Sheinbaum contra el crimen: el primer round
Una de las claves en la estrategia de la presidenta contra la inseguridad radica en el uso intensivo de instrumentos como la investigación criminal y la inteligencia

Cumple un año Claudia Sheinbaum como presidenta de México. De aquí que sea oportuno realizar algunas reflexiones en torno a su gestión en el ámbito del combate al crimen organizado. Como se sabe, desde 2008 México experimenta una epidemia de violencia criminal, a escala nacional, que ha propiciado una expansión sostenida de cientos de organizaciones criminales, entre las que se cuentan grandes carteles, así como mafias regionales y bandas locales. Estos grupos no solo se han expandido geográficamente, sino que han diversificado sus negocios ilícitos, se han hecho del control territorial en algunas zonas, y han empezado a incursionar, cada vez con mayor ímpetu, en los procesos electorales locales, tanto promoviendo candidaturas que les son afines, como forzando el retiro de candidatos —mediante agresiones— que consideran un obstáculo para su crecimiento.
Una de las claves para entender por qué Claudia Sheinbaum se convirtió en la nueva presidenta de México tiene que ver con el hecho de que, como jefa de gobierno en la Ciudad de México, se anotó varios éxitos en materia de seguridad. Uno de ellos, el más sonado, fue reducir los homicidios a la mitad en tan solo cuatro años. Además, la baja generalizada de varios delitos se reflejó en una mejora significativa de la percepción de la población. Esto lo logró Sheinbaum mediante una estrategia combate frontal a la impunidad, en la que la entonces jefa de gobierno impulsó el trabajo coordinado y conjunto entre las áreas de seguridad y aquellas relativas a la fiscalía, además de privilegiar el uso intensivo de instrumentos como la investigación criminal y la inteligencia.
Cuando Sheinbaum tomó posesión de la presidencia de la República tuvo que actuar rápidamente, pero también con cautela, frente a dos asuntos apremiantes. Primero, una aguda crisis de violencia que inició en agosto de 2024 en la ciudad de Culiacán (la capital de Sinaloa) amenazaba con extenderse, y justo por ello merecía toda la atención de las fuerzas federales. La escisión del Cártel de Sinaloa, uno de los dos conglomerados criminales más grandes del país, en dos grandes coaliciones lideradas por las familias Guzmán y Zambada podía convertirse en la chispa que prendiera un conflicto de dimensión nacional. Con buenos reflejos, Sheinbaum entendió la gravedad de la situación y ordenó atender este conflicto como una prioridad de su Gobierno, lo cual permitió al menos contenerlo geográficamente durante este primer año.
Un segundo desafío de gran envergadura que Sheinbaum sorteó pocas semanas después de tomar posesión fue el segundo triunfo de Donald Trump en las elecciones presidenciales. Trump no esperó a tomar posesión del cargo para asumirse como presidente, sino que de inmediato empezó a proferir amenazas arancelarias contra México y a exigir acciones de Sheinbaum contra la migración irregular y el trasiego de drogas. Después, el Departamento de Estado designó a seis cárteles asentados en México como organizaciones terroristas, lo cual expone a una gran diversidad de personas físicas o morales a ser objeto de sanciones en caso de que las autoridades estadounidenses detecten que esa persona física o moral brinda algún tipo de ‘apoyo material’ a alguna de esas recién designadas organizaciones terroristas.
Sheinbaum resistió estoicamente estas presiones e incluso dio muestras de ánimo colaborativo con Estados Unidos, aunque reiteró una y otra vez que México “colaboraría y cooperaría, pero que no se subordinaría”. El rumor que corría en aquellos momentos de que el Gobierno de Estados Unidos preparaba una incursión militar en suelo mexicano para eliminar a los cárteles era simplemente “inaceptable”. Ante algunas exigencias estadounidenses de proteger la frontera, Sheinbaum envío a 10.000 soldados como muestra de cooperación. También decidió expulsar a 55 capos de alto perfil a Estados Unidos en dos entregas: una primera en febrero de 29 capos y otra en agosto de 26 capos. Con ello, Estados Unidos obtuvo grandes cantidades de información e inteligencia, y México por su parte, le quitó presión a su sistema penitenciario, pues continuamente los capos logran corromperlo.
Finalmente, Sheinbaum ha capoteado con éxito hasta ahora las amenazas de Trump en materia arancelaria, de modo que México es una de las naciones con menos aranceles impuestos por Estados Unidos desde que Trump arribó a la Casa Blanca. Este logro parece ser resultado de dos factores clave: la cabeza fría y el pragmatismo de la presidenta Sheinbaum, por un lado, y los buenos resultados de su gabinete de seguridad, coordinado por Omar García Harfuch, por el otro.
Al mismo tiempo que la presidenta Sheinbaum desactivaba este par de bombas que irrumpieron por sorpresa en el momento inaugural de su Administración, su equipo de seguridad presentó una sobria pero sugerente Estrategia Nacional de Seguridad Pública basada en cuatro ejes rectores: atención a las causas de la inseguridad y la violencia, la consolidación de la Guardia Nacional, el fortalecimiento de la inteligencia y la investigación, y la coordinación ‘absoluta’ en el Gabinete de Seguridad y con las entidades federativas. Asimismo, Sheinbaum aprovechó la mayoría calificada de su partido en las dos cámaras legislativas para empujar la aprobación de iniciativas que contribuyen a robustecer y dar forma a los ejes mencionados.
Conviene ahora dedicar una reflexión sobre el relevante papel de Omar García Harfuch (OGH) en el gabinete de Sheinbaum. Primero, OGH pertenece al primer círculo presidencial, y es quizás, el integrante del Gabinete más cercano a la mandataria. Segundo, OGH es quizás el primer perfil netamente técnico que encabeza la secretaría de Seguridad federal, y que cuenta además con respetables credenciales en la materia, sobre todo después de su exitoso paso por la secretaría de Seguridad de la Ciudad de México. Tercero, un par de atributos familiares han contribuido a que el liderazgo de OGH en el sector seguridad haya tenido una buena acogida en el sector militar. Su abuelo, Marcelino García Barragán, fue secretario de Defensa con el expresidente Gustavo Díaz Ordaz. Por otra parte, el hecho de que OGH también sea el hijo de un precandidato presidencial del PRI, Javier García Paniagua, le ha provisto de una vasta red de relaciones políticas. Tanto su cercanía con la presidenta Sheinbaum como estas filiaciones familiares han desempeñado un papel crucial para que OGH sea capaz de procurar una coordinación óptima al interior del Gabinete de seguridad, como con las entidades federativas.
A modo de conclusión, es importante reconocer que la presidenta Sheinbaum y su equipo han realizado un buen trabajo de contención de la violencia en Culiacán, aunque no es claro en qué momento la violencia en esa ciudad y otros municipios de Sinaloa, disminuirá significativamente. Asimismo, debe reconocerse también el buen trabajo de la presente administración para impedir el aumento desorbitado de las tarifas arancelarias, mediante un sobresaliente trabajo en seguridad (sobre todo relacionado con detenciones, aseguramientos de drogas y desmantelamiento de laboratorios) que ha cumplido con las demandas de las autoridades estadounidenses. Sin embargo, aún falta mucho por hacer en tanto en materia de cooperación con Estados Unidos, donde hay grandes áreas de oportunidad, más allá de las mesas binacionales que acaban de anunciarse para combatir el huachicol y el tráfico ilegal de armas, tanto en el plano doméstico en la lucha contra la extorsión y las desapariciones. Esta es la agenda pendiente que hoy parece la más relevante.
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