Un caso de violencia vicaria involucra a un síndico del PAN en Toluca

La mañana del 18 de septiembre de 2024, un grupo de por lo menos diez personas cargadas con grandes cajas de plástico y acompañadas por al menos dos policías y un abogado, llegó a la casa de Laura López López, una ciudadana española de 48 años, que hasta unas horas antes compartía ese domicilio con su expareja, Jaime Amado López Gómez, segundo síndico en el Ayuntamiento de Toluca, en el Estado de México, y con sus dos hijas menores. A la casa, ubicada en el municipio de Metepec —a unos 70 kilómetros de la capital— la rodearon en cuestión de minutos dichas personas, vestidas de civil y con cubrebocas, que aparentemente seguían instrucciones de dos hombres y del funcionario para entrar y recoger cosas del interior, según consta en videos grabados por un testigo.

Una camioneta y un camión de mudanzas esperaban afuera. Mientras, al interior, el abogado de Jaime Gómez, Manuel Montes de Oca Colin, le insistía a la mujer en que solo deseaba sacar cosas personales y otros enseres, momentáneamente, “para poder vivir”. La mujer que graba, atenta a esa especie de operativo que ve ante sus ojos, le dice: “Jaime, tú eres un hombre y vienes con todas estas personas a amedrentar a una mujer”.

El caso ha escalado y el síndico panista ha replicado el uso de sus influencias en contra de Laura López. El viernes 27 de febrero, tras una audiencia y en menos de una hora, el juez del juzgado tercero de lo familiar en Metepec, Miguel Ángel Domínguez López, ordenó que de forma “inmediata” Laura López fuera desalojada de su casa, que fue adquirida mientras estaba todavía casada con su expareja y por bienes mancomunados. La decisión del juez tuvo lugar pese a que en constancias certificadas existe el registro de que Jaime López Gómez posee otras dos propiedades y ante la declaración de su abogado de que no tenía en dónde vivir con sus dos hijas.

“Una hora después [de la audiencia], Jaime estaba entrando a la casa. Llegó con cinco patrullas, todos armados hasta los dientes. Estoy fuera de la casa. No tengo familia aquí, estoy completamente vulnerable. Me ha despojado de todo, no solo ya de mis hijas, que llevo 17 meses sin verlas, sino además ahora también de la casa”, relata Laura López, vía telefónica.

El conflicto legal entre Laura López y Jaime López Gómez, militante del Partido Acción Nacional (PAN), atraviesa un proceso judicial de más de 17 meses, en los que a ella se le ha impedido ver o convivir con sus dos hijas. El caso ha despertado la preocupación del Consulado de España en México y de la Secretaría de las Mujeres, que han acompañado y respaldado a López, respectivamente, y que han observado un proceso judicial lleno de omisiones y de un uso desmesurado de la estructura judicial del municipio para hostigar e intimidar a la mujer con carpetas de investigación que no logran sustentarse y con el uso de la fuerza pública para intentar despojarla de sus pertenencias.

Este periódico ha solicitado al síndico panista, Jaime López Gómez, una entrevista sobre los hechos o un posicionamiento de su parte en torno al caso, sin que haya recibido respuesta. El cónsul español en México, Marcos Rodríguez Cantero, que ha acompañado a López en cinco de sus audiencias, ha dicho: “Es un caso en el que, no existiendo las formas de violencia extrema física, sí hay un abuso de posición social y familiar absolutamente indigno. [Él] parece estar usando todo su poder económico para dejarla a ella en mal lugar".

Las asimetrías de poder y la violencia vicaria

Jaime López Gómez y Laura López enfrentan un proceso legal desde 2024. Él solicitó entonces legalmente un divorcio que ella, dos años antes, le había pedido de manera verbal sin que el funcionario accediera. Laura López lo había solicitado tras enterarse, por sus propias hijas, que su marido le era infiel.

El proceso entre ambos incluye tres expedientes de la via civil: uno de violencia familiar ejercida contra ella, otro de violencia familiar de ella contra él, y el del divorcio. Además, en la Fiscalía hay dos procesos penales: uno contra Laura López por violencia contra Jaime Gómez y otro también contra ella, sobre violencia hacia sus dos hijas., En este, no obstante, una jueza ha decidido no vincularla a proceso y ha emitido una recomendación al Ministerio Público para que investigase la posible alienación parental, la posible manipulación psicológica del padre a sus hijas.

Laura López intentó con audios y testigos poner en marcha otra investigación por violencia familiar, pero fue desechada. En algunos de los registros que la mujer ha compartido con EL PAÍS se escuchan peleas entre ambos, en las que él la amenaza reiteradamente a ella e incluso a las parejas de sus amigas si intentan meterse en el asunto. “¿Por qué no me dejas en paz?”, dice Laura. “No te voy a dejar en paz. Es la última vez que te metiste conmigo”, le responde él. “¿Quieres guerra, Laura? “Tú sabes que soy capaz de todo”.

Ambos se conocieron en España en 2010. Laura López llegó a vivir a México unos años después. En 2012 tuvieron a su primera hija y, al poco tiempo, ella comenzó a trabajar como personal administrativo en la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM). Ella recuerda: “La violencia no empieza de 0 a 100. Entonces empiezas a normalizarlo y a echarte la culpa, porque él podía irse por la mañana como el hombre más cariñoso del mundo y volver por la noche como un monstruo”.

La violencia que Laura López ha sufrido durante todos estos años es, sobre todo, psicológica y económica, y comenzó a recrudecerse cuando ella se enteró de las infidelidades. Desde entonces, la custodia de las niñas quedó en el aire y las menores comenzaron a ser utilizadas por el padre para amenazarla a ella.

Laura López ha dado cuenta de su situación a su círculo más cercano, incluyendo el profesional. En varias ocasiones, asegura, Jaime Gómez le retiraba su teléfono celular, o le quitaba el chip al aparato para que ella quedara incomunicada. También hubo días en los que, a punto de salir al trabajo, él le quitaba su dinero, sus tarjetas bancarias e incluso sus identificaciones. Para sus amigas y sus colaboradoras de trabajo, este tipo de episodios no eran ajenos. “Me lanzaba amenazas de muerte cada dos por tres. Me decía: ‘Te voy a mandar en una caja a España’, ‘Te voy a enterrar en el jardín’”, afirma.

La asimetría entre ambos no ha sido tomada en cuenta por la Justicia del Estado de México, quien la ha desalojado de la única residencia que tiene en México en una decisión judicial que tardó solo una hora en tomarse.

Mientras Jaime Gómez tiene un puesto político en un Ayuntamiento y percibe ingresos diez veces mayores a los de su expareja -también da clases en una universidad privada-, Laura López no cuenta con una red familiar inmediata. Su empleo es en una universidad pública, y sus ingresos le impiden acceder a una mejor defensa.

Esta espiral de expedientes civiles y penales se ha convertido, según ha declarado, en una estrategia de presión económica y emocional. Además, Laura López da el 30% de su sueldo como pensión a sus hijas, que él aisló y movió de residencia apenas se retiró de la casa, aquel 18 de septiembre de 2024.

Laura López tiene miedo. Como ella, cientos de mujeres en México enfrentan procesos judiciales interminables, costosos y omisos que apuestan por un desgaste emocional, económico y psicológico, impulsados para alejarlas de sus hijos e incitarles un sentimiento de soledad.