Los hijos de las mujeres asesinadas, las otras víctimas de la violencia feminicida que atiende la nueva ley general

Detrás de las cifras de las mujeres asesinadas se esconden historias de vidas que también han sido truncadas. Además de la consumación de un delito que refleja la gravedad de la violencia contra las mujeres en el país, también son víctimas de los feminicidios los hijos, cuyas vidas, aunque no fueron arrancadas, sí quedan destrozadas. Los hijos de las mujeres asesinadas han vuelto esta semana al centro del debate, como parte de la deuda pendiente que tiene el Estado en el combate a este delito, con el anuncio de una ley general de feminicidios. Ingrid Gómez, subsecretaria del Derecho a una Vida Libre de Violencias de la Secretaría de las Mujeres, aseguró durante la presentación que se creará un Registro Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes en Orfandad por Feminicidio para la atención y protección de estos menores.

De acuerdo con lo explicado este martes en la conferencia matutina, la propuesta considera los derechos del “círculo cercano” de las víctimas directas del crimen para atender la problemática de los feminicidios: “[Es] No sólo para quienes lamentablemente fueron arrebatas de la vida, sino también para sus familiares, sobre todo para los niños, niñas y adolescentes que quedan en una situación de orfandad por el feminicidio de sus madres”.

La nueva ley, según lo anunciado, parte de la reparación integral del daño a las víctimas que la legislación mexicana ya contemplaba, pero con una adición. “Desde el inicio, cuando se determina que hay feminicidio, [establecemos] que se ordene la investigación de todos los bienes, el patrimonio que tenga el presunto agresor, [y] que se asegure para [que], cuando el juez determine la reparación, se tengan elementos para poder realmente hacer efectiva la reparación del daño”, ha explicado Ernestina Godoy, fiscal general de la República.

La abogada penalista y criminóloga Blanca Olvera celebra los apoyos anunciados y la decisión de crear un registro de los niños y niñas que quedan en orfandad tras el feminicidio de sus madres. “El que se voltee a ver a los huérfanos es un gran logro. El que se registre eso ya es visibilizarlo porque, si no lo registras, no lo ves, y si no lo ves, no tienes nada que solucionar, que atender”, manifiesta. La doctora Olvera se remite a una investigación que realizó el año pasado para entender la gravedad del problema. “Aproximadamente, hay más de un millón de huérfanos y el Estado no tiene capacidad para atenderlos a todos. Yo en ese momento detecté que nada más había 5.000 adopciones al año. Entonces dices, ‘bueno, ¿y qué pasa con los demás?“, razona.

Pero también señala que todo el proceso para hacer realidad la ley general puede tomar tiempo: “Falta que se asignen los recursos, que se propongan y que se aplique. Todo esto conlleva un tiempo que no sabemos de cuánto será”. Pone el ejemplo de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, publicada en 2007 como resultado de los compromisos internacionales del Estado mexicano y de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso de Campo Algodonero. “Pasó hasta 2011, cuatro años después, para que se empezaran a tipificar en los códigos de cada Estado el delito de feminicidio. Empezaron en 2011 con la Ciudad de México y terminó hasta 2020 [con Chihuahua]. Se tardaron nueve años”, recuerda.

La ley general presentada esta semana comprende la creación de una comisión especial para acompañar su puesta en marcha y la implementación de una campaña permanente para combatir la violencia feminicida. La creación del registro de huérfanos por feminicidio contará con la coordinación entre la Fiscalía General de la República, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y la Procuraduría Federal para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. También se ha planteado una estrategia de política pública para la atención y restitución “integral” de los derechos de este grupo, lo que va más allá de una reparación económica, con atención médica y psicológica de urgencia, asistencia jurídica especializada, seguridad social, entre otras medidas.

Para la doctora Sonia Frías, del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), los hijos de las mujeres asesinadas quedan en una situación de desamparo, pero está todavía en duda si la ley realmente va a abordar la problemática. “El gran desafío es que, lo que se proponga en el papel, acabe traduciéndose verdaderamente en hechos y no se quede en una retórica populista que, acaba sonando muy bien, pero que en realidad no está solucionando un verdadero problema”.

Sobre el anuncio, la académica se pregunta si se trata meramente de un “efecto cosmético”, dado que la legislación mexicana ya contempla la reparación del daño y protocolos de investigación con perspectiva de género. “Nuestro marco normativo y los compromisos que ha suscrito el Estado Mexicano, también a nivel internacional, pues ya mandata todo esto. El problema no es que no tengamos un marco normativo [...], el problema, desde mi punto de vista, es que el Estado está traicionándonos. Nos está traicionando como mujeres porque formalmente nos está garantizando el derecho a vivir una vida libre de violencia, cuando materialmente no es así“, sostiene.