La demanda mexicana contra los fabricantes de armas en EE UU, una derrota jurídica que abre oportunidades políticas

El rechazo del Tribunal Supremo estadounidense a la demanda presentada por México contra las compañías armamentísticas utiliza criterios jurídicos que cierran la puerta al proceso, pero abren nuevas vías políticas que los expertos se esfuerzan en traer a primer plano: si bien la Corte no encuentra argumentos sólidos de que las empresas ayuden o inciten a vender ilegalmente armas a los carteles mexicanos, no niega que esas armas pasan la frontera, por lo que las reclamaciones políticas pueden seguir su curso desde el Palacio Nacional a la Casa Blanca, para que se busquen las maneras de frenar ese tráfico ilegal que deja decenas de miles de muertes cada año, una violencia que en México se cifra en daños económicos equivalentes al 2% del PIB. Quienes han estado implicados en esta demanda en México y las organizaciones que luchan contra las armas señalan además la virtud que ha tenido todo el proceso para concienciar a la sociedad estadounidense del daño que ocasionan esas armas en otros países y la indiferencia que muestra la industria ante el oscuro camino que siguen sus productos al salir de la fábrica y el dolor que causan.

Estados Unidos estaba acostumbrado a lamentar los tiroteos que de tarde en tarde originan una tragedia en una escuela, entre pandillas o en ciertas comunidades, pero la demanda que presentó México, en agosto de 2021, contra 11 empresas armamentísticas, detonó todo un proceso legal y de comunicación social que dejó a la vista el enorme impacto que esa industria deja fuera de sus fronteras. El gobierno mexicano iniciaba una causa que se miraba con interés en muchos países y que ha llevado con cierto éxito hasta el rechazo final del Supremo, que ha considerado que los argumentos presentados no eran suficientes para excluir a esas empresas de la inmunidad que les proporciona la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas (PLCAA, en sus siglas inglesas). Una relación directa con los carteles habría sido el caso, pero aunque todo el mundo lo da por hecho, el Supremo no encuentra avales jurídicos suficientes para determinarlo. En instancias inferiores la causa iba ganando terreno, pero las compañías lograron empujarla hasta el Supremo, de mayoría conservadora.

“El fallo del Supremo es terrible, no hay cómo negarlo, pero no tanto por los argumentos, que eran los esperables, sino por la unanimidad con la que se ha aprobado”, dice Carlos Pérez Ricart, investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE). En efecto, la sentencia ha sido redactada por una jueza progresista, Elena Kagan. “Si la Corte hubiera reconocido la proximidad entre la conducta de las empresas y el daño que causan, habría trasladado similar responsabilidad a otras muchas empresas, lo mismo mineras que de pesticidas, por poner un ejemplo”, añade Alejandro Celorio, el abogado que llevó esta causa durante el gobierno de López Obrador.

Pero este final no les impide ver las virtudes que se han derivado del proceso. “El simple hecho de que este asunto se haya visto en el Supremo lo convierte en algo que se estudiará en las escuelas de Derecho”, afirma Celorio. Considera, incluso, que es “una gran victoria para la presidenta Sheinbaum”, porque le permite usar la propia narrativa de la Corte, que no ha negado el tráfico de armas, y podrá, dice, recuperar el tema. “Estados Unidos no podrá hablar de fentanilo ni de otros problemas sin que le recuerden que hay que desarmar al crimen organizado para combatirlos”, afirma Celorio. “Los caminos que siguen esas armas, la trazabilidad, no es algo público, pero hay reportes gubernamentales en Estados Unidos que establecen que cruzan la frontera de forma ilegal y esa es una información que las compañías armamentísticas podrían también solicitar y actuar en consecuencia”, sigue el abogado.

La Secretaría de Exteriores de México ha expresado su desacuerdo con el fallo del Supremo y asegura que agotará todos los recursos legales y diplomáticos a su alcance. El fallo devuelve el caso a la Corte de Distrito, pero no es más que un mecanismo legal que no permitirá ningún otro avance. Hay, eso sí, otra demanda en curso, la presentada en Arizona en 2022 contra cinco tiendas distribuidoras de armas, todavía en pleno proceso.

La fortaleza y originalidad de la demanda mexicana “será recordada cuando se den otras causas contra industrias con efectos transnacionales y ya se discute en los salones de derecho internacional del mundo”, afirma Pérez Ricart, quien siempre fue crítico con el alcance que tendría esta demanda, pero al final le reconoce “virtudes políticas”. “Aun perdiendo, México tenía mucho que ganar”, afirma.

Además, la discusión sobre las armas se ha puesto en el centro en Estados Unidos, dice el experto, quien confía en que en el medio plazo ayudará a cambiar la industria, si no en lo legal, sí en una reorientación de sus prácticas. “Pueden dejar de ser negligentes y tratar de organizar su estructura comercial”, afirma. Siempre que sientan esa presión política o judicial. Señala también el poder que ha tenido este proceso para unir a los grupos que en México y Estados Unidos se oponen al tráfico de armas: “Los que pelean contra el dolor que causan las armas en Estados Unidos son como las madres buscadoras de México. La demanda ha logrado acercar a los actores de la sociedad civil”, añade Pérez Ricart.

En efecto, desde el lado estadounidense también se ha rechazado la decisión del Supremo. El director de la organización Gun Violence Prevention, Nick Wilson, lamentó “el continuo fracaso a la hora de responsabilizar a la industria armamentística por armar a los cárteles de la droga mexicanos con armas estadounidenses” y afirmó que “ha llegado el momento de que el Congreso apruebe una legislación que reduzca el tráfico ilegal de armas y derogue la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas, para que las personas supervivientes de la violencia armada —tanto dentro como fuera de Estados Unidos— puedan acceder a los mismos recursos legales para obtener justicia que existen para otras industrias.”

John Lindsay Poland, coordinador de la organización Alto a las Armas de Estados Unidos en México, cree que estos años de litigio han conseguido llevar la mirada pública “hacia la indiferencia de la industria frente a los resultados de sus prácticas”. Lindsay Poland insiste en la relación entre las compañías productoras y “las armerías implicadas” en el mercado ilegal. También da por seguro que ciertas armas, como los rifles de calibre 50, que alcanzan una distancia de dos kilómetros y pueden derribar un helicóptero, tienen como destinatarios a los carteles. “Es su mercado natural, y lo saben y la Corte lo ignoró”, dice el activista. El Supremo cerró el caso a un futuro juicio donde haber presentado evidencias de la proximidad entre la conducta de las compañías y el daño que causan.

Todos destacan el impacto en la comunicación y el debate público e internacional que ha tenido la audacia jurídica mexicana, con el argumento de que la conducta de esas empresas, por acción u omisión, facilitaba el tráfico ilegal de armas. A modo de autocrítica, Celorio cree que, quizá, debieron “haber mantenido una mayor difusión pública de todo ello, haber martilleado con más información en los medios, porque los jueces también deciden con la información que tienen a la mano”.