La CIDH concluye que la Patrulla Fronteriza torturó y asesinó al migrante mexicano Anastasio Hernández en 2010

Anastasio Hernández Rojas tenía 42 años de edad y más de 25 de ellos viviendo sin papeles en San Diego, California, cuando fue detenido, junto a su hermano, el 28 de mayo de 2010 en la frontera. También fue el día en el que al menos una docena de agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) lo golpearon “brutalmente”, lo patearon, electrocutaron, ataron, sometieron y, finalmente, lo mataron, a pesar de que estaba desarmado y herido de un pie. Esta es la conclusión que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha publicado en un detallado informe que comenzó a elaborar en 2022, y que responsabiliza al Estado estadounidense por la violación a los derechos de Hernández Rojas, de su esposa y de sus cinco hijos.

El informe, publicado los primeros días de mayo, reconoce además que los hechos ocurrieron “en un contexto de discriminación en contra de personas en condición de movilidad humana, particularmente, de origen latino”, y que se reflejan, sobre todo, en el uso desproporcionado de la fuerza por parte de agentes estatales encargados de la seguridad fronteriza y, posteriormente, ante la falta de investigación y sanción a los implicados.

En 2015, los fiscales a cargo de la investigación cerraron el caso y calificaron las pesquisas de “sesgadas e incompletas” pese a la existencia de videos y audios de la golpiza a Hernández Rojas, que testigos proporcionaron a las autoridades. Además, no fueron formulados cargos por homicidio (asesinato u homicidio involuntario), ni por violaciones de derechos civiles u obstrucción de la justicia contra los agentes.

Ninguno de los señalados ha enfrentado sanciones ni otro tipo de castigos, sino todo lo contrario. En diciembre, el presidente Donald Trump designó a Rodney Scott como su principal candidato para dirigir la oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. Scott se desempeñaba como subjefe interino de la Patrulla Fronteriza en San Diego cuando tuvo lugar el asesinato del mexicano.

En imágenes ampliamente difundidas a lo largo de los años, se escucha la voz de Anastasio suplicando ayuda en español y pidiendo a los agentes que se detengan. En una audiencia celebrada en 2022, cuatro años después de que la familia acudiera a la CIDH para que investigara los hechos, su abogada Roxanna Marie Altholz reclamó: “¿Cómo es que 17 agentes de la Agencia Federal Judicial más grande del país golpearon a un hombre hasta la muerte en público, enfrente de docenas de testigos, en video y sin consecuencias? Pedimos a la Comisión que, entre otras medidas, instruya a Estados Unidos para reabrir la investigación”.

La CIDH ha reunido la información proporcionada durante estos más de 15 años por parte de la familia, de las autoridades estadounidenses, y de personas implicadas en el caso. Ha informado, entre otras cosas, que en la primera autopsia que le practicaron a Hernández Rojas (el 1 de junio de 2010), el médico forense del Condado de San Diego determinó la causa de la muerte como homicidio y dijo que el consumo de metanfetamina “tuvo un rol clave” en el desenlace de los hechos.

El organismo ha contrastado esa información con la segunda autopsia, solicitada por la familia y practicada por un médico legista tres días después, en la que se comprobó que el mexicano no murió por los efectos de la metanfetamina —cuyo resultado fue positivo en el examen de toxicología— y que falleció por causa del “trauma al que fue sometido”. Además, el especialista dijo que no existían pruebas de tal conexión y que, por el contrario, lo que sí estaba acreditado es que se encontraba pidiendo ayuda y estaba vivo cuando sufrió abrasiones y lesiones en su cuerpo.

La CIDH reconoce una cadena de irregularidades en el caso de Hernández Rojas, empezando por el uso de violencia desmedida pese a que el mexicano “estaba desarmado, reducido y no representaba una amenaza”, y que al recibir al menos en cuatro ocasiones descargas eléctricas, esos hechos en su conjunto constituyeron actos de tortura. También ha certificado que le negaron atención médica después de que uno de los agentes le lastimara gravemente el pie. Identificó, además, “serias falencias” en el procedimiento penal, como la falta de recolección y la destrucción de elementos probatorios en el caso.

Aunque el Gobierno estadounidense accedió en 2017 a dar una indemnización económica a la familia, el proceso de investigación continuó por parte de la CID, que en diciembre de 2024, compartió su informe a la actual Administración estadounidense y le dio un plazo de dos meses para informar sobre las medidas adoptadas para cumplir con sus recomendaciones. No recibió respuesta.

En el documento, la Comisión asegura que de nuevo en marzo de 2025 aprobó el Informe de Fondo Final y lo transmitió al Estado con un plazo de tres semanas para informar sobre el cumplimiento de las recomendaciones, sin que nuevamente hubiera una respuesta. “Por lo anterior, la CIDH reitera las recomendaciones del informe a Estados Unidos de reparar integralmente las violaciones de derechos; reabrir la investigación penal de manera diligente y efectiva, con el fin de esclarecer plenamente los hechos, identificar a todos los responsables e imponer las sanciones correspondientes; y garantizar acceso a atención en salud mental, de forma concertada a los familiares de la víctima”, dicen.

Una vida sin papeles

El 10 de mayo de 2010, semanas antes de su asesinato, Anastasio Hernández Rojas fue arrestado por presuntamente haber robado alimentos de un supermercado en San Diego. Por estos hechos, Hernández fue llevado a una estación de policía y deportado a México. Cuando intentó volver, acompañado de su hermano, el 28 de mayo, para reunirse con su familia, fue arrestado y torturado por los agentes de la Patrulla Fronteriza.

Hernández Rojas, de 42 años, había llegado a San Diego a los 15 años de edad desde su natal San Luis Potosí, en busca de trabajo para poder ayudar a su familia en México. Se dedicó a trabajos de construcción, mantenimiento de piscinas y demolición. A los 21 años se casó con María de Jesús Puga Morán y tuvieron cinco hijos, todos nacidos en San Diego.

Desde entonces, su pareja, María de Jesús, acompañada de sus hijos, ha hecho un activismo incansable para hacer justicia en el caso de su esposo. En una emotiva entrevista a Univisión, el pasado 2 de mayo, María ha declarado: “Precisamente [Anastasio] cumpliría 57 años. Este es tu regalo, hasta el cielo. Se te hizo justicia”.