Seis militares involucrados en la trama de contrabando de combustible mantienen su sueldo en la Marina

El domingo 7 de septiembre del pasado 2025, el Gobierno de Claudia Sheinbaum dio el mayor golpe contra la corrupción del actual sexenio. En una rueda de prensa liderada por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, se anunció la detención de los integrantes de una red de contrabando de combustible con una peculiaridad: estaba integrada y liderada por marinos de alto rango, que conspiraron junto a trabajadores de aduanas y empresarios para introducir ilegalmente en México cientos de millones de litros de gasolina sin pagar impuestos, dejando un agujero fiscal que aún no se ha dimensionado. Desde ese momento se abrió una caja de Pandora para la Secretaría de Marina, con una serie de dudas y escenarios que, ya pasados seis meses, no se han resuelto ni explicado. Tampoco hay registro de más detenciones y seis marinos presuntamente involucrados siguen en activo dentro de la Armada, aunque en una especie de congeladora.

Casi desde el primer día y cada vez que se le pregunta por el tema, la presidenta Sheinbaum asegura que vienen más arrestos por este caso. La primera vez que lo dijo fue el 12 de septiembre de 2025— “no han terminado las detenciones, todavía sigue la investigación en curso”—, la última el 19 de febrero de 2026— “está abierta toda una línea de investigación relacionada con el llamado ‘huachicol fiscal’ y hay todavía detenciones pendientes”—. Pero, entre estas dos fechas, no hay evidencia de ningún involucrado más en manos de la justicia.

Candidatos no faltan. En el documento de aprehensión de la Fiscalía General de la República, al que tuvo acceso EL PAÍS, hay un número significativo de marinos y civiles sobre los que existe una carga probatoria muy similar a los detenidos de septiembre de 2025. La investigación de la Fiscalía se basa en varias pruebas, como son el testimonio de Santo, un capitán que participó en la trama; H.R.V., el de un trabajador con un puesto de responsabilidad en puertos; una carta del contralmirante Fernando Rubén Guerrero Alcantar—asesinado tras esta denuncia— que describe la estructura de corrupción; un vídeo anónimo subido a YouTube; georreferencias e intervenciones telefónicas, y análisis de riqueza y sueldos de los involucrados, incluyendo datos fiscales.

Además de los seis marinos involucrados originales, la orden enlista el nombre de 24 militares en activo con referencias a su participación dentro de la trama. En el caso de cinco capitanes, un contralmirante y un vicealmirante, las pruebas son prácticamente equivalentes a las que llevaron a la primera tanda de detenciones. De estos siete marinos, seis siguen en activo, aunque fuentes cercanas a la dependencia apuntan a que “el personal que aparece como indiciado en la carpeta de investigación se encuentra a disposición en espera de órdenes en diferentes mandos navales, lo que significa que no ocupan un puesto dentro de la estructura orgánica y solo cobran su sueldo por la jerarquía que ostentan y no como funcionarios públicos”. Esto es una forma de castigo y un descrédito dentro de la institución.

El rango más alto es el vicealmirante Salvador Camargo Vivero, director general del puerto de Tampico, de abril de 2024 a enero de 2025, periodo en el que entraron casi 20 envíos ilegales de combustible, y quien en la actualidad está en licencia ordinaria por seis meses y en trámite de retiro. Aunque según reveló EL PAÍS hay varias aduanas implicadas, la investigación se centra principalmente en los recintos vecinos de Altamira y Tampico, en Tamaulipas, la mejor ruta marítima para traer mercancías desde las refinerías de Texas, Estados Unidos.

Luego viene el contralmirante Marco Antonio Bandala López, señalado como operador de la red en los varios puertos donde fue destinado, como Veracruz o Manzanillo. Entre los capitanes están Juan Carlos Sario Pichal, quien como subdirector de Operación Aduanal en Guaymas, Sonora, firmó la entrada de al menos dos buques de contrabando; Gastón Ramos Delgado, primer jefe de Santo en la aduana de Tampico y él que le prometió un doble sueldo; José Rafael Duncan Dekin, que entregó su primer soborno a Santo y sustituyó a Santos Delgado como director de la Aduana de Tampico, y Víctor Hugo Perry Pérez, al que relacionan con el paso de buques en la aduana de Ensenada, Baja California, y que llega a aparecer en un esquema con el resto de marinos detenidos. En varios de estos nombres hay evidencias de un enriquecimiento inexplicable.

“La Secretaría de Marina sostiene una postura de cero tolerancia a la corrupción y recuerda firmemente que ningún marino está exento de los procedimientos disciplinarios y que la justicia naval y civil deberán deslindar responsabilidades caso por caso. Se han dado de baja a los elementos que, conforme a la legislación naval, podían ser separados del servicio; quienes permanecen sujetos a investigación están bajo el principio de presunción de inocencia y con respeto absoluto a sus derechos humanos”, dice un comunicado de la Armada enviado ante las consultas de EL PAÍS por el estatus de estos uniformados. Se pidió saber el destino actual de los marinos involucrados en este esquema, pero no se contestó a esta petición. En el comunicado también se asegura que “la investigación contra el huachicol fiscal se inició a petición de la propia institución”.

En la rueda de prensa del 19 de febrero donde se volvió a prometer más detenidos, la presidenta reforzó el muro de protección que el Gobierno ha levantado alrededor de Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), asegurando que no hay ninguna línea de investigación contra él. Ojeda Durán es tío político de los supuestos cabecillas de la trama, los hermanos Roberto Manuel y Fernando Farías Laguna, y fuentes conocedoras del estamento militar describen su relación como prácticamente paternofilial. En el escrito de la orden de aprehensión donde se describe la “estructura y participación de elementos de la Secretaría de Marina”, se dice que “los hermanos, valiéndose de su grado, cargo, relaciones y vínculos dentro de la Secretaría de Marina”, designaban a marinos de su confianza en puestos clave de aduanas para poder operar su red, y “contaban con el respaldo del entonces Secretario de Marina”.

Desde que se arrojó luz pública sobre esta trama criminal, el Gobierno ha tratado de cavar un cortafuegos entre Ojeda Durán y sus sobrinos, alegando sin mucha coherencia en las fechas y los hechos, y asegurando que el entonces secretario de Marina había denunciado la corrupción en las aduanas desde al menos 2023. Al aislar a Ojeda Durán también se protege al primer círculo de poder del sexenio anterior, del que formaba parte.

Recientemente, Aristegui Noticias publicó un audio de una reunión fechada en junio de 2024 entre un Ojeda Durán a punto de ser sustituido como cabeza de la Marina y Guerrero Alcantar. En la conversación, casi sin haberle dejado presentar el caso, se oye a Ojeda Durán ofrecer a Guerrero Alcantar una omertà. “O destapamos todo esto y me vale madre a mí quién caiga, porque yo no estoy metido en eso”, dice, “o tratamos de cerrarlo aquí nosotros con el cambio de toda esta bola de cabrones, mandarlos a otros lugares”.

Guerrero Alcantar le contesta con una relatoría sobre los hechos corruptos en los que participó, en la que comenta que, de acuerdo a los subordinados de los Farías Laguna, Ojeda Durán ya “les había llamado cuatro veces la atención” por las acusaciones de corrupción. Ojeda Durán evita responder a esta afirmación y le pide un escrito describiendo los hechos, que redactó a los pocos días y hasta incluyó, de su puño y letra, un esquema de los involucrados en la red. Guerrero Alcantar fue asesinado cinco meses después de esta reunión, en noviembre de 2024, y su carta no llegó a manos de la fiscalía hasta julio de 2025.

Dentro de la investigación de la Fiscalía no hay registro de que Ojeda haya denunciado esta red. De hecho, la primera referencia a la red de huachicol fiscal de la Marina es en abril de 2025, cuando se integra en la carpeta un informe de notas periodísticas sobre el Challenge Procyon, un buque cargado de combustible de contrabando que fue inspeccionado por una serie de inconsistencias fiscales. Según han declarado las autoridades, esta fue la clave para comenzar a desenredar la madeja criminal que creció dentro de la Secretaría de Marina.