Irán acelera las ejecuciones de presos políticos en plena guerra

Ali Fahim, un manifestante detenido durante las protestas contra el régimen del pasado mes de enero, fue ejecutado este martes en Irán, según Mizan, el órgano de comunicación del Poder Judicial iraní. El día anterior, otros dos iraníes arrestados durante las protestas, Mohammad Amin Biglarí y Shahin Vahedparast, habían sido también ahorcados, al igual que Fahim. Con estos casos, sumados a otras dos ejecuciones más en la madrugada del sábado, el país, sumido en plena guerra con Israel y Estados Unidos, ha matado a cinco presos políticos en solo tres días. Todos habían sido acusados de “actividades terroristas” y de “poner en peligro la seguridad nacional”.

No han sido los primeros ni probablemente serán los últimos. En total, según fuentes de derechos humanos, al menos 14 presos con cargos políticos o de seguridad han sido ejecutados desde el inicio de la guerra. No obstante, debido al corte de internet y a la falta de acceso a información independiente en las últimas semanas, no es posible conocer con exactitud el número total de penas capitales ya aplicadas. De hecho, organizaciones de derechos humanos creen que la cifra real podría ser mayor.

El jefe del Poder Judicial, Gholamhossein Mohseni Eje’i, ha insistido además en la difusión pública de confesiones de manifestantes acusados de graves crímenes que podrían llevarlos a la horca. Medios estatales como IRNA, Fars y Tasnim han difundido ya imágenes de detenidos confesando ante las cámaras.

Organizaciones de derechos humanos han criticado reiteradamente lo que definen como “confesiones forzadas”, a menudo extraídas con torturas, y advierten de que suelen derivar en condenas severas, incluidas penas de muerte. El traslado de otros condenados a celdas de aislamiento, un paso que suele preceder a su ahorcamiento, ha incrementado también la preocupación ante posibles ejecuciones inminentes.

La actual oleada de ahorcamientos comenzó el 18 de marzo con el ahorcamiento de un ciudadano con doble nacionalidad sueca e iraní, Kourosh Keyvaní, a quien se encontró culpable de “espionaje”. Al día siguiente, fueron ajusticiados tres manifestantes de enero en la ciudad de Qom: Saleh Mohammadí (19 años, atleta de lucha y exmiembro de la selección nacional), Saeed Davoodí (21 años) y Mehdi Ghasemí, todos ellos condenados por delitos de carácter político y de seguridad.

Los días 29 y 30 de marzo, otros cuatro presos fueron ejecutados: Akbar Daneshvarkar, Mohammad Taghavi-Sangdeh, Babak Alipour y Pouya Ghobadí, todos ellos vinculados a la Organización de los Muyahidines del Pueblo de Irán (MKO, por sus siglas en inglés), a la que las autoridades iraníes consideran terrorista. Cuatro días después, la judicatura anunció el ahorcamiento de otros dos presos, Abolhassan Montazer y Vahid Baniamerian, miembros también de la MKO.

El 2 de abril, el Poder Judicial ejecutó a Amirhossein Hatamí, un joven de 18 años detenido durante las protestas de diciembre de 2025 y enero de 2026. El principal cargo en su contra era su supuesta participación en el incendio de la base de la milicia Basij Shahid Mahmoud Kaveh, en Teherán, durante la noche del 18 de enero. Compartía caso con otros cuatro manifestantes. Tres de los imputados —entre ellos, Ali Fahim, el manifestante ejecutado este martes— han sido ya ahorcados. El cuarto, Abolfazl Salehi Siavashani, está en riesgo inminente de sufrir la misma suerte-

Los informes y vídeos difundidos sobre el incendio de esa base, así como los testimonios de los familiares de los acusados, indican que esas personas no participaron en el inicio del incendio ni en la destrucción de las instalaciones de los Basij. Únicamente entraron durante las protestas en un edificio que ya había sido incendiado previamente por otros manifestantes.

“(Amirhossein Hatamí) tenía solo 18 años, una edad para construir un futuro, no para estar en la horca. En medio de la guerra, Irán recibe bombas desde el cielo y, desde la tierra, el régimen envía a los jóvenes a la muerte uno a uno”, ha escrito en Instagram Shirin Ebadí, premio Nobel de la Paz, sobre el joven ajusticiado el 2 de abril.

Hatamí apenas había alcanzado la mayoría de edad, pero Amnistía Internacional advierte de que entre los detenidos hay menores también en riesgo de ejecución. Esta organización es una de las que consideran que el número real de personas amenazadas por la pena de muerte podría ser significativamente mayor de lo que se conoce.

Críticas

Organizaciones de derechos humanos, figuras públicas y usuarios de redes sociales han criticado estas ejecuciones. Amnistía Internacional ha pedido a la comunidad internacional “tomar todas las medidas necesarias” para presionar a las autoridades iraníes con el fin de detenerlas.

La organización ha calificado estas penas de muerte como “arbitrarias”. Amnistía Internacional denuncia que las autoridades iraníes impiden sistemáticamente a las familias acceder a información y someten a los detenidos a aislamiento, desapariciones forzadas, tortura y otros malos tratos para obtener confesiones que luego son emitidas por medios afines a la República Islámica antes de la celebración de los juicios. Ello constituye una “grave vulneración de los derechos del acusado”, agravada por las restricciones en el acceso a defensa letrada.

El sistema judicial iraní no permite a los acusados en casos relacionados con la seguridad nacional elegir libremente a sus abogados y les obliga a seleccionar a sus representantes legales entre letrados designados por el propio tribunal, lo que entra en conflicto con el derecho a una defensa independiente y limita las posibilidades de impugnar las acusaciones o informar sobre el proceso judicial.

Esa práctica constituye otra vulneración de los derechos procesales de los acusados para esa y otras organizaciones de derechos humanos. Esas organizaciones consideran que las autoridades iraníes intentan atribuir la organización de las protestas contra el régimen islámico a agentes extranjeros, como Estados Unidos o Israel, y tratan también de desacreditar los relatos independientes sobre la violencia ejercida por las fuerzas de seguridad y la milicia Basij contra los manifestantes.

Para numerosos usuarios iraníes de la redes sociales los ahorcamientos son una “venganza del gobierno por las protestas”. Esos usuarios sostienen que un régimen que ejecuta a manifestantes en medio de una guerra “no defiende a Irán ni a los iraníes” y advierten de que “estas acciones no serán olvidadas ni perdonadas”.

Mahmoud Amiry Moghaddam, director de la organización Iran Human Rights, con sede en Noruega, que monitoriza la aplicación de la pena de muerte en el país persa, ha denunciado por su parte en la red social X: “El régimen considera una amenaza a quienes exigen cambios profundos. No debemos permitir que la guerra en curso eclipse los crímenes del régimen contra el pueblo”.

Mai Sato, relatora de Naciones Unidas sobre derechos humanos en Irán, ha expresado también su preocupación: “En medio de la guerra en curso y el apagón de internet, sigo recibiendo informes de ejecuciones desde Irán. Además, continúan llegando datos que indican que otras personas podrían estar en riesgo de ejecución”.