Kallas sondeará la voluntad de los Veintisiete de “presionar” a Israel como pide España

La escalada de las tensiones en Oriente Próximo y la indignación generalizada en Europa por la aprobación de la pena de muerte contra palestinos en Israel, además de su ofensiva en el sur de Líbano y la continuada violencia de los colonos extremistas en Cisjordania, han erosionado profundamente la paciencia de los Veintisiete con el Gobierno de Benjamín Netanyahu. La cuestión es si este cansancio es suficiente como para dar por fin un paso hacia la suspensión del Acuerdo de Asociación UE-Israel, como han vuelto a pedir España, Irlanda y Eslovenia de cara a la cita de ministros de Exteriores de la UE este martes en Luxemburgo.

En vísperas de la reunión en la que se planteará el debate, la alta representante para Política Exterior de la UE, Kaja Kallas, ha abogado este lunes por empezar sondeando la voluntad de los Estados miembros para “presionar” a Israel. Y ha recordado que sobre la mesa, desde septiembre, hay ya una propuesta más modesta, una suspensión solo parcial, de la parte comercial del Acuerdo, que pese a ser limitada sigue pesando como amenaza contra el Gobierno de Netanyahu, que la ha criticado constantemente.

“Ya tenemos algunas medidas sobre la mesa que requieren una mayoría cualificada. Creo que debería analizarse si es posible avanzar con ellas, si los Estados miembros quieren hacerlo para presionar a Israel, y es lo que vamos a discutir mañana”, ha adelantado Kallas en declaraciones a la prensa junto al primer ministro palestino, Mohamed Mustafa, que participa este lunes en varios encuentros en Bruselas sobre la situación de los palestinos.

Mientras que la suspensión total del acuerdo requiere de unanimidad, algo que está aún muy lejos de suceder porque hay países como Alemania, Hungría o República Checa que no están dispuestos a apoyar una medida de este tipo, la parcial necesita la mayoría cualificada, es decir, que voten a favor al menos el 55% de los Estados miembros (15 de 27) y que estos representen como mínimo el 65% de la población total de la UE. Hasta ahora, no se ha logrado siquiera este margen, porque se requiere para ello que alguno de los grandes de la Unión, Alemania, Italia o Polonia, muevan ficha. Mientras Berlín sigue reticente a dar ese paso —aunque su canciller, Friedrich Merz, también ha endurecido significativamente el tono contra Israel en las últimas semanas—, los recientes enfrentamientos del Gobierno italiano de Giorgia Meloni con el de Netanyahu han dado pie a especular con un eventual cambio de postura, aunque Roma por ahora no se ha pronunciado al respecto y ni siquiera los países a favor de dar el paso confían en que vaya a cambiar su posición.

A finales de la semana pasada, los ministros de Exteriores de España, Irlanda y Eslovenia pidieron formalmente a Kallas, en una carta, que en la reunión del martes se discuta el Acuerdo de Asociación y que la UE “asuma su responsabilidad moral y política, y defienda los valores fundamentales que han sustentado el proyecto europeo desde su fundación”. El domingo, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, fue más allá aún y anunció que España pedirá formalmente en Luxemburgo “romper el acuerdo de asociación con Israel”. “Un Gobierno que viola el derecho internacional o los principios de la UE no puede ser su socio”, declaró durante la apertura de la precampaña de las elecciones andaluzas, en un acto en Gibraleón, Huelva.

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, que defenderá este martes la iniciativa, ha afirmado en una entrevista en RNE que se requiere de “valentía” por parte de los socios comunitarios para defender los valores que promueve.

“Tenemos que dar un paso al frente, porque si no, la UE se estará negando a sí misma y nuestra voz se debilitará cuando nosotros denunciamos esas mismas violaciones flagrantes del derecho internacional y los derechos humanos en otros escenarios como Ucrania, donde sí tenemos unanimidad”, ha advertido.

Restituir los aranceles

Pero no solo Kallas es precavida. Fuentes diplomáticas europeas, incluso desde aquellos países favorables a alguna medida de presión sobre Israel, llaman a la cautela. “Será importante escuchar de los ministros [en Luxemburgo] si hay algún cambio y si apoyan las medidas sobre la mesa o si están dispuestos a ir más allá”, señala una fuente diplomática bajo condición de anonimato.

La demanda de una suspensión del Acuerdo de Asociación con Israel viene de largo. Ya a comienzos de 2024 la pidieron España e Irlanda. En septiembre pasado, y después de que varios países se sumaran a las demandas, la Comisión Europea movió finalmente ficha y presentó un plan para suspender ciertos aspectos del acuerdo comercial entre la UE e Israel —los Veintisiete son el principal socio comercial de Israel en el mundo— y restituir los aranceles a bienes procedentes de ese país, que hasta ahora disfrutan de un trato preferente en el club comunitario.

A pesar de que, para entonces, la UE ya había constatado formalmente (en junio) que Israel no está cumpliendo con sus obligaciones en materia de derechos humanos con su ofensiva militar en Gaza, en contravención del artículo 2 del Acuerdo de Asociación, ninguna de las propuestas de sancionar de alguna manera a Israel en el marco de este pacto que constituye la principal palanca de presión europea ha logrado avanzar desde entonces en el Consejo, en vista de las reticencias de varios Estados a censurar siquiera mínimamente al Gobierno israelí.

No obstante, las críticas a las acciones del Gobierno de Netanyahu en territorios palestinos y en el sur de Líbano, sobre todo tras el inicio del conflicto con Irán, han provocado un tono más duro en las últimas semanas desde el Viejo Continente. La semana pasada, Merz advirtió directamente a Netanyahu de que “no debe haber una anexión de facto de Cisjordania” y, previamente, Berlín se había adherido a una declaración conjunta de todos los 27 Estados miembros condenando el “carácter discriminatorio” de la ley que permitirá condenar a muerte por defecto a los palestinos de Cisjordania que maten a israelíes. Rara vez se ha logrado una declaración unánime europea que afecte a una acción del Gobierno israelí. Roma y París han criticado además duramente las acciones en el sur de Líbano contra civiles y también contra miembros de la misión de Naciones Unidas Unifil, que Italia calificó de “inaceptables”. La semana pasada, el Ejecutivo de Meloni anunció que su país no renovará su acuerdo de defensa con Israel de forma automática, en “vista de la actual situación”.

Pese a ello, sigue incluso sin estar claro si se logrará avanzar en otra propuesta de la Comisión: ampliar las sanciones contra varios colonos violentos extremistas y dos ministros ultras del gabinete de Netanyahu. Kallas ha recordado este lunes que la propuesta de sancionar a colonos violentos —que requiere unanimidad— solo está bloqueada por Hungría, donde el futuro nuevo primer ministro, Peter Magyar, ya ha dado a entender que podría cambiar la estrategia de bloqueo sistemático mantenida hasta ahora por el gabinete de Viktor Orbán, aunque para ello probablemente habrá que esperar a que se formalice el cambio de mando en Budapest.

A la presión política se une la social: también la semana pasada, se conoció que una Iniciativa Ciudadana Europea reclamando que la “UE debe usar de forma inmediata todos los medios legales, diplomáticos y económicos disponibles, entre ellos la suspensión del Acuerdo de Asociación UE-Israel, para forzar al Gobierno israelí a cesar sus violaciones de derechos humanos, respetar el derecho internacional y aliviar el sufrimiento de los palestinos”, ha reunido en apenas tres meses el mínimo de un millón de firmas necesarias para que la Comisión acepte la demanda y la analice. También más de 60 ONG, entre ellas Amnistía Internacional, y plataformas sociales reclaman que los ministros apoyen este martes la suspensión del acuerdo y también respalden nuevas medidas, como una acción coordinada para prohibir todas las transferencias y el tránsito de armas y bienes de uso dual por territorio europeo con rumbo a Israel.