El Congreso de México vota la nueva ley de aduanas en pleno escándalo por el huachicol fiscal

El Congreso de la Unión vota este martes la nueva ley de aduanas enviada por el Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Esta reforma pone el foco en nuevas regulaciones para la figura del agente aduanal, cargándola con mayor responsabilidad, nuevas multas y una fiscalización más frecuente por parte de las autoridades, además de fomentar la digitalización en las aduanas y otros mecanismos más técnicos. El proyecto pretende que, con mayores controles, se pueda detener la fuga de capitales para el erario público que suponen las operaciones de contrabando.

Uno de los mayores cambios es, si la nueva legislación entra en vigor, que desparecerán las “Causas excluyentes de responsabilidad del agente aduanal”, haciendo que estos operadores y las agencias aduanales sean siempre responsables, junto con las empresas importadoras y exportadoras, de que los productos estén dentro de la fracción arancelaria correcta y que se paguen los impuestos correspondientes. Combinado esto con un aumento de las sanciones y multas, busca que los agentes aduanales, un eslabón clave en las operaciones de contrabando, dejen de ser partícipes en estos esquemas. Esta figura es una persona autorizada por el Servicio de Administración Tributaria en México que representa a los importadores y exportadores y asegura el cumplimiento de la ley.

Llamada oficialmente “Proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Aduanera”, esta reforma está marcada por el objetivo de la presidencia de lograr una mayor recaudación en las aduanas, así como aumentar la seguridad en las fronteras comerciales. Las aduanas llevan en el ojo público desde el inicio del nuevo curso político, debido a su papel central como escenario del enorme escándalo de corrupción del contrabando de combustible.

A principios de septiembre, el Gobierno de Claudia Sheinbaum dio el mayor golpe a la corrupción de este sexenio al anunciar el desmantelamiento de una red de contrabando comandada por marinos de alto rango, que usaban su influencia para poner a gente de su confianza en puestos clave de aduanas. La trama estaba integrada tanto por militares como por funcionarios de aduanas, agentes navales y aduanales y empresarios, y se dedicaba a introducir de forma ilegal millones y millones de litros de combustible sin pagar impuestos.

El proyecto de reforma se centra en crear nuevos controles y mayores multas en las aduanas para aumentar la recaudación fiscal. Solo en lo que va de 2025, el Servicio de Administración Tributaria cuantificó un daño fiscal de casi 23.000 millones de pesos, sobre 1.150 millones de dólares, en los diferentes expedientes abiertos por contrabando y evasión de impuestos. Todo esto ocurre mientras el Gobierno busca aumentar sus ingresos sin subir los impuestos a los contribuyentes.

La Comisión de Hacienda en el Congreso modificó (ligeramente) la iniciativa mandada por Presidencia. La gran diferencia tiene que ver con el plazo de duración de las patentes de los agentes aduanales. La iniciativa presidencial marcaba una duración de diez años, prorrogables a otros diez, pero el dictamen lo sube a 20 años prorrogable a otras dos décadas para darle a este colectivo, integrado por unos 800 agentes aduanales, mayor seguridad laboral. Actualmente, las patentes aduanales tienen una vigencia indefinida.

Además, mientras que la propuesta de presidencia marcaba que los importadores tendrían que garantizar el pago de sus cuotas y demás gravámenes depositando el dinero en un banco o institución financiera, los diputados corrigieron para que se pueda usar una carta de crédito.

En el resto, lo que va a llegar al Pleno del Congreso se mantiene, como es costumbre, casi idéntico al texto de la iniciativa presidencial. Por ejemplo, se va a crear un Consejo Aduanero, presidido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y formado por funcionarios del Servicio de Administración Tributaria (SAT), de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) y de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, que se encargará de decidir sobre las patentes aduanales y su gestión. Las causas para inhabilitar, suspender, cancelar o extinguir estas patentes se amplían, así como las sanciones a los recintos fiscalizados estratégicos—un inmueble privado habilitado que bajo la autorización de la ANAM sirve para introducción temporal de mercancías nacionales y extranjeras— en caso de que liberen mercancías sin que se hayan pagado todos los impuestos.

También propone, entre otros aspectos más técnicos, impulsar la digitalización total de las aduanas, para tener un mayor control de las mercancías, y se da carta blanca a la Agencia Aduanal para firmar convenios con la la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, liderada por Pepe Merino, el gurú de Sheimbaun en temas de tecnología informática, para mejorar los sistemas y el análisis de datos aduaneros. La reforma ha sido contestada desde varias organizaciones del sector, que acusan que habrá una regulación excesiva que asfixiará las operaciones de comercio.