El fin de la historia del Mencho, no del Cartel

El domingo 22 de febrero fue un día rojo que sembró el terror en México como nunca había ocurrido por el arresto de un narco. Ese día se canceló la actividad comercial, miles de mexicanos tuvieron que resguardarse en sus hogares y turistas en sus hoteles. Una precisa acción militar, en coordinación con inteligencia de los Estados Unidos, logró lo que parecía imposible: poner fin a la historia personal de Nemesio Oseguera Cervantes a quien, al intentar detenerlo, mataron.

Sin embargo, las autoridades mexicanas no se coordinaron para sofocar, detener y controlar lo que serían las consecuencias de su exitosa operación para sacar de circulación al, hasta entonces, impune criminal y líder del Cartel Jalisco Nueva Generación: los disturbios, las quemas de negocios, los incendios de vehículos, los bloqueos de avenidas, calles y carreteras en por lo menos 20 estados de la República, con epicentro en Jalisco donde se enquistó el cartel originario de Michoacán. En comparación, los llamados Culiacanazos fueron apenas un ensayo.

A los minutos de conocerse el fallecimiento del capo, inició la batalla del extenso grupo criminal por la supervivencia. La operación secreta de los militares mexicanos con los elementos de inteligencia norteamericanos fue tan sigilosa que los gobernadores no tuvieron tiempo para activar protocolos de seguridad, desplegar vigilancia, asegurar calles, contener a los criminales y mantener la gobernabilidad y el Estado de Derecho. Todo lo contrario, en este domingo rojo, el narco dominó la mayor parte de México.

A diferencia de las autoridades locales de por lo menos 20 entidades federativas, las células criminales del Cartel Jalisco Nueva Generación sí se activaron de manera inmediata, provocando bloqueos de carreteras, avenidas y calles; incendios de tráileres, carros, unidades, quema de expendios, tiendas y comercios fueron las imágenes que muchos mexicanos atestiguaron con sus propios ojos. Para esta respuesta violenta, no estaban preparadas las autoridades mexicanas, ni la presidencia de la República, ni la Secretaría de Seguridad Ciudadana, ni la Fiscalía General de la República, ni los gobiernos de los 20 estados en los que los disturbios causaron pérdidas económicas y vulneraron la seguridad de los ciudadanos. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, en ese domingo rojo fueron asesinadas 62 personas, los criminales realizaron 252 bloqueos de vías de comunicación y 70 personas fueron detenidas. Lo que no reconoce autoridad alguna es el cierre masivo de comercios, el autotoque de queda de la población y sectores empresariales, alteraciones en aeropuertos y centros turísticos, cancelaciones de eventos deportivos e incluso gubernamentales.

La cadena de expendios Oxxo ordenó el cierre de todas sus sucursales en Baja California, más de 800 establecimientos. Los mercados de víveres cerraron a las seis de la tarde sus tiendas, lo mismo algunos establecimientos departamentales y, todavía el día después de la muerte del Mencho, fueron suspendidas clases presenciales en escuelas de todos los niveles. El Servicio de Administración Tributaria cerró oficinas en Estados como Jalisco y hubo bancos que tampoco abrieron sus puertas al público, mientras cafeterías como la transnacional Starbucks redujeron sus horarios de atención.

Estos cierres, ante el hostigamiento y terror causado por las células del CJNG, sucedieron donde es evidente la dominancia criminal que encabezó el Mencho: Aguascalientes, Baja California, Chiapas, Colima, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas.

Los patrullajes de la Guardia Nacional y las policías locales llegaron tarde. Los gobernadores se enteraron, como el resto de los mexicanos, que el narcotraficante arraigado en Jalisco había caído y, apresurados, hicieron lo que pudieron, lo cual no fue suficiente. La sociedad, en cambio, se organizó rápidamente, lo mismo que el sector comercial y empresarial, que prefirieron cerrar y poner a resguardo a los suyos que esperar acciones combativas del Gobierno de la República y los otros órdenes. Las familias se autoimpusieron un toque de queda, igual que los comercios. El terror del narco funcionó para paralizar a la sociedad organizada y mantener a raya a gobiernos pasivos, quizás coludidos.

El objetivo criminal de los disturbios simultáneos en 20 estados de la República Mexicana tiene varias aristas. Por un lado, el CJNG pretende demostrar que tiene una estructura de choque que reacciona de forma inmediata, con lo cual parecería que mandan el mensaje de que, a pesar de que su líder está muerto, la mafia sigue vigente; de ahí los disturbios simultáneos encabezados por las células del cártel en distintas regiones del país.

Lo que seguirá en las próximas semanas no será nada comparado con el Culiacanazo que se centró en una entidad federativa. El CJNG, con representación en casi todos los Estados de la República, iniciará una reconstrucción de liderazgos en la que se escucharán muchos balazos y correrá más sangre. O se fragmenta, como sucedió con el Cartel de Sinaloa después de la aprehensión de sus líderes, o se enfrentan a organizaciones rivales que pretendan tomar sus rutas para el trasiego de drogas sintéticas, o llegan rápido a una sucesión criminal que termine pronto con los bloqueos en el país.

En cualquier caso, la ruta estará aderezada con narcomantas, depuración interna en la lucha por el poder criminal, ejecuciones de rivales, aliados riesgosos o infiltrados y una pesadilla para la sociedad mexicana que seguirá vulnerable ante el reacomodo del CJNG, una acción que no fue anticipada por las autoridades mexicanas, quienes, en el caso de Sinaloa, culpan a Estados Unidos por haber desatado la narcoguerra con la detención de Ismael Zambada García, pero que en su estrategia de aprehensión y abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes minimizan la violencia generada por el cartel. Mientras el General Secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, llora en público, no por los mexicanos asesinados, ni por los desaparecidos, ni por aquellos que durante el domingo rojo perdieron propiedades, dinero, familiares, sino porque un capo, ya muerto, fue la causa de las bajas en el Ejército y la Guardia Nacional que, en la detención y muerte del Mencho, no lograron salvaguardar a la ciudadanía.