Organizaciones civiles y familiares de desaparecidos piden al Gobierno mexicano “corregir” su posición de contradecir a la ONU

Más de un centenar de asociaciones y colectivos de familiares de desaparecidos y miembros de la sociedad civil en todo México han firmado una petición al Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum para que trabaje en conjunto con el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU (CED por sus siglas en inglés), que el pasado mes de abril activó un procedimiento debido al carácter generalizado y sistemático de las desapariciones en el país. “Hacemos un llamado al Gobierno a corregir su equivocada posición con respecto al CED, y en lugar de contradecirlo, cooperar con el mismo y con la comunidad internacional para erradicar de fondo las causas de las desapariciones y garantizar la verdad, la justicia y la reparación a las víctimas”, dijeron en un desplegado publicado este martes.

Es la más reciente demostración de una escalada de discrepancias entre el Gobierno mexicano —que ha desplegado toda su maquinaria contra la ONU para negar que las desapariciones en el país sean sistemáticas— y los colectivos de familiares de personas desaparecidas y las asociaciones civiles que las acompañan para llegar a un consenso sobre el origen de los agentes que son partícipes y autores de las desapariciones en el país, que en cifras actualizadas ya tiene un registro de casi 134.000 personas en esa categoría (desaparecidas y no localizadas), de acuerdo con la Comisión Nacional de Búsqueda.

En el mes de abril, el CED anunció la activación de su artículo 34, una acción que lleva a cabo por primera vez en su historia, con el siguiente argumento: “El comité recibió informaciones que indican que la desaparición forzada se lleva a cabo de manera general o sistemática bajo jurisdicción de México”, así lo anunció el presidente del organismo, Olivier de Frouville. Activar este mecanismo permite llevar “la cuestión, con carácter urgente, a la consideración de la Asamblea General de las Naciones Unidas, por medio del Secretario General”.

Este procedimiento no es inmediato. Requiere que la ONU solicite información a México, que el Estado conteste y después valorar si este tema es elevado ante la Asamblea General. La reacción del Gobierno mexicano llegó rápidamente a través de la Secretaría de Gobernación: “El Gobierno mexicano no consiente, permite u ordena la desaparición de personas como parte de una política de Estado”, publicó. Además de negar esta política de Estado, que no fue mencionada por Naciones Unidas, la Secretaría afirmaba que se había “anunciado la puesta en marcha de acciones contundentes”, sin precisar más.

El pasado 23 de octubre, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) siguió en esa línea y publicó un comunicado en el que volvía a rechazar las afirmaciones del CED: “La SRE reitera que, si bien somos uno de los países más abiertos al escrutinio internacional, como lo demuestra la ratificación de todos los Tratados de Derechos Humanos, las afirmaciones emitidas por el CED carecen de sustento y no son admisibles”. Además, ahondaba: “El fenómeno de la desaparición forzada en México está principalmente vinculado con la delincuencia organizada. Por lo que corresponde al Gobierno, se implementa una Estrategia Nacional de Construcción de Paz y Seguridad, al tiempo que se avanza y robustece el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas”.

“Una postura equivocada”

Las familias y organizaciones civiles concuerdan con que la mayoría de desapariciones en el país son obra de agentes delincuenciales o del crimen organizado. “Sin embargo, no coincidimos, por no estar apegado a la realidad jurídica, internacional y nacional, ni a la realidad sociológica del país, que las desapariciones forzadas que ocurren actualmente en México no se encuentran asociados directa o indirectamente con la responsabilidad del Estado”, puntualizan.

En el desplegado, los colectivos y familiares recuerdan las precisiones formuladas por el CED sobre lo que es una desaparición forzada. En ellas se especifica que, cuando una privación de la libertad es cometida por un particular que actúa con autorización, apoyo o aquiescencia de agentes gubernamentales de cualquier sector o nivel, “constituye propiamente una desaparición forzada”.

Y precisan: “En un estado federado, como México, agentes de cualquier sector significa servidores públicos, ya sean federales, estatales o municipales, de cualquiera de los poderes, ya sean ejecutivo, legislativo, judicial, o de órganos constitucionales autónomos, o de cualquier índole, independientemente de que sean de alto o medio o bajo nivel. Cualquier ‘servidor público’ es un agente del Estado para los efectos de la Convención Internacional en la materia”.

En marzo pasado, organizaciones y colectivos realizaron un informe a solicitud del CED sobre desapariciones generalizadas o sistemáticas en el país, en el que comprobaron que la gran mayoría de las desapariciones en México son desapariciones forzadas. “Muchas de ellas son perpetradas directamente por agentes estatales de cualquier sector o nivel, y también, otras, tal vez la mayoría, son cometidas por agentes delincuenciales que actúan con autorización, apoyo, y, sobre todo, aquiescencia de agentes del Estado”.

“Por ello, creemos equivocada la postura que ha adoptado el Gobierno de la República en relación con el inicio del procedimiento [del CED], aduciendo que la aplicación de tal dispositivo es solamente para casos excepcionales, con lo cual parecería que la posición del Gobierno de México es que la gravísima situación de las desapariciones, no es excepcional en nuestro país, o que el CED no está actuando de acuerdo con criterios objetivos”, concluyen.