El INE levanta la mano para participar en la redacción de la reforma electoral de Sheinbaum

La reforma electoral aupada por la presidenta, Claudia Sheinbaum, avanza sin prisa. La propuesta que busca reformar el sistema electoral mexicano ha iniciado su proceso de construcción y se alista para ver la luz en el Congreso durante el primer cuatrimestre de 2026. La Comisión Presidencial encargada de la operación y de allanar el camino para lograr una iniciativa, —si es posible—, con los mayores consensos, ha dado, este martes, el primer paso del largo camino que tiene de frente para llegar a un producto legislativo. Las fichas se han comenzado a mover. El Instituto Nacional Electoral (INE), a través de sus consejeros, ha logrado el primer acercamiento — con el grupo creado exprofeso— antes de octubre, cuando comienza el periodo de consulta a todos los sectores, de donde se nutrirá la redacción de la reforma — según ha prometido la mandataria—. Mientras, en el otro frente, la oposición y un grupo de expertos electorales levantan la mano para tener voz en el proceso de análisis y elaboración de la reforma y rechazan que se les haya invitado.

En medio del incipiente debate, el oficialismo busca desactivar las alertas que apuntan a la eventual pérdida de autonomía del organismo electoral, que se han encendido en los sectores más críticos a Sheinbaum y a Morena, el partido gobernante. Pablo Gómez, cabeza de la comisión presidencial integrada por pesos pesados del Gabinete, ha insistido en el tema después de la reunión con consejeros electorales en la sede de la Secretaría de Gobernación. “Formamos parte de una corriente histórica en México que luchó siempre y sigue luchando por abrirle camino a la imparcialidad de los órganos electorales, administrativos y jurisdiccionales, esa posición la mantiene el Gobierno de la presidenta Sheinbaum y la mantendrá hasta el final”, dijo.

El INE ha puesto la mano sobre la mesa para que sus propuestas sean consideradas. En la primera reunión que los consejeros han sostenido con la Comisión Presidencial, acordaron la creación de un grupo de trabajo y el envío de una lista de temas técnicos para que se integren a los grupos y mesas de debate antes de iniciar con la redacción de la propuesta. Las prerrogativas a los partidos políticos, —es decir, el financiamiento público–; la permanencia de los organismos públicos locales, —cuya eventual desaparición ha causado preocupación e inconformidad en el órgano electoral—; la autonomía legal y financiera del INE; así como las modalidades de votación, son algunos puntos que la comitiva de consejeros electorales, encabezados por la presidenta del INE, Guadalupe Taddei, han puesto en el debate. “Con ese listado de temas vamos a integrar grupos de trabajo para mantener contacto permanente con el Instituto durante todo este tiempo”, dijo Gómez.

En el frente más crítico al oficialismo, incluso entre los aliados de Morena –el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT)– la defensa es distinta y la aparente disposición de escuchar a todas las voces se mira con recelo. Un grupo de expertos en materia electoral: expresidentes y exconsejeros del IFE, otrora INE, así como antiguos magistrados del Tribunal Electoral, políticos de oposición e intelectuales, mantienen la mano alzada —sin éxito— para ser considerados en el debate. José Woldenberg, Lorenzo Córdova, Ciro Murayama, Leonardo Valdez Zurita, María Marván, entre una larga lista, exigen una reforma con amplio consenso, un debate público incluyente en el que participen partidos políticos, instituciones, Academia y ciudadanía. Bajo la consigna de consenso electoral, buscan que se consideren seis puntos en el proyecto de reforma constitucional que presente Sheinbaum en el Congreso.

Los puntos apremiantes, que a su consideración debe considerarse en la construcción de la enmienda, son el fortalecimiento de los mecanismos de representación política en los cargos de elección popular, que den voz a las minorías —la razón de ser de los legisladores de representación proporcional o plurinominales que la mandataria busca eliminar —; la preservación del Servicio Profesional Electoral Nacional en cada distrito electoral y entidad federativa, para conservar y fortalecer la autonomía e independencia de los organismos electorales; y evitar la elección por voto popular de consejeros electorales. Ni el PAN, la segunda fuerza política en México, ni el resto de la oposición,— PRI y MC— han sido convocados, hasta el momento, a participar en la construcción de la reforma, según ha sostenido el dirigente panista, Jorge Romero.

En el terreno por el que transita la dupla de partidos satélite de Morena, la incertidumbre y la resistencia crecen. El PVEM y el PT se mantienen firmes y no están dispuestos a dar sus votos —indispensables para la aprobación de modificaciones a la Constitución— si la propuesta incluye la reducción inequitativa o la eliminación de prerrogativas y la desaparición de la representación proporcional, según han confirmado a este periódico líderes de ambos partidos. En público, el tono es matizado, el Verde ha propuesto, —como condición— lo que adelantó a este periódico, Arturo Escobar, líder del Verde, que el financiamiento se reduzca y se distribuya en partes iguales entre todas las fuerzas políticas. La reunión entre el INE y la Comisión Presidencial ha empujado a los aliados a pronunciarse. Manuel Velasco, líder y senador del Verde, ha exigido, este martes, que Morena escuche a todas las voces y privilegie el consenso de todos los sectores, incluida la oposición, para impulsar la reforma electoral. “Sí, estamos con esa reforma, pero también decimos que se debe debatir ampliamente, que deben ser tomados en cuenta todos”, zanjó.

En el Congreso, la reforma electoral ha entrado en pausa, no figura en la lista de prioridades para el próximo periodo legislativo que arranca el 1 de septiembre. Morena y la presidenta han puesto la mira, —dependiendo del avance del debate, de los consensos y de las negociaciones — en el segundo periodo del Legislativo que inicia el 1 de febrero y termina el 30 de abril de 2026, para sacar, sin obstáculos, los cambios al sistema electoral que el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador no pudo conseguir por falta de votos y de pactos internos.