Las vulnerabilidades de las personas cuidadoras de América Latina: el 60% son mujeres

Al llegar a un centro médico latinoamericano, las mujeres predominan en las salas de espera. En su mayoría, son las que llevan los documentos de sus hijos, de sus parejas o de sus padres. Se encargan de administrar las citas, de verificar los medicamentos y de aplicar las recomendaciones de las recetas. Ellas son las que brindan cuidados. Esta imagen de las madres y las abuelas que cuidan ha sido normalizada en la sociedad, es parte de la estructura familiar y de la idea general de las tareas que las mujeres deben cumplir. No solo en el ámbito personal, también en lo profesional. Las mujeres representan el 60% de las personas que acompañan, rehabilitan, asean, protegen, alimentan y atienden en América Latina y el Caribe, de acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Las tareas de las personas cuidadoras dependen de las necesidades de quienes reciben ayuda. La atención que requieren los niños, las personas mayores y aquellas que viven con discapacidades se divide en dos campos: actividades instrumentales, que son aquellas que se refieren al uso de dinero, cuidar de su salud o preparar sus alimentos; mientras que las actividades básicas de la vida diaria implican la habilidad para comer, asearse, ir al baño o salir de la cama.

Esto determina si las personas que cuidan, como una tarea familiar, pueden contar con un trabajo remunerado o si deben mantenerse presentes en el hogar, así como la calidad de su empleo. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) afirma que existen mayores probabilidades de que una mujer con personas dependientes en el hogar esté ocupada en la economía informal, lo que incrementa su vulnerabilidad y reduce su acceso a sistemas de protección.

Las mujeres en los países latinoamericanos suelen tener menor presencia en el mercado laboral que sus pares hombres. De acuerdo con los datos de los países que forman parte de la OCDE en el continente, las mujeres de México, Colombia y Costa Rica están un 30% abajo en cuanto a participación laboral en comparación con los hombres. Mientras que en Canadá, donde existe un sistema de protección médica universal, así como atención de niños de 0 a 5 años, la diferencia es apenas de un 6%.

Lourdes Colinas, oficial de programas en ONU Mujeres, asegura que, cuando las mujeres sí trabajan y el “cuidado no se distribuye de manera más amplia entre instituciones, servicios y comunidades, muchas terminan asumiendo una doble carga entre empleo y responsabilidades domésticas”.

Este trabajo, que es denominado como “no remunerado”, impacta en 25 millones de habitantes de Latinoamérica. Las encargadas de las tareas de atención dedican en promedio 8,5 horas a la semana a desarrollarlas de forma activa, lo equivalente a una jornada regular de trabajo diario. Ellas se llevan el 71% del total de la carga.

Las tendencias internacionales, como comprueba el diálogo de la XVI Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, apuestan a que las naciones impulsen redes públicas para promover el cuidado porque mantenerlo dentro de la familia resulta insostenible ante el cambio de la población, reduce la tasa de natalidad y las personas viven más años. Los Estados no solo deben aportar con instalaciones, sino también con la capacitación de personal para la atención.

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) elaboró una encuesta sobre la formación de las personas cuidadoras en el continente, según su nivel de formación. Cuatro de cada diez no reciben capacitación, dos realizan labores de autoaprendizaje y el resto toma cursos cortos, de mediana o larga duración.

Aunque estos cursos existen en escuelas privadas o en asociaciones civiles, organizaciones como la ONU o la OCDE hacen un llamado para que sean los Estados las entidades que brinden estas formaciones u otorguen financiamiento y regulaciones. Hasta el momento, Uruguay y Costa Rica son los países que han desarrollado sistemas nacionales de cuidados de larga duración. Colinas refiere que “la evidencia muestra que invertir en capacitación mejora la calidad de los servicios y contribuye a consolidar estándares de atención más altos”.

Agrega que estas enseñanzas pueden “abrir nuevas oportunidades de empleo y fortalecer su integración en los sistemas de protección social”, que implica el reconocimiento del cuidado como esencial en las comunidades. Actualmente, la mayor parte de las personas que cuidan y son remuneradas lo hacen de manera informal. Solo el 26% en la región tiene protección de la seguridad social y solo el 33% cuenta con un contrato.

Entre los espacios donde las personas que requieren cuidados pueden desarrollar su vida sin depender del hogar por completo, existen las estancias infantiles para niños menores de cinco años y los centros de día para adultos mayores. Su permanencia permite que las familias puedan continuar con actividades como estudio o trabajo.

Sin embargo, en países como México, las unidades de asistencia, como las del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), han reducido la capacidad de recepción en las instalaciones como las Casas Hogar para personas mayores, así como de sus centros de día, a pesar de las tendencias de cambio poblacional. Por su parte, en Argentina, el Gobierno de Javier Milei ha impulsado la reducción de los espacios para la educación pública en los primeros niveles, así como la ampliación de las jornadas laborales, lo que podría afectar a la integración de las mujeres en el mercado laboral o la protección de las personas que requieren de cuidados.

Algunos de los programas de asistencia social han sido sustituidos por aquellos de asistencia económica, como en México ocurre con las denominadas Pensiones del Bienestar, que otorgan recursos mensuales a personas mayores. Esta estrategia no sustituye la necesidad de los grupos vulnerables de recibir cuidado.

La ONU, la OCDE y el BID impulsan también la integración de los hombres en las labores de cuidado. De acuerdo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, la educación ayuda a reducir las desigualdades, a alcanzar la igualdad de género y contribuye a tener una vida más saludable y sostenible. Colinas afirma que en el mundo “las mujeres poseen solo el 67% de los derechos legales que tienen los hombres, lo que muestra que avanzar hacia la igualdad implica transformar también las condiciones sociales y económicas que sostienen esas brechas”. Agrega que, en caso de que el ritmo actual de progreso no acelere, cerrar las brechas podría tomar alrededor de 286 años.