Jalisco: las desapariciones no paran y el poder no escucha

La de Jalisco es una historia de horror sin atenuantes. Apenas tres meses después de que se diera a conocer la desaparición y posterior asesinato de ocho trabajadores de un call center clandestino, operado por el crimen organizado en Zapopan, el Estado ha vuelto a sacudirse por el mismo motivo.

Cinco jóvenes amigos del municipio de Lagos de Moreno fueron secuestrados en la noche del 11 de agosto. En redes circuló un video en el que eran torturados por un grupo criminal. Presuntamente, habrían sido asesinados también. Dos vehículos propiedad de los muchachos fueron recuperados, uno de ellos calcinado y con presencia de restos humanos. También se aseguró la finca en la que podrían haber estado retenidos. La indagación, hasta ahora, sigue abierta.

Con muchos menos reflectores, unas semanas antes, el 27 de julio, en la localidad de Encarnación de Díaz, fueron secuestradas las hermanas Adriana y Olivia Saucedo Zermeño junto con Beatriz Hernández, pareja de esta última. Al día siguiente fue raptada de su casa otra hermana, Marisela. Nada se sabe de ellas desde aquellos días. Ni una palabra.

Sí: tanto la tragedia del call center como la de Lagos de Moreno han ocupado los titulares de los medios nacionales y también han sido profusamente abordados por la prensa internacional. Sí: las autoridades estatales y federales han sido interpeladas al respecto. Y, cómo dudarlo, se han mantenido en la habitual línea de evadir responsabilidades. El gobernador Enrique Alfaro y el presidente Andrés Manuel López Obrador (quien protagonizó un llamativo incidente, al asegurar que no oía las preguntas sobre el tema y salir del paso con un chiste, antes de verse orillado a retomarlo al día siguiente en su conferencia matinal) se limitan a decir que se trabaja en los casos. Alfaro, quien al principio de su sexenio insistía en que la seguridad en el Estado “era cosa” del Gobierno de Jalisco, ahora asegura que debe ser un tema federal. Y cuando al fin habló del asunto, López Obrador hizo hincapié, cómo no, en las pasadas administraciones: “¿Ustedes creen que el presidente Peña se levantaba a las cinco de la mañana, que Felipe Calderón, Fox […] atendían el tema de seguridad del país?”.

Entre que unas y otras autoridades tratan de sobrellevar los casos puntuales y esperar a que se desinflen en los medios, la crisis de desapariciones en Jalisco no toca fondo. Y con unos extremos de crueldad y violencia que hace mucho que exceden todos los calificativos posibles. Mientras políticos y funcionarios se miran entre ellos o echan culpas a sus antecesores en los cargos, cientos, miles de personas son secuestradas y enfrentan destinos aterradores. Resulta escalofriante que cada semana se hable de descuartizamientos, incineraciones, decapitaciones, de personas obligadas a matarse entre sí, para ser usadas como mensajes sangrientos entre organizaciones criminales. O que, simplemente, se esfuman de sus vidas sin dejar huella.

Queda claro que, por ineptitud, colusión, falta de recursos o de voluntad, el Estado mexicano en su conjunto, a escala municipal, estatal y federal, no es capaz de restablecer el orden y garantizar el derecho a la seguridad y a la vida de sus ciudadanos. No solo eso: el Estado también se dedica a hostilizar y descalificar a las organizaciones de madres y familiares que buscan a sus seres queridos, con posturas que van desde culparlos por emboscadas a policías que respondían a reportes de hallazgos de cuerpos, como sucedió hace poco en Tlajomulco, hasta negarse a recibirlos o establecer ninguna clase de compromiso con ellos.

Por historia, por importancia económica, cultural, política, Jalisco es uno de los puntos clave de la geografía mexicana. Que se haya convertido en una tierra sin ley es un síntoma aterrador de la falta de rumbo generalizado del país.

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