De los abrazos a los balazos. Tëkäjtsp

En el discurso público parece que se han posicionado dos ideas aparentemente antagónicas sobre lo que habría que hacer ante el horror del crimen organizado. Esta discusión lleva ya décadas pero, sobre todo en estos días, se ha incrementado. Ante la impotencia, buscamos respuestas aunque tengamos la certeza de que nuestra opinión poco puede hacer contra una realidad de pesadilla.

Sin embargo, sabemos también lo importante que es participar e influir en la opinión pública, que juega un papel importante, aunque pocas veces decisivo, en las acciones de quienes nos gobiernan.

En la opinión pública podemos, por un lado, encontrar la defensa de la “mano dura” como estrategia principal. Dentro de esta posición se encuentran aquellos que defienden lo que fue la llamada guerra contra el narco, entusiastas de Omar García Harfuch, admiradores del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, y personas despistadas que piden la intervención de Donald Trump para acabar con los carteles. No importa si son de derecha o de izquierda, tienen en común el entusiasmo que sienten cada vez que se anuncia que la Guardia Nacional o las Fuerzas Armadas han “abatido” a algún integrante relevante del crimen organizado.

Según esta postura, el combate frontal contra los integrantes de los carteles debe ser la solución principal al problema aunque detrás del verbo “abatir” se oculten fenómenos lamentables que llaman “daños colaterales”.

Los entusiastas de esta postura consideran que la presunción de inocencia y el derecho a un juicio justo son meros detalles sin importancia ante el tamaño del fenómeno de inseguridad.

Por otro lado, otra estrategia se centra en combatir las condiciones socioeconómicas que permiten que el crimen organizado se arraigue en la sociedad. Con esta estrategia, López Obrador se diferenció, al menos en el discurso, de las estrategias que Enrique Peña Nieto y, sobre todo, Felipe Calderón habían colocado en los medios.

Una buena parte de los posicionamientos discursivos de actores públicos de la Cuarta Transformación se centraron en criticar, con justa razón, la llamada guerra contra el narco que tanta violencia extrema generó en el país. Se esforzaron con ahínco en diferenciarse de la postura de la “mano dura” y una buena parte del electorado que votó por López Obrador lo hizo con la esperanza de parar la violencia derivada de la estrategia centrada en los balazos.

Aún cuando combatir la desigualdad y la injusticia social sobre la que ha construido su imperio el crimen organizado es una tarea sensata y urgente, esta no se contrapone a buscar que las personas involucradas sean detenidas y enjuiciadas. Pensar lo contrario genera una falsa disyuntiva que ha llevado a pensar que son dos posturas antagónicas e irreconciliables. Todo esto lleva a acercamientos simplistas de un lado y del otro. Atender la desigualdad es un proceso lento y detener a los cabecillas de los carteles genera más violencia y no elimina la estructura criminal que ha construido.

La solución, por más difícil que sea pensar en una, es compleja, como complejo es el fenómeno que enfrentamos. Se trata de un gran abanico de medidas que deben irse aplicando en conjunto. En esta discusión pública binaria y polarizada, hay dos elementos que no son discutidos con el suficiente volumen: la regulación del flujo de armas de las que se provee el crimen organizado y el complejo entramado financiero que hace del crimen organizado un negocio tan rentable. Considero que estos dos son claves para realmente combatirlo.

No niego que implementar programas sociales sea necesario pero esta solución, si se aplica bien, tomará años en hacer sentir sus efectos. Tampoco creo que los capos deban evadir la justicia, pero sabemos que detenerlos o “abatirlos” en ciertas condiciones genera más violencia. Además de que surgen constantemente nuevos liderazgos.

Golpear las ganancias del crimen organizado para impedir que siga siendo un buen negocio e impedir que se hagan de armamento me parecen estrategias que deberían tener más popularidad en la opinión pública y en los reclamos de la sociedad civil. Para golpear las ganancias del crimen organizado, que es sobre todo un negocio capitalista, la inteligencia financiera para desarmar el entramado del lavado de dinero es fundamental. Vale la pena poner esta estrategia en el centro de la discusión.

Creo que los políticos, en general, no están interesados en posicionar los golpes financieros en contra del lavado de dinero dentro de la opinión pública porque es en este punto en el que el crimen organizado se halla profundamente mezclado con la clase política y la clase empresarial. La implicación de instituciones financieras (como el sonado caso del banco HSBC), de políticos y de empresarios en esa gran red de lavado de dinero nos evidencia por qué, entre todas las estrategias que se discuten, dar golpes financieros no es tan popular.

Cuando los políticos hablan de implementar programas sociales para evitar que los jóvenes ingresen al crimen organizado o hablan de “abatir” a los cabecillas, se están refiriendo al crimen organizado como a un “otro” del que se diferencian, un villano que nada tiene que ver con el Estado o el mercado empresarial.

Pero si se enfocaran en el entramado financiero que el crimen organizado necesita para ser un buen negocio, este se revelaría para los gobernantes no como un “otro”, sino como un “nosotros” en donde políticos y empresarios tendrían que rendir cuentas ante la justicia. Es todo un entramado capitalista y político el que ayuda al crimen organizado a mantenerse como un negocio extraordinariamente rentable y capaz de corromper lo que sea. Si dejara de serlo, otra realidad estaríamos enfrentando. Tal vez por todo esto, la estrategia de combatir al crimen organizado financieramente, no sea tan popular en el discurso de los políticos.