El incremento del IEPS da alas al mercado ilegal de cigarros en México y pone en jaque al pequeño comercio, según la Anpec

La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec) ha advertido de que el incremento del IEPS a los cigarros ha fortalecido al mercado informal en México debido a que el alza de precios favorece el contrabando y pone en desventaja al comercio formal. De acuerdo con un comunicado de la organización, la entrada en vigor de la nueva tarifa del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios ha repercutido en el precio de las cajetillas de cigallos legales, superando los 100 pesos en los puntos de venta, con incrementos que van de los 15 a los 22 pesos por cajetilla. Esta diferencia ha derivado en un aumento del consumo de cigarros de contrabando, cuyo precio puede rondar los 75 pesos por cajetilla.

Según Cuauhtémoc Rivera, presidente de la Anpec, actualmente 3 de cada 10 cigarros que se venden en México proceden del contrabando. “Sin lugar a dudas, esta política fiscal ha terminado por llenar las alforjas de los cárteles del cigarro de contrabando que operan con amplios márgenes y, en gran medida, con total impunidad”, ha dicho. El fenómeno ha fortalecido la venta informal, a plena vista en estaciones del Metro, en los paraderos de transporte público, en los cruceros y calles de alta afluencia.

Los riesgos de la venta ilegal

Pero los cigarros de contrabando no solo afectan al comercio formal y a la recaudación fiscal. Estos productos suponen un riesgo grave para la salud, pues se venden sin los respectivos controles de calidad. Por otro lado, la facilidad para adquirirlos ha fomentado su consumo en menores de edad. El Gobierno mexicano ha puesto en marcha nuevas medidas fiscales con el objetivo de combatir el contrabando de cigarros. El pasado 1 de enero entraron en vigor las reformas al Código Fiscal de la Federación que pretenden verificar la legalidad de las cajetillas de cigarros y establece que la venta o posesión de cigarros ilegales se equipara al delito de contrabando.

No obstante, la Anpec señala que la medida también podría afectar a los comercios legales que desconozcan que sus productos son de procedencia ilegal. “Uno de los mayores problemas para los pequeños comercios es que las sanciones no se limitan al importador o fabricante o a quien se los vendió. La responsabilidad también alcanza a quien vende —el pequeño comerciante—, almacena o simplemente tiene en su poder cigarros ilegales sin poder acreditar su legal procedencia”, ha denunciado la Anpec.

Las sanciones por este delito pueden alcanzar los nueve años de prisión y multas económicas hasta del 150% de las contribuciones omitidas, incluyendo el IEPS. Las sanciones son aplicables no solo a quienes producen los cigarros ilegales, también a comerciantes, distribuidores o a cualquier persona que tenga en su poder cigarros de procedencia ilegal si no puede acreditar su legalidad y cumplimiento fiscal.

La Anpec ha hecho un llamado a los pequeños comerciantes del país a adquirir cigarros únicamente de distribuidores formales, revisar cuidadosamente cada cajetilla y conservar la documentación que acredite la legalidad de los productos.

Suscríbase a la newsletter de EL PAÍS México y al canal de WhatsApp y reciba todas las claves informativas de la actualidad de este país.