México concreta su viraje comercial con la entrada en vigor de aranceles a China y a países sin tratados

El 2026 arranca en México con una nueva visión comercial. A partir de la primera hora de este año entró en vigor el alza tarifaria a 1.463 fracciones arancelarias de países con los que el país latinoamericano no tiene tratado comercial, entre ellos, China, Rusia, Corea del Sur, India, Vietnam, Tailandia y Brasil. Aunque el ajuste de aranceles avalado por el Poder Legislativo fue menor al propuesto originalmente por el Ejecutivo, afectará a más de un millar de mercancías. Las tasas a pagar a partir de este jueves van desde un 5% a un 50%. Entre los productos gravados se encuentran automóviles eléctricos, autopartes, maquillajes, plásticos, aceros, cartón, acetatos, tejidos, calzado, juguetes, muebles, electrodomésticos, vidrio, jabones y otras mercancías. De acuerdo con el Gobierno federal, el incremento de tarifas supondrá una recaudación de 30.000 millones de pesos al año, mientras que el impacto inflacionario será de 0,2% de acuerdo a las estimaciones de Hacienda. A través del Diario Oficial, la Administración de Claudia Sheinbaum aseguró el miércoles que todos los productos de la canasta básica que provengan de esto países estarán exentos de aranceles a lo largo de todo 2026.

La concreción de esta medida, tras un intenso debate en el Poder Legislativo, supone para los expertos un punto de inflexión en el papel que jugará México en el comercio internacional. En el decreto oficial se indica que la Secretaría de Economía podrá implementar mecanismos para garantizar el abasto de insumos en condiciones competitivas. Sin embargo, el alza a más de un millar de importaciones supondrá un reto tanto para los importadores mexicanos como para las relaciones comerciales con los países involucrados, en específico con China, el segundo socio comercial de México, detrás de Estados Unidos.

México compra anualmente a China más de 129.000 millones de dólares y exporta al gigante asiático unos 9.000 millones de dólares, provocando un déficit para el país latinoamericano de más de 120.000 millones de dólares. Este desbalance, que crece año con año, se explica en parte por el alto nivel de producción y precios bajos y la escasa oferta local o regional. Este desequilibrio entre México y China adquiere un matiz especial en medio de la guerra comercial que sostiene Estados Unidos con el gigante asiático. Con las políticas proteccionistas del presidente Donald Trump de fondo, el alza tarifaria de México supone un gesto a favor de la visión arancelaria de su vecino del norte y un intento de una mayor integración de Norteamérica, a meses de que comience la revisión del TMEC, en julio próximo.

El Gobierno mexicano ha repetido en numerosas ocasiones que el alza tarifaria no es una medida en contra de ningún país y solo pretende beneficiar a las empresas mexicanas y proteger 350.000 empleos locales. La Secretaría de Economía esgrimió que esta medida se alinea con el Plan México —la estrategia de inversión sexenal— y contribuirá a la reindustrialización en sectores estratégicos de la economía mexicana, corrigiendo distorsiones comerciales y la alta dependencia de importaciones. El plan de sustitución de importaciones de Sheinbaum apunta a que las empresas mexicanas puedan cubrir el 50% de la proveeduría y del consumo nacional.

Pese a la férrea defensa desde Palacio Nacional, el muro arancelario mexicano ha encendido las alertas dentro y fuera de las fronteras. China fue uno de los primeros en criticar la medida y pidió corregirla al Gobierno mexicano, al tiempo que inició una propia investigación para evaluar posibles retaliaciones. Corea del Sur y las empresas exportadoras de India expresaron hace un par de semanas su preocupación ante la decisión de México. Puertas adentro, las reacciones del empresariado mexicano van desde el rechazo y la preocupación por el impacto en costos y proveeduría al respaldo a la nueva estrategia de sustitución de importaciones de Sheinbaum, con enfoque en la producción local.

Ignacio Martínez Cortés, coordinador del Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios de la UNAM, indica que el cambio en la política arancelaria de México supone un punto de inflexión en línea con los cambios geopolíticos que Trump ha llevado a cabo en su primer año en la Casa Blanca. “Desde el 25 de septiembre de 1986, cuando México ingresa al GATT (Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio) hasta el 31 de diciembre de 2025, nuestro país tuvo una etapa de 40 años de apertura comercial unilateral que lo convirtió en una potencia exportadora y en un atractivo para la inversión, principalmente la manufacturera, sin embargo, este periodo termina este 1 de enero cuando entre en vigor la modificación a la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación”, indica.

El experto asegura que aunque en el discurso el Gobierno de México precisa que esta medida es para proteger la industria nacional, el alza tarifaria aterriza en el país sin una política nacional de exportación y de seguridad comercial estratégica. “Es relevante rediseñar la estrategia acorde con el interés nacional, ya que en asuntos de gran trascendencia como es el narcotráfico, comercio, seguridad, migración, cambio climático y ciberseguridad, México ha reaccionado a la agenda de la Oficina Oval sin tener un hilo conductor en torno a un proyecto de nación de largo plazo”, comenta.

Más allá de los discursos y la retórica, a partir de este 1 de enero se verá sobre el terreno cuáles empresas resultarán beneficiadas y cuáles tendrán que sortear el alza de costos o el cambio de proveedores derivado de esta nueva política comercial. En juego está la recomposición de las cadenas de producción en México y la supervivencia del TMEC, un acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá que ampara más del 80% de las exportaciones mexicanas y supone ingresos anuales para el país latinoamericano por más de 500.000 millones de dólares.