Pemex se pierde en el laberinto del ‘fracking’

La primera semana de agosto, el Gobierno de México presentó su Plan Estratégico 2025-2035 para rescatar, otra vez, a Petróleos Mexicanos (Pemex). Entre su batería de medidas proponen “reactivar la evaluación de yacimientos de geología compleja” por su potencial para insuflar nueva vida a las menguantes reservas petroleras del país. Pero la única forma de explorar y explotar estos recursos es el fracturamiento hidráulico o fracking, una técnica criticada por ambientalistas y parte de la comunidad científica y que el director de Pemex aseguró, esa misma semana, que no iban a usar.

“La última estimación oficial arroja un volumen de 113.000 millones de barriles de petróleo de recursos prospectivos. De ese total, el 57% se encuentra en yacimientos no convencionales. Esto representa una oportunidad para elevar las reservas y contribuir a revertir la caída de la producción nacional”, se lee en el Plan 2025-2035. Días después, en el Foro Nacional de Energía celebrado en el Senado, el director de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, tras enfatizar que no van a hacer fracking, comenzó a cantinflear en torno a la necesidad de México de explorar y explotar estos yacimientos no convencionales.

“El problema que tengo es reemplazar yacimientos productivos con yacimientos cada vez menos productivos”, argumentó. “No estamos haciendo explotación de recursos ahorita de yacimientos no convencionales; lo que estamos haciendo es la evaluación de cuánto podríamos obtener, cuál podría ser la producción, cuál la recuperación e ingresos”. En una reciente entrevista con EL PAÍS, la secretaria de Energía, Luz Elena González, también rechazó esta práctica: “Estamos completamente en contra de eso. Nadie está planteando eso. Sin embargo, tenemos que hacernos cargo de que hay que incrementar la producción de gas. Nosotros importamos una cantidad muy importante de gas y tenemos reservas de gas”.

El fracking es una serie de técnicas de extracción de hidrocarburos contenidos en rocas que no se pueden explotar de forma convencional. También sirve para estimular pozos con producción en declive. Básicamente se introduce una mezcla de 90% de agua con arena y aditivos químicos, muchos con alta toxicidad, para fracturar las rocas. En promedio, cada fractura en un pozo requiere 15 millones de litros de agua, que queda inservible para el consumo humano y otros usos.

“Minimizar el impacto ambiental”

“El fracking que ustedes conocieron en la década de los 2000 como el gran boom de los Estados Unidos es muy distinto en la actualidad”, continuó Rodríguez Padilla. “La tecnología para el aprovechamiento seguro de hidrocarburos en yacimientos de geología compleja ha experimentado avances significativos durante la última década, orientados a minimizar el impacto ambiental”, justifica el Plan Estratégico 2025-2035 de Petróleos Mexicanos. Se preguntó a Pemex por su estrategia en relación al fracking, pero a cierre de edición no habían contestado.

“Nosotros lo llamamos Fracking del Bienestar”, bromea Alejandra Jiménez, miembro de la Alianza Mexicana contra el Fracking, un conjunto de organizaciones ecologistas y sociales que llevan 12 años tratando de que México prohíba estas técnicas. “El plan de Pemex es una declaratoria de que quieren y van a desarrollar fracking, pero como saben que ahora no tienen la licencia social, evitan hablar de fracturamiento y dicen decenas de eufemismos como estimulación, yacimientos complejos, yacimientos no convencionales…”. Las preocupaciones principales para estas organizaciones son ambientales, sociales y de salud.

La prohibición del fracturamiento hidráulico fue una promesa de campaña de Andrés Manuel López Obrador que se mantuvo como su compromiso número 75 cuando tomó protesta: “No usaremos métodos de extracción de materias primas que afecten la naturaleza y agoten las vertientes de agua, como el fracking”. Pero, aunque en los hechos el fracking disminuyó radicalmente, esta prohibición nunca quedó reflejada en una legislación. En las Cámaras hubo un total de siete iniciativas para desarrollar leyes secundarias, pero todas fueron desechadas.

En México, el fracking se practicó con frecuencia desde 2003 hasta 2018. En esos 15 años, casi 8.000 pozos habían sido fracturados. En el sexenio de López Obrador y pese a su compromiso, la extinta Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) aprobó en 2019 siete planes para “incorporar recursos de aceites y gas en yacimientos no convencionales” y se fracturaron 93 pozos en Veracruz y Puebla de acuerdo a diversas solicitudes de acceso a la información realizadas a Pemex.

En 2022, cuando estaba al frente de la Secretaría de Medio Ambiente María Luisa Albores, su equipo jurídico, junto a la Alianza Mexicana contra el Fracking y la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), trabajaron durante meses en la redacción de un decreto presidencial para establecer una moratoria del fracking hasta disponer de suficiente evidencia científica para evaluar sus riesgos potenciales y posibles.

“Ese decreto llegó al escritorio de López Obrador, y el presidente dijo que tenía que pasar por la Secretaría de Energía y la de Economía”, recuerda Jiménez, “ahí se paró, no pudimos seguir”. En Energía estaba Rocío Nahle, hoy gobernadora de Veracruz, que se ha manifestado a favor.

En el Plan C de López Obrador, su legado legislativo al Ejecutivo de Claudia Sheinbaum presentado en febrero de 2024, se incluye una reforma constitucional que prohíbe “otorgar contratos o realizar actos administrativos que permitan la extracción de hidrocarburos en yacimientos no convencionales mediante fracturamiento hidráulico” y la minería en cielo abierto. En la exposición de motivos argumentaban que “esta tecnología se encuentra catalogada como una de las más dañinas al medio ambiente a nivel mundial”. Con el plan presentado por Pemex y los discursos de Rodríguez Padilla, todo apunta a que será una herencia que no verá la luz.

“En México tenemos tres grandes zonas relacionadas con yacimientos no convencionales que ya han sido identificados. Uno viene de Estados Unidos, de Texas, y tiene continuidad en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y un poco de Veracruz, y hay otros dos yacimientos importantes en Tamaulipas y un poco del norte de Veracruz”, enumera Alma América Porres, doctora en Geofísica Aplicada y comisionada de la CNH de 2015 a 2022. “Las técnicas que se pueden usar en estos yacimientos son fracturamiento hidráulico; no hay otras”, dice.

Porres explica que, aunque digan que no van a usar fracturamiento hidráulico, la evaluación que anunció el director de Pemex implica usar estas técnicas. “En los yacimientos no convencionales, primero se hace un pozo vertical para ver si las rocas tienen calidad suficiente, y luego se hace una prueba piloto con varios pozos horizontales para probar el fracturamiento y ver cómo va a ser su distribución y la posibilidad de explotar estos recursos”.

“Este tipo de técnicas ha evolucionado a nivel mundial y ya no tiene que hacerse con agua para uso humano, sino que se han ido perfeccionando con menor cantidad y con agua no potable”, asegura, “pero debe haber grandes controles a nivel ambiental con regulación y supervisión; en Estados Unidos, Texas es más libre, pero en Pensilvania las leyes son muy restrictivas; habría que ver qué regulación queremos en México para dejar tranquila a la parte de la sociedad que está preocupada con estas prácticas que han resultado exitosas en otras partes del mundo”.

Justo en Texas, la Comisión de Ferrocarriles, que regula las industrias extractivas, advirtió el mayo pasado que las aguas contaminadas resultado de las fracturas hidráulicas en el Estado están causando un aumento de la presión subterránea que puede dañar tanto las reservas de crudo como las de agua dulce. Cada barril de crudo supone generar cinco de agua contaminada con residuos químicos, lo que ha creado un enorme problema de desechos. Los petroleros usan pozos de desecho para inyectar estos residuos de nuevo a la tierra. La Comisión de Ferrocarriles tiene listados 52.000 pozos para este fin.

La inyección de agua contaminada “ha resultado en aumentos generalizados en la presión de los yacimientos que pueden no ser de interés público y dañar los recursos minerales y de agua dulce en Texas”, dice la Comisión, de acuerdo con Bloomberg. Desde junio, entró en efecto una nueva legislación que pone límites a cuánta agua residual y a cuanta presión puede inyectarse en estos pozos. Los activistas y propietarios de la tierra llevan años advirtiendo de los peligros de estos procesos.