El Tribunal de Justicia de la ONU cumple 80 años cuestionado por países como EE UU e Israel

La sesión inaugural del Tribunal Internacional de Justicia de Naciones Unidas (TIJ) se celebró el 18 de abril de 1946, después de la II Guerra Mundial, en el Palacio de la Paz, en La Haya. La institución conmemora este viernes, víspera del aniversario, sus 80 años con una ceremonia a la que acudirán el secretario general de la ONU, António Guterres, y el rey Guillermo de Países Bajos. Han sido casi 30.000 días de trabajo para que los Estados resuelvan sus diferencias de manera pacífica. El aniversario se desarrolla en un contexto en el que países como Estados Unidos e Israel han desoído de forma ostensible las resoluciones del tribunal.

En estos 80 años, el TIJ ha fallado aproximadamente en 170 disputas entre Estados y ha emitido un total de 30 dictámenes consultivos. La institución no nació en el vacío, sino con la experiencia de una anterior, el Tribunal Permanente de Justicia Internacional. Establecido este tras la I Guerra Mundial, fracasó por la incapacidad de la entonces Sociedad de Naciones para mantener la paz. Desde 1946, el TIJ es el principal órgano judicial para Naciones Unidas y para sus 193 Estados miembros. Hasta la fecha, sin embargo, solo 75 aceptan su jurisdicción obligatoria.

La labor de los jueces tiene dos vertientes: dirimir diferendos entre Estados en un procedimiento contencioso cuya decisión es vinculante y asesorar sobre Derecho Internacional a los órganos de Naciones Unidas. Principalmente, a la Asamblea General y el Consejo de Seguridad. En el segundo caso, se emiten opiniones consultivas que no son de obligado cumplimiento. Hacer que se observen correspondería a la instancia que las haya pedido, pero no es fácil ponerse de acuerdo en el seno de la ONU.

Esta última tarea ha dejado dos ejemplos notables en 2025: acerca de las obligaciones de Israel de permitir ayuda humanitaria en los territorios palestinos ocupados y sobre el deber de los Estados de actuar ante la crisis climática. Con más trabajo que nunca, las decisiones de sus 15 jueces deben inspirar confianza en un momento de grandes tensiones políticas mundiales.

“Dice algo que sigue siendo valioso”

Tanto los fallos vinculantes como las opiniones que no lo son tienen una elevada carga política. El jurista español Asier Garrido Muñoz, que ha sido letrado del tribunal, recuerda las repercusiones actuales del primer litigio resuelto por el TIJ. Enfrentó, entre 1947 y 1949, al Reino Unido y Albania por varios sucesos ocurridos en el estrecho de Corfú, que separa las costas de Albania y Grecia. Los buques británicos sufrieron pérdidas humanas y daños por minas en aguas albanesas, y los jueces recalcaron la prohibición incondicional de utilizar unilateralmente la fuerza, especialmente en un estrecho internacional. “Estamos hablando de 1949, pero ya desde sus inicios este tribunal dice algo que sigue siendo valioso 80 años después”, explica, al teléfono.

Otra de las sentencias, que figura en los manuales de derecho diplomático, fue la dictada en relación con la crisis de los rehenes estadounidenses, al principio de la revolución en Irán, en 1979. Estudiantes iraníes retuvieron durante 444 días a 52 diplomáticos estadounidenses en Teherán, y exigieron que EE UU devolviera al Shah, Mohamed Reza Pahleví, para ser juzgado. “Washington llevó el caso al TIJ e Irán perdió estrepitosamente”, indica Garrido Muñoz. “El tribunal sentó ahí numerosos fundamentos sobre las obligaciones de todos los Estados, no solo de no interferir en los derechos diplomáticos o consulares de los demás países, sino de tomar medidas para prevenir que particulares o grupos los violen”. Los rehenes solo fueron liberados en enero de 1981, al tiempo que llegaba a la Casa Blanca el presidente Ronald Reagan.

“En el caso de Israel y EE UU no parece funcionar”

Nico Schrijver, catedrático emérito neerlandés de Derecho Internacional en la Universidad de Leiden, que ha intervenido también como asesor legal en varios casos elevados al TIJ, indica que “hay 24 pendientes, la cifra más alta registrada en el listado general”. Admite que el derecho y la política no están completamente separados. “Pero creo que el tribunal ha dejado claras cosas tan valiosas como que las acciones bélicas deben ajustarse al Derecho Internacional”. Y recuerda que el organismo “ha declarado varias veces que la legítima defensa se limita a situaciones de ataque armado”. “Lo sabemos ya por la Carta de Naciones Unidas, pero es importante que la comunidad internacional tenga una especie de radar común para interpretar la ley”, dice. Y luego asevera: “Aunque, claro, en el caso de Estados Unidos e Israel no parece funcionar cuando el Derecho Internacional no está de su parte”.

Schrijver defiende la importancia de emitir también opiniones consultivas y menciona el dictamen del clima, anunciado el 23 de julio de 2025. Considera que los jueces “no solo ofrecieron una interpretación legal firme, sino que fueron más allá incluso que el Acuerdo de París [adoptado en 2015 para limitar el calentamiento global], al considerar que existe una amenaza existencial para el planeta”. En esa ocasión, la petición inicial partió de Vanuatu, un Estado insular del Pacífico cuya supervivencia depende de la subida del nivel del mar. Acabó llegando hasta la Asamblea General de la ONU, que solicitó el parecer de los jueces.

La ocupación de territorios palestinos, ilegal

En el caso de Israel, en julio de 2024, y sobre una petición de la Asamblea General anterior a la guerra en la franja de Gaza, la opinión consultiva de los jueces declaró ilegal la ocupación de los territorios palestinos, incluyendo Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este. No fue del agrado del Gobierno del primer ministro, Benjamín Netanyahu. En diciembre de ese mismo año, de nuevo la Asamblea General requirió a los jueces que evaluaran los deberes de Israel hacia la población gazatí. Y en octubre de 2025, estos señalaron que Israel estaba “obligado a aceptar y facilitar” la ayuda humanitaria a la Franja para asegurar las necesidades básicas de la población. Que no se podían “anteponer las consideraciones sobre seguridad al derecho humanitario”. El peso legal, diplomático y político del parecer judicial “tiene mucha influencia porque ofrece la interpretación más autorizada de la ley”, dice Schrijver.

¿De qué manera se ha adaptado el derecho internacional a las resoluciones del Tribunal? Garrido Muñoz asegura que hoy “es absolutamente imposible comprenderlo sin las decisiones del TIJ”. “Cualquier persona que lea por primera vez un manual de derecho internacional encontrará innumerables referencias al TIJ”, complementa. ¿Y en el caso de la incitación al genocidio en Gaza, que es la acusación de Sudáfrica contra Israel de 2024?

Para este experto hay dos aspectos. Por un lado, “la cuestión es determinar si se ha producido o no un genocidio”. En el caso de la ciudad bosnia de Srebrenica, por ejemplo, el Tribunal concluyó en 2007 que se había cometido uno en 1995, pero la cuestión era si se debería atribuir a Serbia, lo que, al final, no se hizo “porque no fue ella, digamos, directamente, la que lo perpetró”, explica Garrido Muñoz. En el caso de Israel, el jurista piensa que no se da este problema. “Porque todos los actos en Gaza son claramente atribuibles a Israel”, señala. Y aquí aparece el segundo factor que menciona Garrido Muñoz. “De concluirse que lo ha habido en Gaza, hay un Estado que interpreta el derecho internacional a su conveniencia y que está apoyado por Estados Unidos”.

¿Se ha ganado, entonces, el TIJ la confianza de los Estados? Nico Schrijver cree que sí. Recuerda que “la historia y la política evolucionan, y convenciones como la que previene y sanciona el genocidio, que es de 1948, empezaron a invocarse después de la Guerra Fría”. Antes, “el tribunal pensaba que los derechos humanos eran una cuestión que competía a Naciones Unidas en su vertiente política, pero eso ha cambiado”. Los 15 jueces son elegidos por mayoría de la Asamblea General y del Consejo de Seguridad de la ONU, y hoy hay cinco mujeres. Ambos estudiosos coinciden en que es una cifra que se puede mejorar. España ha tenido uno solo, Federico de Castro y Bravo, entre 1970 y 1979.