Elección judicial: Cómo llegamos aquí

México se ha convertido en el primer país del mundo en elegir por voto popular a la totalidad del Poder Judicial. No hay duda de que la elección judicial es el cambio institucional de mayor calado desde la democratización mexicana.

Sin embargo, su génesis aún es motivo de debate. ¿Cómo llegamos aquí?

Se suele afirmar que la reforma judicial nació el 5 de febrero de 2023 cuando Norma Piña, la presidenta de la Suprema Corte, permaneció sentada al paso del presidente López Obrador durante la conmemoración de la promulgación de la Constitución. Se dice que aquel gesto, interpretado como una afrenta, habría detonado una ruptura que desembocó eventualmente en una reforma judicial y en el proceso electoral de este domingo.

La interpretación es equivocada. La confrontación entre poderes venía cocinándose de tiempo atrás y la idea de la elección de jueces nació mucho después de aquel evento.

Fricciones iniciales

Las fricciones entre poderes se originaron incluso antes de que López Obrador llegara al poder, motivadas, en un inicio, por los excesos presupuestales del Poder Judicial.

Durante años, la Suprema Corte había utilizado su autonomía para incrementar sus remuneraciones, al grado de que los ministros mexicanos percibían salarios superiores a los de sus pares en Estados Unidos, Alemania o Canadá. Un estudio mostraba que “la Corte era muy cara, mal administrada” y que tenía “una burocracia muy amplia y con sueldos y prestaciones excesivas para los altos cargos”.

Obrador había dejado en claro durante su campaña que él consideraba que el Poder Judicial debía minimizar sus gastos. Sin embargo, el entonces presidente de la Corte, Luis María Aguilar, estaba en contra y utilizó los últimos meses de su mandato para evitar recortes salariales a toda costa. Incluso, tratando de engañar a Obrador proponiéndole un recorte presupuestal que en realidad consistía en solo devolver recursos no ejercidos.

La defensa de salarios se volvió extrema, al punto de que en diciembre del 2018, unos cuántos días después de que Obrador tomara posesión como presidente, la Corte se inventó un tipo de suspensión a modo para impedir la reducción de sus salarios.

Zaldívar: animal político

La falta de colaboración del Poder Judicial con la agenda del presidente no pasó desapercibida, pero rápidamente pasó al olvido con la llegada de Arturo Zaldívar a la presidencia de la Corte en enero del 2019. Bajo su liderazgo, el Poder Judicial emprendió una serie de reformas encaminadas a reducir la fricción con el Ejecutivo.

Zaldívar era un político nato y para congraciarse con el presidente, impulsó una reforma judicial que, por primera vez, reconoció la existencia de nepotismo en el Poder Judicial y redujo en 25% el sueldo de los ministros. Además, el nuevo presidente de la Corte cabildeó la aprobación de una consulta popular para juzgar a expresidentes, una iniciativa que López Obrador promovía con especial interés.

Sin embargo, paralelamente a su cercanía con el Ejecutivo, Zaldívar también propinó reveses significativos a la agenda de Morena. Durante su periodo la Corte declaró inconstitucionales, de manera parcial o total, reformas a la Ley de la Industria Eléctrica, la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos, la Ley de Austeridad, la del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la Ley de Extinción de Dominio y la prisión preventiva oficiosa en casos de fraude fiscal. También invalidó la prohibición de vapeadores, las extensiones de mandato en Baja California y el desafuero del gobernador Cabeza de Vaca.

Con Zaldívar la Corte no vivía una tregua con el Ejecutivo, sino una guerra fría. No obstante, al gremio jurídico le parecía insuficiente. Notables en su oposición a Obrador, deseaban que la Corte diera golpes más estrepitosos a la agenda de Morena. Acusaban a Zaldívar de zalamero.

Zaldívar optó por una estrategia de negociación pues consideraba que, de tensarse la relación, el presidente podría recurrir a sus mayorías legislativas para impulsar una dura reforma contra el Poder Judicial.

Acto 1: La torpeza de la Corte

La estrepitosa caída del Poder Judicial comenzó cuando Zaldívar dejó la presidencia de la Corte y Norma Piña, una ministra de carrera que distaba de ser una figura política, tomó el mando.

Desde su llegada a la presidencia, en enero del 2019, Norma Piña, acostumbrada a “la soledad del escritorio del despacho”, no sostuvo ni buscó sostener una sola conversación con el presidente.

Por el contrario, ya fuera por ingenuidad o por falta de cálculo estratégico, Piña optó por una confrontación abierta con López Obrador. Asesorada por figuras abiertamente opositoras al presidente, Piña confiaba en que las elecciones intermedias habían dejado a Obrador debilitado y que la coalición PRI-PAN obtendría una mayoría en el Congreso en 2024.

Con ese escenario como referencia, Norma Piña decidió medir fuerzas contra el Ejecutivo. El primer gran golpe vino en marzo del 2023 cuando la Corte revocó el llamado Plan B, una reforma electoral que Obrador había propuesto.

Fue precisamente después de esa revocación que Obrador, por primera vez en toda su carrera política, planteó públicamente la posibilidad de elegir a los jueces por voto popular. El 17 de marzo de 2023 el presidente declaró “no hay que descartar que se elijan a los jueces y a los magistrados y a los ministros. En una época se eligieron, en la época de la república restaurada. En Estados Unidos en el origen de la democracia […] se elegían los jueces”.

Sin embargo, López Obrador todavía no estaba plenamente convencido de que la elección fuera el camino adecuado. De hecho, consideraba que antes de proponer cualquier mecanismo electoral era necesario fortalecer la visión humanista y combate la corrupción dentro del Poder Judicial.

El fallo de la Corte que lo convenció por completo fue la anulación de la reforma que transfería el control de la Guardia Nacional al Ejército. Ese mismo día reiteró su llamado a alcanzar la mayoría calificada en el Congreso para poder aprobar reformas constitucionales. Tan solo veinte días después anunció que enviaría una iniciativa de reforma constitucional que contemplaba la elección directa de los ministros de la Suprema Corte.

Acto 2: La estrategia popular

La Corte tenía un largo historial de fallos favorecedores a la oligarquía y el poder económico. Fallando en favor de que los trabajadores no pudieran reclamar sus horas de trabajo, permitiendo que éstos renunciaran a sus derechos o rehusándose a reconocerlos. La Corte también había impedido la implementación de impuestos progresivos, validado evasiones fiscales millonarias y utilizando criterios jurisdiccionales que impiden la creación de obras públicas de gran escala.

Sin embargo, López Obrador sabía que una discusión pública de esa naturaleza era muy árida y destinada a fallar. En lugar de ello, Morena emprendió, en todo el territorio nacional, una campaña abierta para responsabilizar al Poder Judicial de los problemas de impunidad en el país.

En mítines y reuniones se acusaba a la Corte de liberar a ladrones, secuestradores y criminales; de descongelar cuentas bancarias de funcionarios acusados de corrupción, como Emilio Lozoya y Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad; y de permitir la liberación de figuras como Rosario Robles, Juan Collado y Cárdenas Palomino.

La campaña fue maquiavélicamente perfecta. Logró vincular uno de los dolores sociales más profundos, la inseguridad y la falta de acceso a la justicia, con el Poder Judicial. No pasó mucho tiempo antes de que, en manifestaciones públicas, la figura de la ministra presidenta, Norma Piña, se convirtiera en una piñata que la gente destruía con entusiasmo.

Norma Piña observaba con desasosiego la embestida contra el Poder Judicial, pero carecía de la astucia política necesaria para defender a su institución. En lugar de abrir canales de diálogo con Morena, influir en los términos de la reforma que se avecinaba o construir un frente común con otros ministros para negociar otra reforma con el Ejecutivo, Piña se replegaba en la frustración.

La situación era caótica. Por las noches, enviaba mensajes de WhatsApp confrontativos a legisladores de Morena, que al amanecer debía rectificar con disculpas públicas. La Suprema Corte enfrentaba su hora más crítica con su liderazgo más débil.

Norma Piña tuvo casi un año para enviar una reforma judicial al Ejecutivo que negociara los términos de los integrantes de la Suprema Corte a cambio de que el resto del Poder Judicial quedara entero. Pero no lo hizo. En vez de ello fomentó acercamientos con la oposición, defendió los fideicomisos del Poder Judicial de forma tramposa y emprendió un ridículo ejercicio de consulta interna para entender los fallos del Poder Judicial.

Acto 3: Botón nuclear

López Obrador envió la iniciativa para la elección de jueces el 5 de febrero de 2024 como parte de un paquete de reformas constitucionales que Morena se comprometió a impulsar en caso de que Claudia Sheinbaum ganara la presidencia en las elecciones de ese año. La iniciativa no solo proponía la elección de los ministros de la Suprema Corte, sino también de todos los juzgadores del país.

La ampliación del alcance de la reforma judicial a todos los jueces respondió a una conclusión que el presidente tuvo durante el último año de su mandato: que el problema no se reducía a las élites del Poder Judicial. Todo el sistema operaba con facultades jurídicas extraordinarias que facilitaban el lawfare y el bloqueo sistemático de decisiones adoptadas por poderes democráticamente electos.

Por ello, no bastaba con sustituir a los altos mandos; era necesario reconfigurar los cimientos del Poder Judicial por dos razones.

Primero, porque una cantidad significativa de jueces y magistrados utilizaba la bandera de los derechos humanos para proteger intereses privados: facilitar la evasión fiscal, mantener concesiones, frenar obras públicas e incluso censurar debates de interés público.

Segundo, porque durante las últimas décadas, a través de una acumulación de sentencias, la Ley de Amparo había ampliado su alcance de manera desproporcionada, dando lugar a un festín de litigios y suspensiones que subordinaban al Estado frente a intereses privados y hacían prácticamente imposible la ejecución de obras públicas de gran escala.

A pesar de tener estas convicciones, en el fondo López Obrador nunca consideró que su reforma radical al Poder Judicial pasaría en el Congreso. Morena no tenía las mayorías y la democracia mexicana nunca le había dado la mayoría calificada a un partido.

Sin embargo, la abrumadora e inesperada victoria de Morena en las elecciones de 2024 hizo posible lo impensable. En su último mes de gobierno, López Obrador selló el destino del Poder Judicial con una reforma que transformó por completo su estructura y ordenó la realización de elecciones para todos los cargos jurisdiccionales.

La Corte intentó frenar la reforma mediante diversos recursos, incluyendo situarse por encima de la Constitución e invalidar la reforma. No consiguió los votos necesarios para lograrlo. El resto es historia.