El Gobierno usa el operativo en Chihuahua contra el narco para golpear a la oposición
Morena fuerza que la gobernadora panista explique en el Senado la presencia de dos agentes de la CIA en el Estado mientras el PAN saca pecho por el desmantelamiento del narcolaboratorio
El operativo en Chihuahua que terminó con cuatro agentes fallecidos ―dos mexicanos y dos estadounidenses― en un accidente de tráfico ha abierto la caja de pandora. Dos preguntas han sido suficientes para destaparla: qué hacían los agentes de la CIA ayudando a desmantelar un laboratorio del narcotráfico en México y quién lo autorizó. Ninguna tiene todavía respuesta y eso las ha convertido en munición para que oficialismo y oposición reaviven la disputa en torno a la soberanía del país, tantas veces invocada y siempre en la cuerda floja. La injerencia de Estados Unidos es un fantasma que México no ha logrado ahuyentar desde la vuelta de Donald Trump a la Casa Blanca, y desde el verano anterior la pugna en el frente exterior se ha instalado también en el interior. Cada partido está tratando de capitalizar un incidente que toca todas las teclas sensibles de la política mexicana, y la sesión de este miércoles en el Senado lo ha demostrado con elocuencia.
La presidenta, Claudia Sheinbaum, ha marcado la ruta a su partido al exigir reiteradamente explicaciones a la gobernadora del Estado, la panista Maru Campos, sobre la presencia de funcionarios extranjeros, de la que dice no haber sido informada como prevé la ley. Morena se ha sumado a la petición y ha forzado la votación este martes de un punto de acuerdo en el Senado para que la mandataria y el fiscal estatales comparezcan en la Cámara la semana que viene. Los morenistas han remarcado que se trata de una “invitación”, no una petición formal, pues los ejecutivos estatales no responden ante el Parlamento federal, pero la lectura en la oposición ha sido distinta. “Si realmente era una invitación respetuosa, bastaba con levantar el teléfono”, le ha espetado a la bancada el emecista Luis Donaldo Colosio, cuyo partido ha votado en contra del dictamen.
El PAN, que tiene en Chihuahua uno de sus últimos bastiones sin arrebatar por Morena, se ha sumado a las críticas de MC pero ha tratado de darle la vuelta a la situación y ha subido la apuesta. No solo ha votado a favor de la propuesta, “porque el que nada debe nada teme”, en palabras del senador Ricardo Anaya, sino que la ha aprovechado para defender la gestión de Maru Campos y de paso convocar a los gobernadores morenistas Rubén Rocha Moya, de Sinaloa, y Marina del Pilar, de Baja California, sobre los que pende la duda de sus vínculos con el narcotráfico. “Estamos orgullosos [de Campos] y va a ser una extraordinaria oportunidad para que les expliquen cómo se lucha contra el crimen organizado”, ha dicho Anaya: “¿Por qué quieren que venga? Porque acaba de desmantelar un narcolaboratorio, ese es su pecado", ha añadido, eludiendo tocar la cuestión de la participación de los agentes de la CIA.
El morenista Javier Corral, exgobernador de Chihuahua y un acérrimo rival de Maru Campos, ha vuelto a colocar el debate sobre ese punto, acusando “el manejo mentiroso y oculto” del Gobierno estatal, que ha cambiado de versión desde que el episodio salió a la luz este domingo: de la colaboración de los agentes en el operativo a las labores de entrenamiento rutinarias a seis horas de donde tuvo lugar. Las explicaciones de la mandataria local hasta el momento han sido escuetas y han abundado, como ha referido Anaya, en el éxito de la actuación. “Quiero destacar la importancia del resultado de este operativo realizado en coordinación con el Ejército mexicano”, dijo la mandataria este lunes en una breve comparecencia pública.
La mención a las Fuerzas Armadas abría otra posibilidad, aunque Sheinbaum la ha descartado este martes: que alguien en el Gobierno federal sí supiera de esta colaboración binacional, que solo ha salido a la luz por el accidente de tráfico que acabó con la vida de los funcionarios. La alternativa tampoco es alagüeña. “Me parece muy grave y delicado que se diga que la presidenta no sabía lo que estaba sucediendo, que trabajemos descoordinados mientras entregamos pedacitos de soberanía”, ha resumido la senadora priista Claudia Anaya.
Cualquiera de los escenarios abre una grieta en el discurso que ha defendido con firmeza la mandataria mexicana desde que llegó a Palacio Nacional: intercambio de información, sí; agentes extranjeros en suelo mexicano, no. Esa postura había dibujado una línea roja hasta ahora clara, pese a la fuerte insistencia de Estados Unidos para “ayudar” a México a combatir el tráfico de drogas desplegando a su gente en el interior del país. Las autoridades del Estado anglosajón, a quien la presidenta también ha pedido explicaciones, han obviado el elefante en la habitación y han reprochado a Sheinbaum la “falta de compasión” por los agentes caídos.
El tema estrella de la política exterior levanta polvareda internamente desde el pasado agosto, cuando la panista Lilly Téllez rompió filas y se desmarcó del consenso mexicano que había mantenido a raya a Trump hasta ese momento. Téllez aplaudió una potencial colaboración directa del país vecino y abrió una brecha entre el oficialismo y la oposición que no ha vuelto a cerrarse. La cuestión también llegó entonces al Senado, a petición de Morena, que forzó un pronunciamiento contra la injerencia extranjera y acusó de “traición” al principal partido de la oposición, que le devolvió el reproche apelando a los “narcogobiernos” de Morena.
El intento de capitalizar el episodio coloca a todos los partidos sobre una fina cuerda de la que es fácil caerse, pues la soberanía mexicana y el nacionalismo son transversales a todas las formaciones. En juego está la autoridad o la coherencia de la mandataria en su estrategia contra al intervencionismo estadounidense. En juego está, para la oposición, convertirse en quienes permitieron que agentes extranjeros intervinieran en el país. Todos se jugarán, el año que viene, el futuro del Gobierno de Chihuahua, que entrará a la campaña electoral convertida en un polvorín.
