La red ligada al dueño de Miss Universo ilustra la falta de controles en el sector de la seguridad privada

Hace justo un año, en diciembre de 2024, Jacobo Reyes León y Jorge Alberts Ponce estaban contentos. Los negocios marchaban. El primero supervisaba una importante operación de contrabando de diésel por la frontera sur de México, desde Guatemala. El segundo gestionaba unos contratos en la alcaldía de Cuajimalpa, en la capital, y controlaba una serie de invasiones de predios en la zona metropolitana. Los dos hablaban a menudo. Alberts manejaba además varias empresas de seguridad y tenía aceitada la maquinaria para conseguir armas, licencias y permisos de portación. Reyes le pedía armas u hombres a menudo, aunque a veces también funcionaba al revés. Se sentían poderosos. Uno de aquellos días, Reyes llegó incluso a decir, en una conversación por teléfono, que el que “traía los huevos” ahora era él. Si alguien mandaba, quería decir, era él mismo.

Las cosas no hicieron más que mejorar para ambos. Acusados ahora de delincuencia organizada, parte de una red vinculada al dueño de Miss Universo, Raúl Rocha Cantú, Reyes y Alberts aún consiguieron cerrar varios negocios antes de que acabara el año. El 17 de diciembre, el segundo le dijo al primero que la alcaldía Cuajimalpa, en manos de Carlos Orvañanos, de la coalición PRI-PAN-PRD, le había dado contratos de “fumigación”. Alberts añadía que les iban a dar también la “limpiada, seguridad y que están viendo qué les pueden dar de obras”. Reyes le contestó que “ya casi son dueños de Cuajimallpa”. El mes mejoraría aún, cuando, cuatro días más tarde, Reyes consiguiera hacerse con una franquicia de Segurimex, una empresa de seguridad, que se añadiría a la colección de la pareja.

La vertiente de la trama que atañe a las compañías de este sector funcionaba en paralelo a la principal, y quizá también más rentable, centrada en el huachicol. Además de Segurimex, en manos de Reyes, Alberts controlaba Servicios Terrestres de Seguridad Privada S.A DE C.V. (SETER), Servicios Especializados de Investigación y Custodia, S.A. de C.V., Servicios Integrales Valbon SA DE CV y Dinámica Seguridad Privada Consultores S.A. DE C.V. Este grupo de marcas funcionaba como una sola y escondía un esquema de tráfico de armas. El cúmulo mercantil tenía relación con otros empresarios del gremio, y con un grupo de conseguidores, personas que les ayudaban a obtener permisos para las armas y licencias. Según las conversaciones recogidas en la investigación, a las que ha tenido acceso EL PAÍS, este grupo tenía capacidad de abrir puertas en diferentes dependencias del Estado, principalmente la Secretaría de la Defensa, que se encarga de todo lo que tiene que ver con armas de fuego en el país.

Los tejemanejes de estas empresas, orquestados por Alberts, iluminan por una vez una industria opaca. Durante años, dependencias federales y de diferentes estados han contratado con compañías del sector, cuya actividad ha sido difícil de rastrear. Es el caso de Cusaem, por ejemplo, que durante los años de la presidencia de Enrique Peña Nieto (2012-2018) obtuvo contratos con diferentes dependencias por más de 1.000 millones de pesos, siempre bajo sospecha. En uno, por ejemplo, la extinta Policía Federal requirió sus servicios para cuidar algunas de sus sedes, durante tres meses, trabajo por el que pagó 801 millones de pesos. En un informe sobre ese contrato, la Auditoria Superior de la Federación concluyó que la Policía Federal “no acreditó la prestación de servicio por el cual se efectuaron los pagos de 801 millones de pesos”.

Por otro lado, funcionarios públicos de dudosa trayectoria, por usar un eufemismo, también se han valido de empresas de seguridad para hacer negocios. Sin ir más lejos, el mismo Hernán Bermúdez, alias comandante H, secretario de Seguridad de Tabasco de 2018 a 2024, preso ahora por liderar una organización criminal, en paralelo a su actividad policial, encaja en este esquema. Años antes de llegar a secretario, Bermúdez, que llegó al puesto de la mano del actual líder de Morena en el Senado, Adán Augusto López, creó cinco empresas de seguridad que consiguieron contratos millonarios con dependencias públicas, principalmente con la delegación de ISSTE, en ese Estado.

Las empresas de seguridad del caso Miss Universo muestran las bambalinas del negocio, en este caso su parte oscura, presuntamente ilegal. En las llamadas transcritas en la investigación, de finales de 2024 y principios de 2025, Reyes y Alberts hablan habitualmente de armas que tienen que recoger en un sitio o mandarlas a otro; de hombres que necesitan para una u otra empresa, de algún conseguidor que fabrica cartuchos, de cuánto cobran por rentar armas y licencias… A veces, también, uno u otro hablan con terceros, parte de su cadena del tráfico de amas, para comentar uno u otro aspecto del negocio. Así, por ejemplo, un tal “Omar” le pregunta en enero a Reyes que a “cuánto sale a licencia ahí con ustedes”. Reyes le responde que la portación sale en 11.000 pesos al mes. Omar contesta que está caro y Reyes, hombre de negocios, dice que le puede ofrecer, “380, tenemos subametralladoras y [armas] cortas.

Las llamadas así son habituales. El 9 de enero, un hombre no identificado llama a Alberts y le pregunta que “en cuánto salen seis armas para escolta”. Alberts responde que “del depósito del arma son 23 varos por cada una, de trámite 9.000 por arma y la mensualidad de 9.500”. Su interlocutor pregunta que de qué tipo son las armas y Alberts contesta que “Glocks, Ceskas, Beretta, Tanfoglio, Mexica y Mendoza”. Ocho días más tarde, otro hombre llama a Alberts y le dice que “trae pendiente lo de las armas de Juárez”. Alberts contesta “que eso le urge”, y el otro confirma que “también le urge coronar eso la siguiente semana”.

La parte de la cadena que negocia licencias y demás con autoridades se refleja igualmente en las conversaciones del grupo. El 21 de enero, una persona no identificada “sale de una reunión con la Secretaría de la Defensa para destrabar algun problema con las licencias de armas. Esta persona le dice a Alberts por teléfono que sí, que los van a ayudar. Alberts le pide que les diga que a las 15.00 tendrá feria [dinero] porque pasará con los abogados y que a las 16.00 se lo manda con Basurto”, su escolta. La persona le dice que sí, “y que hay que estar preparados porque luego, luego hay que pagar la multa y lo de ellos”, en referencia a un posible soborno. Alberts pregunta que cuánto tiempo más sería hasta que el problema se destrabe. La otra persona contesta que de ocho a 15 días, “para que tengan el paro bien hecho”. Y Alberts concluye que ‘sí, y ya que nos suelten armas otra vez”.

Una de las personas importantes para la trama en este aspecto es el “capitán Julián Cortés”, que a veces llaman solo Capi, o capi Julián. Un día de enero, por ejemplo, Reyes y Alberts están hablando de un envío de armas que tiene que llegar de Tijuana. Alberts dice que “llegan 16 armas hoy en la noche“. Reyes no le dice nada de eso, pero contesta que el “capitán Julián le va a dar dos [armas], si saca cuip de Valvon o de Seter”. Con cuip, Reyes se refiere a Clave Única de Identificación Permanente, un número asignado por el Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública. Valvon y Seter son empresas de la trama. Alberts le pregunta que para quién son, y Reyes responde que “son para su cuate que tiene la tienda de ropa ahí en Pachuca”.

Antes, en diciembre, los dos líderes de la trama comentan que un empresario del gremio, mencionado decenas de veces en la indagatoria, pero que de momento no ha sido acusado, y el capitán Julián “son quienes venden las armas”. En otra llamada de diciembre, Capi instruye a Alberts sobre cómo abrir más puertas en la Secretaría de la Defensa: “Normalmente, a la gente de SEDENA en diciembre les mandan presentes de todos los clientes, y que aprovechan para tender redes”. Todo lo dicho se dice con absoluta tranquilidad, partiendo de la lógica que planteaba el mismo Reyes: el que trae los huevos ahora es él. A veces llega a sorprender la cantidad de información que dicen sin problema alguno por teléfono.

Aunque la situación parece siempre controlada, a veces muestran cierto temor a que alguna situación se descontrole, o a las consecuencias de alguna venta de armas o licencias. El día de Reyes de 2024, Reyes llama a Alberts y le pregunta si sabe “que el Pakistaní trae puras armas del Cartel del Golfo”. El otro no sabe de qué le habla. Reyes se exaspera: “¡Tú lo armaste! (...) Son los que andan con el Cape”, y le dice que busque en internet “CAPE 25 CARTEL DEL GOLFO”. El problema, al parecer, es que un colaborador, al que llaman Loco y fabrica cartuchos de fusil R-15, anda preocupado por un posible decomiso a este grupo. “Los pararon a todos de culo allá, wey”, le dice Reyes a Alberts, sobre los decomisos a este grupo, en Tamaulipas. Reyes continúa: “Y pasaron pinches portaciones de ustedes, wey”. Alberts empieza a entender. “Pero, ¿de Seter o Seiza?”, pregunta, sobre si el origen de las armas es una de sus empresas u otra. Reyes le confirma que es de Seter.

Sobre El Loco también hay información inquietante. En una conversación de diciembre, entre Reyes y uno de sus subordinados, principalmente para la operación de huachicol, Daniel Roldán, hablan de él. Reyes le dice a Roldán que “El Loco tiene esa madre para hacer cargadores”. Añade que “hasta hace armas” y que “ya tiene cuatro maquiladoras”. Roldán le pregunta entonces a Reyes “si le da vía para sacar lo de las balas y lo de los cargadores, para hablarle mañana al de Sedena”. Reyes contesta que sí, y que, de hecho, “él tiene las máquinas, y menciona que ha estado fabricando como 1.000, 1500 cargadores de R-15 a la semana”.