El enredo judicial de Iván Cano, un colombiano que denuncia haber sido reclutado forzado por el CJNG

Iván Cano lo que quiere es salir de la cárcel. Tiene 26 años, una discapacidad y muchísimo miedo. Lleva desde mayo encerrado en el penal de Morelia, en Michoacán, donde está procesado por portación de armas de uso exclusivo del ejército, un delito que conlleva prisión oficiosa. La pena mínima para ese delito es de seis años, la máxima alcanza los 15. Para él, que proviene de una familia humilde de Villavicencio (Colombia) y no tiene ninguna red de apoyo en México mas allá de la Cancillería de su país, ese tiempo se asemeja al infinito. ¿Cómo va a sobrevivir sin apoyo dentro una prisión estatal donde también están recluidos los integrantes del cartel al que él ha denunciado? Porque Cano ha mantenido desde su primer encuentro con el juez hace nueve meses, hasta el último, de este lunes, la misma versión: él fue enganchado con una oferta falsa de trabajo, traído a México, secuestrado tras salir del aeropuerto de Guadalajara, aguantado las torturas del cartel durante dos semanas y después liberado por un operativo del Ejército y la Guardia Nacional. Estos últimos fueron los que le atribuyeron el delito que hoy lo tiene preso.

El caso de Iván Cano ha entrado este lunes en su fase intermedia. Eso significa que se ha acabado el tiempo de investigación y las pruebas deben ya desahogarse ante el juez. También implica que esta es de las últimas oportunidades de Cano de aceptar un procedimiento abreviado, un proceso que supone que el acusado se declara culpable, rechaza su derecho de ir a juicio y, a cambio, afronta una pena mucho menor. Estas ofertas se han convertido en una salida fácil para unas Fiscalías abrumadas con miles de carpetas de investigación encima de sus escritorios. Suelen ser aceptadas especialmente por los procesados más humildes, que no pueden pagar una buena defensa privada y tampoco tienen recursos para afrontar años de juicio mientras sobreviven a duras penas en prisión. Ese se ha convertido ahora en el escenario de Cano.

Este joven fue el primero de su familia en salir de Colombia. El 11 mayo de 2025 se montó por primera vez en un avión. Cano estaba tan nervioso que, según relató a este periódico, tuvo que pedir ayuda a la tripulación del avión y le pusieron una mascarilla de oxígeno. Pero, además de eso, se sentía emocionado por haber conseguido un empleo en una empresa de paquetería mexicana tras haber estado un año sin empleo. La compañía, que lo había contactado por la web de empleo internacional Enjobs, le pagó los vuelos a Guadalajara con escala en Cancún. Ahí llegó el 12 de mayo y ahí fue, a la salida del mismo aeropuerto, secuestrado por integrantes del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El relato del joven colombiano se quiebra sobre esos días; sí recuerda los golpes, las torturas, que querían que hackeara cuentas de banco, que consiguiera datos personales y ubicaciones de algunos objetivos. También que no pudo ni supo hacerlo, que trató de escaparse junto a otros secuestrados y que no llegó muy lejos, que le dieron una paliza a su regreso. Lo que cuenta Iván Cano coincide en sus puntos principales con el puñado de testimonios que se conocen de supervivientes a estos brutales campos de reclutamiento. Que existen y que son utilizadísimos por el CJNG para conseguir, por medio de torturas y castigos, a nuevos integrantes está fuera de toda duda.

Según la carpeta de investigación del caso de Cano, a la que ha tenido acceso este periódico, es una llamada anónima la que el 20 de mayo de 2025 anuncia del hallazgo de uno de estos ranchos de reclutamiento. Esa denuncia —que motivó la apertura de su propia carpeta de investigación— la realiza un hombre venezolano que mencionó una historia muy similar a la de Cano. Este joven denunciaba que al llegar a México fue secuestrado por un grupo de personas del Cártel Jalisco Nueva Generación, quienes lo trasladaron a la sierra donde había otras personas indocumentadas. A todos ellos —relata el superviviente— les dijeron que “ya trabajaban para el cartel” y que “el que no quisiera se moría”. El venezolano refirió que el grupo tenía “armas de grado militar” y usaban vehículos con blindaje"; también dio las coordenadas geográficas y aseguró que allí “ejecutaban personas” y “tenían gente secuestrada”.

A ese punto, en el límite de la sierra de Jalisco y Michoacán, llegó el 27 de mayo un operativo militar. Y ahí estaba Cano. El parte de los agentes asegura que el acusado apareció entre la maleza cargando un fusil de asalto y una mochila con 10.000 pesos y sus identificaciones. También que se rindió y bajó el arma en cuanto le dieron el alta. La versión de Cano asegura que él seguía dentro del campamento, atrapado, cuando llegó el vehículo de la Guardia Nacional. Ahora en el proceso judicial es la palabra de los militares contra la de él.

Su defensa aduce que el joven, que pesa 50 kilos y mide 1,87 metros, no puede cargar ni mucho menos disparar un arma de ese calibre. Cano fue diagnosticado desde niño con el síndrome de Marfan, una enfermeda que genética que le ocasiona fallos musculares, problemas de corazón y una fuerte pérdida de visión. Al otro lado, los agentes afirman que Cano fue apresado en flagrancia. En la carpeta de investigación no constaban pruebas de huellas dactilares del joven colombiano en el fusil ni tampoco rastros de pólvora en sus manos.

Sin embargo, la situación de Cano es frágil. Apenas consigue el dinero mínimo para poder pagar jabón y pasta de dientes en la cárcel, su salud empeora día con día, y su miedo crece, porque en el mismo penal que él hay otros integrantes del CJNG. Así, el joven espera ahota la propuesta de procedimiento abreviado que rechazó en junio, cuando estaba convencido de poder demostrar su inocencia. Ahora, con nueve meses ya en la cárcel, ve cada día más complicado.

El caso de Cano está acompañado por la Cancillería colombiana, quien en la audiencia de este lunes ha pedido la palabra. “Hay un Estado pendiente de este caso, hay una preocupación en Colombia”, ha relatado el cónsul general Alfredo Molano: “Mostramos un respeto absoluto por las autoridades mexicanas, no estamos tratando de intervenir, pero queremos que sepan que para el Estado colombiano, según las notificaciones que han llegado de congregaciones religiosas y defensorías, hay la posibilidad de que Iván sea una víctima de trata”. La cancillería colombiana ha activado así el protocolo de trata: “Sigue el patrón propio de la trata: el engaño, reclutamiento y la inserción en una estructura de la que no pueden salir”.