Las acusaciones de corrupción del Mayo apuntan a los gobernadores de Sinaloa

La comparecencia de Ismael El Mayo Zambada ante la justicia de Estados Unidos obliga a repasar las extrañas circunstancias en las que fue entregado a las autoridades del vecino del norte, en julio del año pasado. El veterano líder del Cartel de Sinaloa denunció que fue secuestrado, tras ser llevado con engaños por sus propios socios a una supuesta reunión en la que, le dijeron, estaría el gobernador del Estado, Rubén Rocha, de Morena. El objetivo, según la versión del capo, era resolver el añejo conflicto político entre el mandatario y Héctor Melesio Cuén, un personaje de larga trayectoria en Sinaloa y rival de Rocha, quien también estaba convocado al cónclave. El gobernador nunca se apareció, y Melesio Cuén fue asesinado. La polémica envolvió a Rocha. El mandatario negó saber de ese encuentro, y dijo que le mintieron al narcotraficante sobre su asistencia. Rocha tenía una coartada: estaba fuera de México al momento de los sucesos, y fue cobijado por la cúpula de su partido y el Gobierno. La extraña mención a ambos políticos en la saga del Mayo revela al menos una cosa: la vinculación del narco con la política de altos vuelos en Sinaloa.

Otro elemento aportado por el mismo Zambada muestra la relación de funcionarios de Rocha con el Cartel de Sinaloa. Un integrante de su equipo de seguridad, José Rosario Heras López, era un agente activo de la Fiscalía del Estado. El hombre fue secuestrado y a la fecha continúa desaparecido. Otro elemento de la guardia pretoriana del Mayo, Rodolfo Cháidez, también desaparecido, fue policía de investigación de la misma institución, aunque había renunciado hace años. A todo ello hay que sumar que la propia Fiscalía estatal, en sus primeras investigaciones sobre el asesinato de Cuén, planteó una versión que intentaba desligar el crimen del sitio donde ocurrieron los hechos y de los personajes —los narcos— involucrados. Tuvo que intervenir la Fiscalía General de la República (FGR) para desbaratar aquella pantalla, no sin acusar expresamente que se trató de un intento por manipular la verdad.

El Mayo Zambada declaró ante la justicia de EE UU que, durante años, pagó sobornos a policías, comandantes militares y a políticos para garantizar el buen funcionamiento de su negocio ilícito de tráfico de drogas. El capo no ofreció nombres, y ello dio lugar a las especulaciones y al cruce de reclamos entre el oficialismo y la oposición. El Gobierno de Claudia Sheinbaum se ha escudado en esa ambigüedad, aunque, este miércoles, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, ha señalado que, en todo caso, los funcionarios corrompidos eran oficiales pertenecientes al ámbito estatal o municipal, lo que ha arrojado todas las luces a los gobernantes de Sinaloa, en su mayoría del PRI, ahora de Morena. “No hemos tenido, al momento, ningún militar, ningún marino involucrado en este tipo [de asuntos]”, ha afirmado Harfuch. “Normalmente, las detenciones y los involucramientos que hemos tenido, incluyendo de homicidios de funcionarios locales, han sido más en policías municipales y policías estatales”, ha agregado.

Que los narcos sobornen a funcionarios públicos no es de extrañar. Es lo que explica en gran parte el enseñoreamiento al que han llegado grandes carteles como el de Sinaloa, de acuerdo con los especialistas. Ya en el pasado, otros capos del Cartel de Sinaloa han referido ante la justicia de Estados Unidos el pago de sobornos a funcionarios mexicanos, como demostró el mediático juicio contra Genaro García Luna, el corrupto secretario de Seguridad en el sexenio del panista Felipe Calderón. “El crimen organizado en Sinaloa no se puede entender sin la complicidad de autoridades municipales, estatales y federales. Y voy más allá: también funcionarios de Estados Unidos que permiten que la droga sea movida en ese país, porque son toneladas a lo largo de décadas. Es transversal”, asienta Josué González, especialista en asuntos de seguridad y crimen organizado.

Narcopolíticos, un recuento

Los vínculos de funcionarios públicos locales con el narcotráfico en Sinaloa tienen origen histórico, comenzando con Miguel Ángel Félix Gallardo, fundador del Cartel del Pacífico, que derivaría en el Cartel de Sinaloa. El Jefe de Jefes, su alias, era un policía de la extinta Procuraduría General de la República, hoy Fiscalía. También fue escolta del gobernador sinaloense Leopoldo Sánchez Celis (1963-1968). El 30 de mayo de 1983, la sección de sociales del periódico El Sol de Sinaloa dedicaba una plana a la boda de uno de los hijos del ya exgobernador, donde el padrino fue Félix Gallardo.

Otro caso icónico es el de Jesús Antonio Aguilar Íñiguez, dos veces director de la Policía Ministerial, parte de la Fiscalía de Sinaloa, y que desde 2005 hasta su muerte, en 2020, fue señalado de brindar protección al cartel del Mayo y El Chapo. En 2010 se ofrecieron hasta cinco millones de pesos de recompensa para capturar al mando policial, que estaba prófugo. Un año después, la Fiscalía publicó una “fe de errores” que le permitió a Aguilar Íñiguez regresar a la vida pública. El gobernador Mario López Valdez (PRI) lo nombró director de la Policía Ministerial. “No se puede combatir al crimen con blancas palomas”, dijo el mandatario sobre su fichaje.

Testimonios en Cortes de Estados Unidos, incluidos los de Vicente Zambada Niebla, hijo del Mayo, aseguraron que Aguilar Íñiguez colocaba mandos afines en zonas clave y que el cartel pagaba hasta 50.000 dólares mensuales para resguardar a miembros de la familia Zambada. Fueron protecciones que se otorgaron durante los gobiernos de los priistas Juan S. Millán, Jesús Aguilar Padilla, Mario López Valdez y Quirino Ordaz Coppel, quien fue nombrado por Morena embajador en España.

La Comisión Estatal de Derechos Humanos documentó casos de tortura y desapariciones forzadas cometidas por jefes ministeriales a cargo del polémico mando policiaco. Un caso vincula a Aguilar Íñiguez con el sexenio del morenista Rubén Rocha. El comandante José Rosario Heras López, desaparecido en la supuesta emboscada del Mayo, fue nombrado coordinador de órdenes de aprehensión en la Fiscalía por Aguilar Íñiguez.

“Está en el ADN del Cartel de Sinaloa que haya relaciones con el ámbito político”, señala el académico Josué González. “No es algo nuevo, es un engarce entre la política y la criminalidad de décadas”, añade. El especialista afirma que, pese a las vinculaciones a nivel local, la mayor responsabilidad por el fortalecimiento del narco es de las autoridades federales, pues a ellas les corresponde perseguir los delitos de crimen organizado y tráfico de drogas. “Las fiscalías no están haciendo su trabajo en la investigación de los recursos ni de la influencia del crimen organizado dentro de sus gobiernos”, indica.