Los diputados aprueban la totalidad de la Ley de Aguas de Sheinbaum tras una sesión de 24 horas

“¡Traidores!, ¡traidores!” ha sido la consigna más escuchada en la Cámara de Diputados en las últimas horas. Los legisladores han aprobado en lo general y en lo particular, a toda marcha la nueva Ley de Aguas de la presidenta Claudia Sheinbaum. Las múltiples jornadas de protesta que han colapsado carreteras, garitas y puentes fronterizos y aduanas en todo el país, han sido estériles. La norma que ha sido calificada por sus críticos como “el último clavo al ataúd del campo mexicano”, ha sufrido cambios cosméticos que no atienden las demandas, han sostenido los agricultores. El Frente Nacional para el Rescate del Campo, que agrupa varias asociaciones críticas con la reforma, ha reactivado la protesta en varios puntos estratégicos del país y se preparan para recrudecer las movilizaciones al momento de su aprobación en el Senado, a donde se discutirá este mismo jueves. Los agricultores han adelantado la presentación de amparos contra la norma. Mientras, sigue latente el amago de sitiar el Zócalo de Ciudad de México, que recibirá el sábado a la mandataria mexicana y a sus seguidores, para celebrar siete años de la llegada al poder de Morena.

El debate ha sido largo. La discusión ha concluido este jueves. En las más de 24 horas de discusión se ha mantenido el mismo tono. El bloque oficialista, que saltó todos los trámites legislativos para aprobar la disposición en tiempo récord, ha sostenido la defensa férrea de la nueva disposición de autoría presidencial. Desde el frente opositor, el apoyo al campo ha sido implacable y la confrontación constante.

Morena y aliados han aprobado un paquete de cambios de última hora, que, según Ricardo Monreal, el coordinador de Morena en la Cámara baja, atiende las demandas de las organizaciones campesinas en el tema de las concesiones. Las modificaciones tiran de tres temas prioritarios para los líderes productores: elimina la transmisión de concesiones entre particulares y la reemplaza por reasignaciones vigiladas por CONAGUA, establece que en herencias y ventas de tierra se conservarán los derechos de volumen, uso y plazo, y posibilita la regularización de pozos y títulos existentes, con la promesa de que las nuevas reglas no tengan retroactividad en los trámites iniciados. Los campesinos y la oposición no están conformes.

El núcleo del conflicto recae en que las concesiones para el uso del agua ya no podrán ser transmitidas entre particulares, teniendo que volver al Estado para que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) las pueda reasignar. La justificación para esta prohibición es acabar con el mercado ilegal de concesiones que se ha creado en el país. De acuerdo con los campesinos, esto les imposibilitará heredar o vender sus tierras, ya que sin el permiso para uso del agua no tienen valor. Dando ventaja a las grandes empresas que obtendrán sus tierras a precios irrisorios. Este punto no ha sido tocado en su esencia. “Los derechos amparados en las concesiones y asignaciones no serán objeto de transmisión”, se ha mantenido. “Hubiéramos quedado satisfechos si en el artículo 22 se le quitara la frase textual: “los derechos amparados en las concesiones y asignaciones no serán objeto de transmisión”. Con eso hubiéramos quedado satisfechos”, ha dicho Rubén Moreira, el líder del PRI. Un punto de coincidencia con los campesinos.

El golpe en la mesa de la presidenta Sheinbaum para mantener el espíritu de su propuesta en el tema de las concesiones y no ceder a las presiones de las agrupaciones agrícolas ha sido atendido, rompiendo con ello los acuerdos que el Legislativo hizo con los líderes del campo. El diálogo se ha roto y las posibilidades de retomarlo son casi nulas. Una estela de traición ronda los pasillos del Congreso. Los campesinos han sido embaucados, acusan. Las promesas de ajustes a la legislación ofrecidas por el oficialismo la semana pasada no se materializaron, no hay más.

La oposición ha respaldado la protesta y ha replicado el acento. En el debate, el intercambio de culpas no ha faltado. Legisladores de los dos frentes han revelado intereses personales en el acaparamiento del agua. Los ejemplos han sobrado. Entre ellos, el de Olga Sánchez Cordero, la ministra de la Suprema Corte en retiro y hoy diputada por Morena. “Mientras los agricultores del norte viven con pozos secos y sin crédito, una sola familia cercana al poder, la de la exministra de la Corte, Olga Sánchez Cordero, acumula más de 2,6 millones de metros cúbicos al año en Nuevo León. ¿Desde cuándo los notarios públicos necesitan concesiones de agua para su función?”, lanzó la panista Annia Gómez. El oficialismo buscó la revancha. “Este angelito priista de esta industria, Agroindustrias DUM, 50.100.000 metros cúbicos acaparados, César Duarte del PRI”, dijo el morenista Gabriel García. El expresidente Vicente Fox también ha salido en el debate con 14 títulos de 13.144 metros cúbicos en su poder.

Las bancadas del PRI, PAN y Movimiento Ciudadano han dado los votos en contra. Las abstenciones, cinco en total, han llegado de legisladores de Morena, el PT y una de la diputada independiente del Movimiento del Sombrero, Araceli Mendoza. La inconstitucionalidad de la legislación se ha puesto sobre la mesa. El coordinador del PRI, Rubén Moreira, advirtió que la ley está en terreno inconstitucional porque no se consultó a los pueblos indígenas.

Los campesinos se han mantenido expectantes, mientras delinean la hoja de ruta que seguirá a la aprobación de la ley. El Senado está listo para recibir el proyecto y replicar la misma fórmula de su contraparte esta misma tarde. El bloque oficialista aplicará su mayoría para saltar todos los trámites legislativos y aprobar contrarreloj la legislación que tiene el marcaje personal de la presidenta Sheinbaum.