El ‘caso Colosio’ revive con la recaptura del “segundo tirador”

Otra vez Colosio, otra vez el segundo tirador y, nuevamente, un enredo de expedientes y resoluciones judiciales que se actualiza en medio de una crisis. La detención de Jorge Antonio Sánchez Ortega, un exagente de inteligencia, vuelve a remover uno de los misterios más manoseados de la política mexicana: el asesinato del candidato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio Murrieta.

La detención ocurrió el sábado 8 de noviembre en Tijuana, el lugar donde el 23 de marzo de 1994 fue asesinado Colosio, y se dio justo cuando el Gobierno enfrenta una crisis de credibilidad por el homicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo. A las suspicacias por el uso político del caso, lanzadas desde el PRI, se suma la opacidad de la Fiscalía General de la República que, una semana después de que fue reportada la detención, aún no emite información oficial al respecto. Una semana después de la reaprehensión de Sánchez Ortega, el juez Daniel Marcelino Niño Jiménez dictó ayer el auto de formal prisión por el delito de homicidio calificado, validando indicios que habían sido desestimados durante años.

El PRI, el partido que se quebró luego del asesinato de Colosio, acusa al gobierno de revivir el caso para desviar la atención hacia el pasado. “¡Otro distractor de la narcodictadura terrorista y comunista! MORENA revive el caso Colosio como caja china para tapar el cochinero en el que tienen hundido al país. Tan miserables, que usan la memoria de un priista excepcional para cubrir su ineptitud”, reaccionó el dirigente nacional priista, Alejandro Moreno, inmediatamente después de la detención.

No es la primera vez, en tiempos de la 4T, que la Fiscalía a cargo de Alejandro Gertz Manero revive la teoría del segundo tirador en Lomas Taurinas. El 29 de enero de 2024, acusó al juez quinto de distrito de procesos penales federales, Jesús Alberto Chávez, de negar la orden de aprehensión en contra del segundo tirador, para encubrir el supuesto complot.

“El juez actuó con evidente parcialidad y quebrantando los principios obligatorios de valoración y análisis del gran acervo de pruebas presentadas por la FGR, que implican a Jorge Antonio S, agente del CISEN asignado a cubrir al candidato presidencial, y quien fue liberado en aquellos momentos en un evidente encubrimiento delictivo, en el que estuvo vinculado directamente Genaro G, quien era subdirector Operativo en el propio CISEN y fue quien lo rescató en Tijuana”, señaló la Fiscalía, que el mismo día anunció que apelaría la resolución judicial ante un tribunal colegiado.

Al día siguiente, el presidente Andrés Manuel López Obrador leyó íntegro el comunicado de la FGR en la conferencia mañanera, y dedicó casi una hora a comentar el asesinato de Colosio, la detención y posterior liberación del segundo tirador, y la famosa teoría del complot, que desde aquellos años se ha contrapuesto a la versión oficial del asesino solitario, Mario Aburto. El caso le sirvió a López Obrador para traer a la memoria a dos de sus villanos favoritos en una sola trama: el expresidente Carlos Salinas de Gortari y Genaro García Luna, secretario de Seguridad de Felipe Calderón preso en Estado Unidos por sus nexos con el Cártel de Sinaloa.

“Si es un tirador solitario, esa es una motivación personal, pero si interviene otra persona, y además es de una institución del Estado, ya hay una connotación distinta”, especuló el presidente, “hay que agregar que, a este personaje, según la investigación de la Fiscalía, quien va a rescatarlo es nada más y nada menos que Genaro García Luna, que trabajaba en el CISEN…”.

Justo ese día, el periodista Tim Golden publicaba en ProPública una investigación -basada en fuentes anónimas- en la que se aseguraba que la agencia antidrogas de Estados Unidos investigó supuestas aportaciones del narcotráfico a la campaña presidencial de López Obrador en 2006, una versión que el presidente desmintió con vehemencia durante los primeros meses de 2024.

Hoy, un año medio después de que un juez le negara a la FGR la orden de aprehensión, el nombre de Sánchez Ortega vuelve a la opinión pública, sin el mismo reflector que le dio López Obrador en enero de 2024, pero con una detención de por medio. Hasta el momento, ni la Fiscalía, ni la presidenta Claudia Sheinbaum, han querido referirse al tema, pero los priistas aseguran que todo es una estrategia para desviar la atención de la crisis mediática desatada por el caso Carlos Manzo.

“Es una muy socorrida forma del gobierno de la 4T de evadir sus responsabilidades presentes: remitir permanentemente al pasado para justificar sus incapacidades, su falta de acción, sus vicios del presente”, afirma Dulce María Sauri, presidenta del PRI entre enero de 1999 y marzo de 2002.

Sauri fue gobernadora de Yucatán y diputada federal antes de dirigir al PRI, y recuerda cómo el caso Colosio traumó a su partido y al gobierno de Ernesto Zedillo (1994-2000), que encaró el asunto con cuatro fiscales especiales: Miguel Montes, Pablo Chapa, Olga Islas y Luis Raúl González Pérez. Este último entregó en septiembre del 2000 un informe de cuatro tomos en el que analizó a fondo la teoría del segundo tirador, sin poder confirmarla.

“En ese momento, como priista y como persona, para mí fue enormemente difícil aceptar el hecho de que una persona del perfil de Mario Aburto, una sola persona, pudiera haber cambiado el rumbo de un país. Para mí era muy difícil aceptarlo. Por eso era más humano tratar de encontrar una explicación en un complot, y por eso ahora no sorprende ese afán de regresar al tema; por eso recurren a ello. Pero, a ver, una pregunta: una persona que fuera culpable, ¿es creíble que se hubiera quedado a vivir en Tijuana?”, cuestiona Sauri.

¿Quién es Sánchez Ortega?

Han pasado más de 31 años desde aquella tarde de miércoles, 23 de marzo, en Lomas Taurinas, cuando el agente del Centro de Inteligencia en Seguridad Nacional (CISEN), Jorge Antonio Sánchez Ortega, fue detenido cerca de la escena del crimen con la chamara manchada de sangre -presuntamente del candidato herido- y residuos de plomo y bario en sus manos.

Tres décadas desde su detención y su posterior liberación, ocurrida en circunstancias totalmente anómalas: lo dejaron libre en unas cuantas horas, sin un interrogatorio profesional y serio (el expediente dice que sólo se le hicieron cinco preguntas) y a pesar de haber dado positivo a la prueba de Harrison, que delata a quienes acaban de disparar un arma de fuego.

En el informe de la Subprocuraduría Especial del Caso Colosio, que se presentó en los últimos días del sexenio de Ernesto Zedillo, hay un capítulo sobre las evidencias que pudieron haberse alterado o destruido y las insuficiencias y omisiones tras seis años de investigación, en el que se lee textualmente: “se omitió practicar la prueba de absorción atómica a Jorge Antonio Sánchez Ortega, para confirmar que disparó un arma de fuego, ante su afirmación de que no había disparado en dos años. También se omitió dar fe ministerial de mancha de sangre en las chamarras de Sánchez Ortega y de Mayoral Valenzuela, así como se decretó la libertad de estos dos en forma precipitada”.

Sin embargo, en el documento se concluye que esas dudas no pueden considerarse como indicios para confirmar que hubo un segundo tirador, y tampoco que ese presunto atacante fuera Sánchez Ortega, quien declaró que estaba a 200 metros de Colosio cuando ocurrieron los disparos y que su chamarra se manchó de sangre por accidente, cuando el candidato herido era trasladado de una ambulancia a una camioneta para poder sacarlo de Lomas Taurinas, donde la muchedumbre entorpecía el paso de los vehículos.

El exagente del CISEN lo narró así, en su atropellada declaración ministerial: “Este cambio de vehículos ocurrió aproximadamente a 300 metros del lugar donde había recibido los disparos... Dicho movimiento de traslado de manera coincidente quedó a la misma dirección en que me encontraba, por lo que al ver que se requería de auxilio… al mover el cuerpo del Lic. Colosio, procedí de manera voluntaria a intervenir en esta acción, resultando impregnado y manchado de mis ropas en el brazo izquierdo, no percatándome de esto en ese momento en virtud de la participación que había hecho. Una vez en la ambulancia, ésta partió con rumbo al lugar donde sería atendido de sus heridas el Lic. Colosio”.

En el tomo III del informe, titulado Posibles cómplices y encubridores, hay un capítulo dedicado a Jorge Antonio Sánchez Ortega en el que se concluye que “no existen indicios que lo vinculen con el crimen” y que su presencia en Lomas Taurinas se debió a una instrucción de sus superiores, para cubrir desarmado el mitin del candidato priista y hacer un reporte, “sin que haya evidencia de que fuera enviado con algún propósito diverso”.

Para el momento en que ese informe se hizo público (septiembre del año 2000), Sánchez Ortega estaba libre y, según documentó años después la revista Proceso, después del asesinato de Colosio siguió trabajando para el CISEN. Fue asignado a Sinaloa, luego a labores administrativas en su natal Baja California y finalmente a Coahuila.

Después de eso pasó inadvertido durante casi dos décadas, hasta que la FGR decidió reabrir el expediente y solicitar su vinculación a proceso.