En democracia todas las voces cuentan

Cada 9 de agosto, el Día Internacional de los Pueblos Indígenas nos invita a reconocer la riqueza cultural, lingüística y política de las comunidades originarias, pero también nos invita a reflexionar sobre las deudas históricas que tenemos con ellas, así como los mecanismos que hemos construido para garantizar el pleno ejercicio de sus derechos. En el ámbito electoral, esta reflexión adquiere una relevancia particular: vivimos en una democracia en la que las personas indígenas siguen enfrentando barreras estructurales para ejercer su derecho a votar, a ser votadas o a participar en condiciones de igualdad en la toma de decisiones.

La respuesta comienza por cuestionar nuestra propia noción de nación, que si bien desde la década de los noventa está reconocida la pluriculturalidad de la nación mexicana a nivel constitucional en el artículo segundo, todavía hay importantes rezagos en el acceso efectivo a los derechos político-electorales de los pueblos y comunidades indígenas. Al respecto, cabe citar a Benedict Anderson quien, en su obra Comunidades imaginadas, plantea que las naciones no son entidades naturales, sino construcciones sociales cimentadas en la imaginación colectiva. Son comunidades políticas que existen porque quienes las integran creen que forman parte de un mismo proyecto común, aunque nunca se conozcan personalmente. Esta “imaginación nacional”, sin embargo, no es neutra: puede ser incluyente o excluyente; puede ampliar los márgenes de pertenencia o restringirlos.

Durante mucho tiempo, la idea de nación que imperó en México se construyó desde un imaginario homogéneo, mestizo, urbano e hispanoparlante. Esta visión invisibilizó las múltiples formas de ejercer la ciudadanía de los pueblos indígenas, relegándolos a los márgenes de la vida pública. La democracia, entonces, se quedó incompleta: si todas las voces no cuentan o no cuentan de la misma manera, la comunidad imaginada no es plenamente democrática.

Frente a esta realidad, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación creó en 2016 la Defensoría Pública Electoral, cuyo objetivo era—inicialmente—enfocarse en los pueblos y comunidades indígenas, para brindarles asesoría y representación jurídica, orientación y coadyuvancia para la mediación. Esto representó un parteaguas en el reconocimiento y acceso efectivo a los derechos político-electorales de los pueblos originarios.

Posteriormente, este mecanismo amplió su mandato para incluir a otros grupos históricamente marginados, y así ha operado como un puente entre el acceso a la justicia electoral y la vivencia concreta de estas poblaciones, haciendo la participación política una realidad que previamente les había sido ajena.

Así, la Defensoría Pública Electoral ha logrado avances importantes: ha promovido el acceso gratuito y especializado a la defensa jurídica en materia electoral, y ha acompañado litigios estratégicos para que las comunidades indígenas participen en la toma de decisiones que les afectan. De esta manera, la Defensoría ha contribuido a fijar precedentes en la protección de los derechos político-electorales de los pueblos y las comunidades indígenas, a saber, en temas como la libre determinación, la autonomía y consulta, la violencia política en razón de género, la terminación anticipada del mandato en sistemas normativos internos, la administración directa de recursos por parte de estas comunidades, la representación política, el reconocimiento a la identidad, el derecho al voto de personas desplazadas internas y el voto activo de personas en prisión preventiva.

Esto muestra cómo la Defensoría ha fortalecido no solo los derechos individuales, sino también los derechos colectivos. Sin embargo, más allá de los asuntos jurisdiccionales, lo que está en juego realmente ha sido la transformación de nuestra democracia. La inclusión de las voces indígenas en el espacio electoral no es una concesión, sino un acto de justicia histórica que redefine los contornos de la comunidad política. Significa reconocer que la nación mexicana es, en efecto, pluricultural, pluriétnica y multilingüe, y que esa diversidad debe reflejarse también en la forma en que concebimos y ejercemos la democracia.

La Defensoría Pública Electoral es, hasta hoy, un instrumento cercano a la gente que abona para la construcción de una democracia más plural y representativa. Pero también es un recordatorio de que el acceso a la justicia requiere de un enfoque interseccional e intercultural en su aplicación.

En el Día Internacional de los Pueblos Indígenas sigamos imaginando una comunidad nacional en la que todas las personas nos reconozcamos como parte de un proyecto común. Una nación donde la participación política de los pueblos y comunidades indígenas sea parte del juego democrático, y en el que la justicia electoral incorpore todos los elementos de nuestra sociedad, con toda su diversidad. Solo así, con todas las voces contando, podremos decir que en México vivimos en una democracia verdaderamente inclusiva.