Sheinbaum anuncia una ley general contra la extorsión y reconoce que su Gobierno no ha logrado contener ese delito

La presidenta, Claudia Sheinbaum, ha anunciado este martes que enviará al Congreso una ley general contra la extorsión para que los 32 Estados del país persigan ese delito de manera homologada. Con los cambios, el delito se investigará de oficio, es decir, sin necesidad de que haya un denunciante claramente identificado, con lo que se busca reducir los riesgos para las víctimas. Además, las unidades dentro de las fiscalías que se especializan en el combate al secuestro se dedicarán también al combate de la extorsión. La presidenta ha reconocido este martes que atajar ese delito, detrás del cual están siempre los grupos del crimen organizado, es el mayor reto de su Administración en materia de seguridad. “La extorsión es el delito que no hemos podido disminuir”, ha señalado. “Todos los delitos van a la baja, pero la extorsión sigue aumentando”.

Las cifras oficiales respaldan las palabras de la mandataria. Mientras que, según esos datos, el Gobierno ha reducido la incidencia en varios delitos —homicidio, feminicidio, robo con violencia y secuestro—, la extorsión aumentó 28% entre el primer semestre de 2019 y el mismo periodo de este año. La extorsión está catalogada entre los delitos de alto impacto, pues muchas veces deriva en asesinatos, cuando las víctimas no pagan el impuesto criminal que les cobran los delincuentes para permitirles operar sus establecimientos. Las víctimas de la extorsión pueden ser industrias bien instituidas, pero normalmente se trata de pequeños emprendedores que buscan ganarse la vida con la venta de mercancías.

La realidad ha obligado al Gobierno federal a dar forma a una estrategia nacional específicamente contra ese delito. Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y hombre fuerte de Sheinbaum en el combate al crimen organizado, ha reseñado los pilares del nuevo programa: la apertura de una línea de denuncias anónimas, el 089; la cancelación inmediata del número telefónico desde el que se haga la llamada extorsiva; la apertura de denuncias en las fiscalías estatales (la extorsión presencial dará lugar a una carpeta de investigación); el despliegue de grupos de inteligencia en la zona del delito “con la finalidad de detener a los responsables”; la creación de unidades especializadas contra el secuestro y extorsión dentro de las fiscalías estatales, que quedarán a cargo de las indagatorias.

García Harfuch ha indicado que, en lo que va de la Administración de Sheinbaum, ocho Estados concentran el 66% de las extorsiones a nivel nacional: Guanajuato, Estado de México, Nuevo León, Ciudad de México, Veracruz, Jalisco, Guerrero y Michoacán. En esas entidades, los carteles más poderosos del país, designados por Estados Unidos como organizaciones terroristas, el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el Cartel del de Sinaloa, el Cartel del Noroeste, el Cartel del Golfo, Carteles Unidos y La Nueva Familia Michoacana, controlan grandes extensiones del territorio y la economía. Si no son directamente esos carteles los que extorsionan, son grupos criminales locales asociados a ellos o que actúan bajo su marca, con permiso o no.

A nivel nacional, ha dicho García Harfuch, se enlazará a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la agencia contra el blanqueo de activos, para que se congelen las cuentas bancarias identificadas como depositarias del cobro de extorsiones. “Con esta acción, se corta el flujo de recursos que alimentan estas redes delictivas, se debilita su estructura operativa y se protege el patrimonio de las víctimas”, ha indicado. La consejera jurídica presidencial, Ernestina Godoy, ha explicado que, tras la aprobación de la ley general en el Congreso, que requiere, primero, de una reforma constitucional, cada uno de los 32 Estados tendrá que crear leyes homologadas con aquella.

Sheinbaum ha destacado que la reforma permitirá establecer que el Estado mexicano es la víctima de la extorsión, y no de manera individual las personas, para permitir un mejor uso de los recursos contra el delito. “Consiste en que ya no descanse en la víctima la denuncia. Hoy quien tiene que denunciar la extorsión es la víctima, poniendo en riesgo su vida. Entonces, le estamos quitando a la víctima ese peso, que lo asume el Estado mexicano. Se persigue de oficio. La víctima somos todas y todos. La víctima es el Estado”, ha precisado. “Porque normalmente la víctima de la extorsión, y con razón, tiene miedo de denunciar, por los efectos que esto pueda generar”, ha añadido.