La paradoja de Guanajuato, en el fuego cruzado del narco

Guanajuato no encuentra la salida al limbo de violencia en el que se encuentra sumergido desde hace años. Aunque la tasa de asesinatos ha caído desde el pico de 2020, cuando el Estado registró más de 5.000, las escenas de violencia extrema siguen siendo habituales, con masacres y ataques con gran número de víctimas. De acuerdo con datos de la organización Causa en Común, la entidad ha registrado al menos 28 eventos de este tipo en el primer semestre del año, una cifra parecida a la registrada en el mismo periodo de 2024.

Los últimos eventos ilustran la situación en la región. Solo la semana pasada hubo dos matanzas. En una de ellas, una familia de cinco personas fue acribillada a balazos en su domicilio, en el barrio de San Juan, en Celaya. Cuatro murieron. En la otra, quizá más sonada, 12 personas fueron asesinadas y otras 20 resultaron heridas durante un ataque armado en Irapuato. Ambas masacres ocurrieron durante celebraciones patronales por el día de San Juan Bautista. Y antes, el 19 de mayo, un ataque en San Bartolo de Berrios, en San Felipe, dejó siete fallecidos.

La disputa que se registra desde hace años entre el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cartel de Santa Rosa de Lima explica en parte la crisis de violencia en la región. Guanajuato logró bajar los asesinatos al escalón de los 3.500 en 2023, según datos del Instituto Nacional de Estadística (Inegi), pero la caída parece haberse estancado. El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública registró 3.167 víctimas de asesinato en 2024, pero las cifras del Inegi —que todavía no están disponibles— suelen subir bastante. Hasta mayo de este año, las víctimas sumaban ya 1.442.

Las autoridades reconocen estos hechos violentos, pero también defienden su estrategia. El secretario de Seguridad y Paz del estado, Juan Mauro González Martínez, ha señalado que la prioridad actual es prevenir delitos a través del fortalecimiento de la inteligencia operativa, con denuncias ciudadanas y colaboración entre corporaciones. “Nunca estaremos satisfechos mientras haya víctimas”, dijo hace unos días.

Los Garibaldi

La semana pasada, decenas de detonaciones se escucharon en las afueras de un domicilio en Irapuato, donde se celebraba la fiesta patronal. Las imágenes de redes sociales permiten ver a los presentes empezar a correr y arrojarse al suelo en busca de resguardo. Gritos y disparos fue lo único que se escuchó por alrededor de un minuto. De acuerdo con la versión de testigos y medios locales, el ataque armado fue perpetrado por el Cartel Santa Rosa de Lima y se produjo en territorio del CJNG, contra un grupo conocido como Los Garibaldi.

David Saucedo, especialista en seguridad, explica que Los Garibaldi son una familia con presuntos vínculos con la organización criminal que encabeza Nemesio Oseguera, alias El Mencho. “El barrio [donde se produjo el ataque en Irapuato] se conoce por tener distintos puntos de venta de drogas al menudeo y con distintas mafias pequeñas locales dedicadas a la comercialización de drogas. Al estilo del Cartel Santa Rosa de Lima, lo que hicieron [los asesinos] fue entrar a la zona de esta comunidad dominada por la competencia, justamente durante una festividad religiosa que congrega a personas, para posteriormente perpetrar ese asesinato”, afirma el especialista.

Los Garibaldi, de acuerdo con Saucedo y otros especialistas en seguridad, tienen un largo historial en Irapuato, donde han cometido desde venta de drogas hasta asaltos, secuestros y asesinatos. Sin embargo, algunos de los sobrevivientes de la masacre le han contado a medios locales que si bien son parientes del grupo delictivo, los que estaban presentes en la fiesta patronal no tenían vínculos con ellos y puede ser que los hayan confundido.

“Este grupo conocido como Los Garibaldi formó parte del Cartel Santa Rosa de Lima y cambió de bando al del Cartel Jalisco Nueva Generación. Esto desató una represalia en la que se asesinó quizá no a integrantes de la familia, sino a personas del barrio en donde operan”, explica Saucedo.

Esta ha sido la forma de operar del Cartel Santa Rosa de Lima desde 2017, cuando incursionó en Irapuato. En ese y otros municipios, como Celaya, San Felipe y Salamanca, considerados como bastiones del CJNG y que ahora el CSRL trata de recuperar, se han registrado otros ataques similares. “Se sabe que el Cartel de Sinaloa llegó a respaldar al de Santa Rosa de Lima y que también recibieron el apoyo de células de Carteles Unidos, de Michoacán, de mercenarios que fueron contratados desde Colombia para que los respaldaran y también con algunas mafias locales de Guanajuato, en una especie de alianza de todos unidos contra el Cartel Jalisco”, explica Saucedo.

La reacción frente a las cifras

A pesar de las masacres recientes, durante la conferencia de prensa matutina de este lunes, la presidenta, Claudia Sheinbaum, puso como ejemplo a Guanajuato para evidenciar los esfuerzos en la reducción de incidencia delictiva y homicidios en el país. La tendencia a la baja en homicidios dolosos se mantiene por segundo mes consecutivo en el Estado. Este mayo cerró con 175 víctimas, la cifra mensual más baja en los últimos ocho años.

Según Saucedo, estas cifras son un mérito estatal y los ataques del Cartel de Santa Rosa de Lima han sido una reacción y represalia frente a esta estrategia, ya que ha sido el grupo criminal que se ha visto más afectado por los operativos de decomisos y capturas del Gobierno estatal. El ataque en Irapuato, de acuerdo con el especialista, fue un intento de “calentar la plaza” que, en el argot criminal, significa realizar un evento de alto impacto en una zona dominada por el cartel enemigo. De este modo, las fuerzas estatales y federales se concentran en ese punto y dejen al descubierto la región que es de interés del grupo delictivo que realiza ese ataque.

“Son ataques de narcoterrorismo. Es una frase que le molesta mucho al Gobierno federal, pero yo no lo puedo catalogar de otra manera, porque se trata de ataques en contra de la población civil, que se difunden mediáticamente, de manera profusa. No busca un objetivo político, ideológico, religioso, sino un objetivo económico y criminal”, zanja Saucedo, “busca obligar a las autoridades a tomar determinaciones en materia de seguridad pública”.