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Gonzalo Hernández, extitular del Coneval: “A Morena no le parece buena idea la transparencia y la rendición de cuentas de la política social”

El economista critica la desaparición de la institución que mide la pobreza, así como su traslado al INEGI, y adelanta que trabaja con la sociedad civil para, a su juicio, suplir las carencias técnicas

Gonzalo Hernández Licona, en Ciudad de México, en febrero de 2019.
Patricia San Juan Flores

Este año el Congreso mexicano decidió, en una votación precipitada, la eliminación del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), sus funciones, que se centran principalmente en la medición de pobreza y en la valoración de la efectividad de las políticas públicas, las adquirirá el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

De acuerdo con el expresidente Andrés Manuel López Obrador y la presidenta Claudia Sheinbaum, el Inegi es capaz de realizar las tareas del Coneval, sin embargo, los expertos en medición de pobreza advierten que estimar la pobreza y evaluar los programas sociales son tareas complejas y relacionadas con la política.

El doctor en Economía, Gonzalo Hernández Licona, quien fuera secretario ejecutivo del Coneval entre 2005 y 2018, subraya en entrevista telefónica que la desaparición del Coneval supone un retroceso, al tratarse de una de las instituciones que abrieron paso a las transición democrática.

Pregunta: ¿Por qué no es lo mismo que el Inegi mida la pobreza a que la mida el Coneval?

Respuesta: La medición, en materia de pobreza, efectivamente puede hacerla el INEGI, pero el Coneval se crea para tratar de darle a esta medición la objetividad que no tenía cuando un Gobierno no era transparente. Y la medición de la pobreza es particular porque es políticamente muy sensible. Lo que quiso la oposición durante los gobiernos del PRI fue tener una instancia con credibilidad, que se construyó con seis consejeros académicos expertos en medición de pobreza.

Ciertamente, el Inegi puede hacer el cálculo, lo que le faltaría y lo que va a tener que trabajar mucho es en generar su propia credibilidad. En segundo lugar, ninguna institución estadística del mundo hace evaluaciones. No es su función. Una cosa es sacar estadísticas, otra es evaluar la política pública o social. El Inegi va a enfrentarse una tarea que nunca ha hecho, no tiene por qué y sin presupuesto adicional para hacerla. En materia de evaluación vamos a perder mucho en la política social.

P. ¿Qué es lo que se necesita para poder hacer una evaluación correcta?

R. Una metodología sistemática. Va más allá de la estadística porque otorga un juicio de valor y trabaja muy de cerca con las instancias del Gobierno para mejorar. Eso el Inegi no lo ha hecho nunca.

P. ¿Considera que es un retroceso perder al Coneval en este momento?

R. Muchas de las personas que pugnaron hace 25 o 30 años por un Coneval independiente, un contrapeso al Gobierno, son las que hoy están en Morena, que antes estaban en la oposición: Ricardo Monreal, Clara Brugada, Pablo Gómez, Tatiana Clouthier, Alfonso Ramírez Cuéllar, entre otros. Ahora están del otro lado de la mesa y piensan una cosa un poco diferente.

Morena es un partido hegemónico que domina la presidencia, el congreso, las gubernaturas, exactamente lo mismo que hace 30 años. Y por la misma razón no les está pareciendo buena idea tener transparencia, rendición de cuentas y una medición mucho más objetiva de la política social.

Las políticas públicas se prestan mucho a un tema electoral. Repartir dinero es muy provechoso políticamente, pero luego no siempre tiene resultados para la gente. El Coneval lo que hacía era que evaluaba si la política social en su conjunto tenía sentido o qué le faltaba y eso lo vamos a perder.

P. ¿Cómo analiza la política social de López Obrador?

R. Lo que el Coneval decía es lo siguiente: se incrementó el apoyo con dinero en efectivo, ciertamente para muchas familias es importante. Pero se olvidó de la otra parte del derecho, que es la disponibilidad y la calidad de los servicios. Porque una cosa es que tú tengas una beca para ir a la escuela y otra es que inviertan en las escuelas y las hagan de calidad. Una política social basada en derechos implica que haya accesibilidad, dinero y disponibilidad.

P. ¿Cómo se aseguraba la imparcialidad política del Coneval?

R. Había un órgano de gobierno conformado por ocho sillas. Seis de ellas eran ocupadas por académicos de tiempo completo, expertos en política social y en medición de pobreza, que no fueron electos ni por el presidente, ni por el Gobierno, que tenían un respaldo técnico. Otra silla era de la Secretaría Hacienda y otra de la Secretaría de Desarrollo Social (ahora Secretaría de Bienestar), por lo que había diálogo con el Gobierno. Hoy eso desaparece.

P. ¿Tienen las organizaciones de la sociedad civil la capacidad para evaluar los programas sociales?

R. Hemos estado reuniéndonos con instancias como el Centro de Estudios Espinosa Iglesias o la Universidad Ibero para poder tener un frente común e intentar suplir cosas que el Coneval hacía, así como insistir ante el Inegi y las autoridades para que las cosas se hagan mejor. La sociedad civil va a hacer lo que tenga que hacer para supervisar, vigilar, acompañar e incluso hacer evaluaciones para poder tener un contrapeso, exactamente como lo hacía el Coneval. No va a ser del mismo tamaño, pero es el tipo de cosas que estamos planeando hacer.

P. ¿Pudieron anticipar la intención del Gobierno de López Obrador de desaparecer la institución?

R. Lo veíamos como algo muy lejano. Pero lo que nos llegó fue un tsunami. Tampoco pensaba que fuera a abolir el INAI, la Cofece, son cosas que nos costaron mucho trabajo, pero cuando los partidos tienen hegemonía, como Morena, como el PRI hace 70 años, puedes hacer básicamente lo que quieras. La democracia no solamente es votar cada 6 años, es estar alerta y responder, poder exigir, es lo que nos toca hacer ahora.

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Sobre la firma

Patricia San Juan Flores
Periodista en la redacción de México. Antes estuvo en Narrativas Visuales. Trabajó en medios como El Universal y Notimex en el área Internacional y colaboró en el equipo de investigación de la Organización Nacional Anticorrupción. Es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la UNAM y realizó el Máster de Periodismo UAM-EL PAÍS.
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