La pobre investigación de la Fiscalía empantana el juicio por el asesinato de Samir Flores

Con solo un acusado de los tres presuntos autores materiales identificados, continúa en el Centro de Justicia Penal de Xochitepec en el Estado de Morelos el juicio por el asesinato del activista Samir Flores. Siete años después del homicidio, el proceso judicial enfrenta el gran obstáculo de que tres de los testigos clave están muertos o desaparecidos, además de las fallas en la carpeta de investigación realizada por la Fiscalía de Morelos. Mientras que para los abogados de la familia de Samir Flores lo fundamental es establecer el contexto en el que ocurrió el crimen, la defensa del único acusado se está centrando en buscar grietas en los testimonios y la forma en que llegó a ellos la Fiscalía. Se calcula que el proceso penal, que esta semana tendrá solo una sesión el jueves y otra el viernes de hora y media cada una, podría durar más allá del mes de marzo debido a la falta de salas para poder celebrar las audiencias.

En la apertura del juicio del 16 de febrero, tanto la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Libertad de Expresión como los representantes de la familia de Samir Flores destacaron su papel como activista y su oposición al Proyecto Integral Morelos. “Quien lucha por la vida nunca muere”, dijo la Fiscalía. Para los abogados de la familia, lo central es dejar claro que el asesinato de Flores fue un encargo que ocurrió en un clima de alta tensión política y remarcar la necesidad de investigar a los posibles autores intelectuales. Lo importante es saber quién mandó matarlo, no quién apretó el gatillo.

Samir Flores fue ejecutado la madrugada del 20 de febrero de 2019 en la puerta de su hogar familiar en Amilcingo, Estado de Morelos. Era uno de los opositores más visibles contra el Proyecto Integral Morelos, un megaproyecto gubernamental que consta de dos centrales termoeléctricas, un gasoducto en las faldas del volcán Popocatépetl y un acueducto en los Estados de Tlaxcala, Puebla y Morelos y al que rodea una fuerte conflictividad social. Una búsqueda en medios locales arroja una veintena de episodios de violencia o represión relacionados con este proyecto, incluyendo, además del asesinato de Flores, el de Francisco Vázquez, un líder campesino que se oponía al uso del agua del río Cuautla para la termoeléctrica.

El homicidio de Samir Flores fue un punto de ruptura entre los movimientos sociales y el entonces recién estrenado gobierno de la Cuarta Transformación. En sus 12 años de campaña, Andrés Manuel López Obrador prometió cerrar este megaproyecto. “Construir una termoeléctrica en la tierra donde nació Zapata” es como “ir a Jerusalén y construir un basurero tóxico”, decía desde la oposición. Cuando logró llegar a la presidencia, dio un giro de 180 grados y organizó una consulta para el 23 de febrero de 2019 con la idea de poner en marcha el proyecto, tildando de “radicales de izquierda conservadores” a quienes estaban en contra. En ese momento ya estaba todo construido menos 140 metros de un acueducto para llevar agua a la planta termoeléctrica en Huexca, y el Frente de Pueblos en Defensa del Agua y de la Tierra, la organización a la que pertenecía Samir Flores, mantenía un campamento justo en esa franja de terreno para impedir que se completase el proyecto.

Se intensificaron entonces los enfrentamientos entre las autoridades locales, estatales y federales y los críticos del megaproyecto, incluyendo peleas verbales entre Samir Flores y el político evangélico Hugo Eric Flores, entonces delegado federal para los Programas de Desarrollo en el Estado de Morelos y al que Obrador encargó resolver el conflicto en torno al Proyecto Integral Morelos. Pese al asesinato de Flores, la consulta se celebró el 23 y 24 de febrero, con una escasa participación de 50.000 personas, menos de un 2% del padrón convocado. Seis de cada diez votaron a favor. Dos años después, 300 elementos de la Guardia Nacional y otros 100 de la policía estatal desalojaron el plantón donde había poco más de 10 personas, y Obrador inauguró el Proyecto Integral Morelos.

Todo el juicio se basa en la investigación de la Fiscalía del Estado de Morelos, en la que no confía la familia de Samir Flores y de la que EL PAÍS reveló sus puntos flacos. Este trabajo se centró en la mecánica de hechos y nunca buscó quién pudo haber encargado el asesinato, pese a que hay varios hilos que apuntan a una convivencia del crimen organizado y el poder político. Una de las mayores dificultades es que en tres de los testimonios clave, dos testigos están muertos y uno está desaparecido.

Esto hace que tengan que ser incorporados al juicio por lo que se llama “testimonio por lectura”. Significa que el agente que tomó la declaración lee el documento en el que se asentó el testimonio y, en el sistema de justicia oral que México implementó hace ya más de una década, esto le resta fuerza ya que no se puede ni interrogar ni contrainterrogar. Estos tres testimonios sitúan al grupo delictivo del que presuntamente formaba parte el acusado en la escena del crimen y describen sus preparativos antes del homicidio y sus actividades después. De los cuatro supuestos asesinos, solo uno está en prisión, mientras que otro está muerto y un tercero desaparecido. El cuarto nunca fue identificado.

“Lo que buscaba la fiscalía de Morelos era cerrar la investigación rápido para poder inculpar a alguien y para eso se generan todas las pruebas oportunas, pero se hace imposible demostrarlo porque los testigos son asesinados o desaparecidos”, explica Juan Carlos Flores, uno de los representantes de la familia de Samir Flores. “Entonces se vuelve un rompecabezas imposible de armar, en el que sabes cuáles son las piezas pero ya no las tienes para completarlo”, añade.

La Fiscalía de Morelos, consultada por las fallas de la investigación, respondió con un comunicado en que dicen que “la actual gestión de la Fiscalía Morelos mantiene estrecha comunicación con la Fiscalía General de la República para garantizar a Samir Flores y su familia acceso a una justicia plena” y señalan que “por petición de familiares y representantes legales de Flores Soberanes, la Fiscalía de Morelos turnó en 2023 la carpeta de investigación de este caso a la Fiscalía General”.

La defensa del acusado se ha centrado en señalar justo estas fallas de la investigación para buscar grietas en esa mecánica de hechos. “Todo es un montaje de la Fiscalía”, asegura el abogado Víctor Javier Hernández Vega, que ha intentado desacreditar estos testimonios cuestionando cómo fueron recolectados. El miércoles pasado acudió el agente de la Fiscalía que entrevistó a dos de esos testigos clave para la investigación y le cuestionaron sobre cómo logró encontrar a estas dos personas casi un año después del asesinato. El policía contestó que, recorriendo las posibles rutas de escape, se le acercaron personas que resultaron tener información clave sobre el caso que estaba investigando.

A lo largo de la semana pasada, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra reiteró que se investigue al entonces gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, al exfiscal que se encargó de la investigación, Uriel Carmona, a Hugo Éric Flores, a la líder criminal conocida como La Patrona, al dos veces alcalde de Temoac y familiar de La Patrona, Valentín Lavín Romero y al político local Humberto Sandoval. Para todos esos nombres hay pistas e indicios, nunca seguidos por la Fiscalía de Morelos. La Fiscalía General de la República ha dicho a la familia de Samir Flores que, una vez se acabe este juicio, van a retomar la investigación del asesinato enfocándose en su activismo y los posibles autores intelectuales.