni una sola unidad de vivienda pública”, añade. La propuesta legislativa está abierta a comentarios del público hasta el 21 de abril.

Shawna Bowman, directora de la organización sin ánimo de lucro Friendship Community Place de Chicago, estima que en esa ciudad la ley afectará a unos 4.000 residentes, que corren el riesgo de perder su hogar. En su opinión, la normativa tendrá un “impacto catastrófico en las familias de estatus mixto. Al eliminar el modelo de asistencia prorrateada —vigente desde hace más de 30 años—, el HUD está colocando a las familias en una situación inadmisible: deben elegir entre permanecer unidas en la indigencia o fragmentar a sus familias para conservar un techo sobre sus cabezas. Algunos críticos denuncian que la iniciativa incluso propiciará los divorcios entre las parejas mixtas como única manera de conservar la vivienda.

La colaboración del HUD con el Departamento de Seguridad Nacional comenzó a inicios del año al instar a las autoridades encargadas de gestionar la vivienda a verificar la elegibilidad de unas 200.000 personas beneficiadas por las ayudas, entre ellas miles de fallecidos y de indocumentados. Para realizar la tarea, es necesario asignar una cantidad desproporcionada de tiempo y recursos a los asuntos de inmigración, tal y como ha sucedido con otras ramas de la Administración en el segundo mandato de Trump.

“Bajo el liderazgo del presidente Trump, han terminado los días en que los inmigrantes ilegales, las personas no elegibles y los defraudadores manipulaban el sistema y vivían a costa de los contribuyentes estadounidenses”, declaró Scott Turner, secretario del HUD, a The Washington Post.

Datos del IRS

La iniciativa del HUD para localizar a indocumentados no es la primera de su tipo. En junio del año pasado, el Gobierno obligó al IRS a compartir la dirección de más de un millón de contribuyentes con el ICE. En noviembre, un juez federal concedió una medida cautelar preliminar, al considerar que la política de intercambio de datos era probablemente ilícita. El Gobierno está apelando la decisión.

Recientemente se reveló que mucha de la información intercambiada era errónea, por lo que un comité del Senado ha pedido al Gobierno que confirme si alguno de los 47.289 contribuyentes afectados ha sido interrogado, arrestado, detenido o deportado. El comité también exigió saber qué plan existe para subsanar cualquier detención o deportación realizada por error, y si los contribuyentes afectados han sido notificados de que su información fue divulgada de manera indebida.

También se pelea en los tribunales el traspaso de información confidencial, como el estatus migratorio, por parte de Medicaid —el seguro médico público para las personas de bajos recursos— al ICE. La revelación del estatus está generando miedo entre los enfermos, que evitan acudir al médico o incluso al servicio de urgencias cuando lo necesitan por el temor de acabar detenidos.

“El intercambio de datos de los beneficiarios de Medicaid con el ICE probablemente hará que las familias inmigrantes —incluidos los niños ciudadanos que forman parte de dichas familias— se muestren más reacias a acceder a la cobertura y la atención médica, así como a otros programas y servicios. Esta política exacerba los temores, ya de por sí intensificados, que sienten las familias inmigrantes debido al aumento general de las actividades de control migratorio”, advirtió KFF, una organización líder en política de salud en Estados Unidos, al conocerse el acuerdo de intercambio de datos en enero. La Encuesta de Inmigrantes de 2025 de KFF y The New York Times ya había revelado que aproximadamente la mitad (51%) de los adultos migrantes estaban “muy preocupados” o “algo preocupados” de que los funcionarios de salud o los proveedores de atención médica pudieran compartir su información con el ICE.

Texas, Estado gobernado por el republicano Greg Abbott, ya instó en noviembre de 2024 a los hospitales a que preguntaran el estatus migratorio a las personas que acudieran a urgencias. El impacto fue tremendo: en cuestión de meses, la llegada de migrantes indocumentados a urgencias cayó un 32%, según datos de The Texas Tribune, situándose en 20.345 visitas en agosto de 2025.