Las políticas de Sheinbaum mejoran levemente la percepción ciudadana sobre la inseguridad

La inseguridad es una de las políticas a las que la presidenta Sheinbaum ha prestado mayor atención desde el inicio de su mandato y la que más la ha diferenciado de su antecesor, Andrés Manuel López Obrador. Día con día se anuncian desde Presidencia logros en la incautación de drogas, desarticulación de laboratorios clandestinos y redes criminales. El narco no estaba tan acosado desde hace tiempo. Sin embargo, la población percibe todavía la inseguridad como el principal problema de México y no solo eso: desde diciembre de 2024 a la fecha, esa sensación ha aumentado, del 45% que lo mencionaba entonces al 51% actual. Si bien es cierto que el pico se alcanzó en marzo, con un 53%, según la encuesta de Enkoll para EL PAÍS Y W Radio efectuada del 19 al 22 de julio.

Los esfuerzos desde la secretaría de Seguridad, a cuyo frente está el secretario Omar García Harfuch, y el seguimiento quincenal que le vienen realizando en las conferencias mañaneras de la mandataria, han generado una leve percepción de mejora entre la población. De acuerdo con los datos obtenidos este mes, un 49% considera que se “va mejorando” en esta área, frente al 46% que lo decía en marzo. En consecuencia, los que opinan que sigue “igual del mal”, han bajado del 50% al 47% en ese periodo.

Empujada por las exigencias del presidente estadounidense, Donald Trump, México se ha concentrado en reducir la violencia asociada a los carteles, con muchos fuegos que apagar. Pero son otros delitos los que le preocupan al ciudadano en mayor medida, los que le afectan a diario, y así lo citan: un 23% habla de robos y asaltos, sea en la calle (17%), en domicilio particular (6%) y transporte público o negocio (5% por igual), entre otros. Mientras que en el caso del narcotráfico, un 12% se refiere al narcomenudeo y un 2% a la delincuencia organizada. Los asesinatos o ejecuciones representan un 9%, los secuestros 7% y la desaparición de personas un 4%, entre otras causas.

Así pues, a pesar de que un 80% aprueba la gestión de la presidenta en sus 10 meses en el cargo, todavía un 51% de la población se siente insegura a causa de la delincuencia (45%), de la violencia que genera el narcotráfico (2%) y el crimen organizado (4%). México atraviesa días difíciles en esta materia, con Sinaloa ardiendo tras la captura de Ismael Zambada, el gran capo del cartel en esa región, que ha ocasionado una guerra con sus antiguos socios, los Chapitos, que deja decenas de muertos cada mes.

La seguridad ha sido la carta de intercambio por aranceles que ha jugado Trump. El republicano anunció, el pasado 12 de julio, la imposición de un arancel, a partir del 1 de agosto, del 30% a ciertos productos y mercancías importados desde este territorio “para lidiar con la crisis del fentanilo causada en parte por el fracaso de México a la hora de frenar a los carteles (…) a la hora de llenar de droga este país”, escribió Trump en su cuenta de Truth Social. El republicano echa la culpa a México por completo del consumo de drogas en su país y de la falta de control de los capos de la mafia.

“México me ha estado ayudando a hacer segura la frontera, PERO lo que ha hecho no es suficiente. México aún no ha detenido a los carteles que intentan hacer de toda Norteamérica un terreno de juego del narcotráfico. No puedo dejar que eso suceda”, precisó.

Un 75% de los mexicanos ha dicho estar enterado sobre el más reciente desplante diplomático de Trump, pero se saben el socio débil, razón por la cual, un 57% coincide en que el camino es “buscar una solución negociada sin aplicar aranceles a productos de Estados Unidos”, mientras que el 31% opina que se deberían “imponer aranceles recíprocos” a los productos que vienen del norte del Río Grande. Un porcentaje menor, de 5% y 1%, considera que se deberían “aceptar los aranceles sin tomar ninguna medida” o “buscar relaciones comerciales con otros países”, respectivamente.

La llegada del magnate al poder vino con una serie de amenazas hacia México para que reforzara la lucha contra los carteles, que él mismo declaró como organizaciones terroristas, y contra el tráfico de fentanilo, una epidemia que deja decenas de miles de muertos al año en Estados Unidos. Sobre estas premisas se sustentaron las distintas amenazas y castigos arancelarios, a pesar de los progresos que Sheinbaum ha demostrado contra el narcotráfico, del despliegue de 10.000 soldados en la frontera y de la entrega de 29 cabecillas del crimen organizado que ya estaban encarcelados para ser juzgados en Estados Unidos.

La presidenta mexicana repite una y otra vez los logros de su gobierno en estos rubros, quizá los más fructíferos en lo que lleva de mandato. “Se ha trabajado mucho en la caída de homicidios, en la incautación de drogas, en la frontera norte y se ha reducido un 50% el paso del fentanilo por la frontera”, dio a conocer durante la conferencia Mañanera del pasado 17 de julio.

A pesar del trato diplomático con que la presidenta ha enfrentado los constantes rifirrafes con Estados Unidos, las críticas por parte de Sheinbaum han comenzado a emerger a raíz del doble discurso en Washington, donde, por un lado, han señalado que no negociarán con terroristas, pero al mismo tiempo han pactado con Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, y miembro del Cartel de Sinaloa, para colaborar con información sobre localización de laboratorios, rutas de trasiego y posibles vínculos del crimen organizado con autoridades mexicanas.

La presidenta, quien cuestionó esas presuntas negociaciones, exigió a su homólogo transparentar los arreglos con el Ratón. Un 58% de la población desaprueba que las autoridades de justicia de Estados Unidos negocien con los líderes de carteles del crimen organizado a cambio de su ayuda en las investigaciones. Un 45% dice estar en desacuerdo, mientras que un 13% se manifiesta “muy en desacuerdo”. Un 32% aprueba este tipo de intercambios.

Otro frente en esta disputa diplomática es el robo de combustible, el huachicol, una de las grandes batallas de México en materia de seguridad. Las acciones del Gobierno para combatir el robo de combustible en el país han sido calificadas como buenas (46%) y muy buenas (12%).

Asimismo, la creciente presencia de exmilitares colombianos para entrenar al narco en México tiene en vilo a las autoridades. La detención de 12 ciudadanos del país sudamericano, relacionados con la muerte de ocho soldados por una mina antipersona en Michoacán, en el centro del país, ha puesto en evidencia la alianza letal que está creando el crimen organizado. Un 52% de la población ve esta situación como un problema muy importante. Un 45% considera al Gobierno de México como el principal responsable, por no controlar el ingreso ni las actividades de exmilitares extranjeros en el país. Un 27% señala a su similar de Colombia, por no dar seguimiento a las actividades de sus exmilitares en el extranjero. Un 18% ve una responsabilidad compartida de ambas naciones.