Las sanciones de Estados Unidos a la banca mexicana elevan la presión sobre el cumplimiento de los controles antilavado

El narcolavado ha abierto un nuevo frente en la relación entre México y Estados Unidos. La cruzada del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra los principales capos del narcotráfico en el país del sur ha alcanzado esta semana a la banca mexicana. El republicano ha asestado un certero golpe contra México a través de las sanciones del Departamento del Tesoro a Intercam, a CIBanco y a la casa de bolsa Vector. Las órdenes implican la prohibición de ciertas transferencias que involucran a estas tres instituciones y, tras las sanciones, el regulador mexicano, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) ha intervenido temporalmente a estos tres jugadores para proteger a los ahorradores, inversionistas y clientes de estas tres empresas. El seísmo de esta medida tendrá eco en los procesos antilavado en México, advierten expertos en la materia.

La primera llamada de alerta se emitió en febrero pasado, cuando la Administración Trump calificó a los principales carteles mexicanos como grupos terroristas. El cambio no es solo una vanidad, implica un mayor peso sobre las medidas de combate que el Gobierno de EE UU puede aplicar contra las organizaciones delictivas. Meses más tarde, durante el más reciente cónclave bancario en Nuevo Vallarta, un funcionario del Tesoro se reunió, a puerta cerrada, con los principales banqueros del país para abordar, justamente, sus controles antilavado. En ese entonces, el presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), Emilio Romano, aseguró que el encuentro fue breve, pero cordial y que resultaría en un trabajo mano a mano entre los sistemas financieros de Estados Unidos y del país.

La narrativa de trabajo conjunto entre los dos países se ha roto este miércoles con la granada soltada por el Departamento del Tesoro. Intercam, CIBanco y Vector, tienen una participación relevante en el mercado de divisas mexicano. A marzo de este año, estas tres entidades reunían activos por más de 360.000 millones de pesos, de acuerdo con los datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). El órgano regulador mexicano ha intervenido temporalmente a los dos bancos aludidos con el objetivo de preservar los ahorros de sus clientes. Horas antes, la mañana de este jueves, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, salió en defensa del sistema financiero mexicano y aseguró que el Departamento del Tesoro sustentaba sus sanciones en dichos, mas no en pruebas. “Mencionar transferencias financieras entre empresas chinas legalmente constituidas a través de estas instituciones financieras con empresas mexicanas no es prueba de lavado de dinero”, declaró.

La decisión del Gobierno de Trump sobre estas tres entidades financieras ha encendido las alertas sobre un sistema integrado por 52 bancos en el país. La ABM ha asegurado, por escrito, que la intervención de dos instituciones bancarias son situaciones particulares y no representan un riesgo sistémico ni afectan la estabilidad del sistema financiero mexicano, el cual se mantiene sólido y bien capitalizado. Pese a los llamados a la calma, los ecos tras estas órdenes ya están ocurriendo: la agencia HR Ratings degradó sus calificaciones crediticias de CIBanco e Intercam y las colocó bajo observación negativa, una señal del deterioro en la confianza hacia las instituciones.

Las acusaciones de EE UU implicarán para México un examen puertas adentro sobre su blindaje en casa. El Senado aprobó esta misma semana la reforma a la Ley Antilavado. Con 74 votos a favor, los senadores aprobaron la reforma que busca atender las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), entidad que cada año evalúa a México sobre prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. La iniciativa, que aún debe ser avalada por los diputados, amplía la lista de actividades vulnerables e incorpora la definición de personas políticamente expuestas. También establece capacitación y auditorías; monitoreo y evaluación de riesgos; cooperación de Hacienda con la Guardia Nacional y otras instituciones; así como la protección de la identidad de los encargados de cumplimiento.

México cuenta con escasos datos públicos sobre el combate al lavado de dinero. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó de que los recursos por blanqueo de dinero identificados de 2019 a 2021 ascendieron a poco más de 43.900 millones de pesos. En ese entonces, el organismo reconoció que este monto era la punta del iceberg sobre el blanqueo de dinero, ya que el porcentaje de delitos que se denunciaba era muy bajo.

Michel Levien, especialista en antilavado y director del Buró Anticorrupción Streiner, explica que en México se siguen los lineamientos del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y la banca está muy regulada, sin embargo, en la práctica, las entidades financieras deben competir con la sofisticación de los lavadores que son expertos en su negocio y además, estos sistemas de cumplimiento antilavado una vez implementados al interior de un banco o una empresa deben de estar en continuo mantenimiento. “Este es el estreno de FinCEN y del Departamento del Tesoro con su ley Antifentanilo, con estos poderes nuevos. Es la primera vez que los utilizan y los utilizaron con fuerza y con contundencia, pero estas leyes las van a seguir ejerciendo”, advierte.

El experto añade que el resto de las entidades financieras en México está viviendo una especie de terremoto tras estas órdenes de EE UU. “En la aplicación de las normas de prevención estamos bien, nuestro marco legal es muy bueno, pero la política del país, en particular en temas de corrupción, de lavado de dinero, no se ha ejercitado como lo exige el siglo XXI. Las unidades de inteligencia financiera se han concentrado más en recabar información, en prevenir y hacer bloqueos o medidas administrativas, pero han llevado a juicio a pocas empresas”, menciona.

Gustavo del Ángel, experto del CIDE en sistemas financieros, señala que el país cumplía con los estándares de combate de blanqueo de capitales, pero ahora tendrán que ajustar al alza esta vigilancia. “Claramente, hay una narrativa muy agresiva de EE UU hacia los problemas de narcotráfico en México, y ahora México va a tener que apretar sus controles antilavado sobre todo para mandar una señal de que lo están haciendo, de que están cuidando sus frentes”, concluye.