La tortura en México es una práctica “generalizada” e “impune”, según el informe del Índice Global de la Tortura

En México, la tortura es “una práctica generalizada que ocurre en un contexto de impunidad, sustituyendo el debido proceso". Así lo ha identificado el primer informe del Índice Global contra la Tortura (IGT), una herramienta de medición creada por la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y que examina a varios países. El documento asegura que esta práctica se ha utilizado en el país como método de investigación para obtener confesiones e incriminar a los culpables. En paralelo, la oficina mexicana del Alto Comisionado de la ONU ha hecho un llamado al recién conformado Poder Judicial a comprometerse de “manera efectiva” con la erradicación de la tortura y la dignificación de las víctimas.

La OMCT ha catalogado a México como un país con un alto riesgo en su índice de práctica de tortura. En ese escalón están también países como Colombia, Honduras, Nigeria o Camerún. “La tortura es común durante las primeras etapas de la detención y está estrechamente relacionada con la fabricación de pruebas ilícitas”, asegura el informe, que cita las cifras de la Secretaría Técnica de Combate a la Tortura de la Defensoría Pública Federal, según las cuales entre 2019 y 2024 se reportaron 2.881 casos de tortura, con 3.506 víctimas.

El horror de esta práctica se ha extendido por el país. El propio secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, ha confirmado el uso de la tortura en los procesos de reclutamiento y adiestramiento del crimen organizado, como se documentó en el rancho de Teuchitlán. Sin embargo, la OMCT ha podido estudiar que la tortura está tan extendida que también la usan las autoridades para obtener confesiones y presentarlas como prueba ante los tribunales. “Una proporción significativa de los actos de tortura cometidos por las fuerzas de seguridad ocurren durante el traslado a las autoridades jurisdiccionales”, indican en el informe. “El 42% de las personas encarceladas denunciaron haber sido golpeadas o maltratadas en la fiscalía para incriminarse o admitir acusaciones falsas, mientras que el 22% afirmó haber sido coaccionado para incriminar a otros. Además, el 20% declaró haberse declarado culpable tras una agresión física”, destacan.

El informe —en el que han trabajado organizaciones mexicanas como Documenta, el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, la Red Nacional de Peritos y Expertos Independientes Contra la Tortura y Fundar— enumera una lista de preocupaciones para erradicar la práctica en el país. La primera de todas es el proceso de militarización en las tareas de seguridad pública, ya que la presencia del Ejército “ha estado estrechamente vinculada al aumento de la violencia contra los detenidos, las desapariciones, la tortura y los homicidios”. También señalan la figura de la prisión preventiva no oficiosa y arraigo, que permiten la encarcelación sin juicio ni sentencia durante el proceso judicial. Estos conceptos tienden a “propiciar la detención arbitraria y la tortura”, según el IGT. Lejos de erradicarlos, el Gobierno mexicano ha ampliado la lista de delitos en los que se puede aplicar esta herramienta.

Por su lado, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos se ha sumado a las voces internacionales críticas con la situación de la tortura en el país. En un comunicado, han hecho un llamado al recientemente renovado Poder Judicial para que se comprometan “de manera efectiva” con la erradicación de la tortura y la dignificación de las víctimas. Piden que se excluya “toda prueba obtenida mediante tortura o cualquier otra violación a derechos humanos” en los procesos judiciales y que las autoridades “tengan la capacidad de realizar una revisión inmediata, independiente e imparcial de las investigaciones, de las detenciones y de los procesos penales”.