Los expertos afirman que Trump incurrirá en crímenes de guerra si cumple sus amenazas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio el domingo 48 horas a Irán para que atendiera sus exigencias y abriese el estrecho de Ormuz con la siguiente frase: “El martes será el día de las centrales eléctricas y de los puentes, todo junto, en Irán”. Al día siguiente, subió el tono de las intimidaciones al decir que podría “destruir un país entero en una noche y esta noche puede ser mañana”. Este martes ha afirmado que “morirá toda una civilización” si Teherán no accede a su petición.

Cada una de estas últimas declaraciones del mandatario republicano aumenta el temor de que Estados Unidos esté dispuesto abiertamente a cometer crímenes de guerra. Atacar infraestructuras esenciales para la supervivencia de la población civil —como centrales eléctricas, pozos petrolíferos, puentes y carreteras— puede ser considerado una violación del derecho internacional, según explican los expertos consultados. “No me preocupa en absoluto”, contestó Trump sobre la posibilidad de cometer crímenes de guerra en Irán.

“La única base legal para dirigir ataques contra objetos o estructuras en una guerra es que estos estén contribuyendo de manera efectiva a la acción militar”, explica por correo Tom Dannenbaum, profesor de Derecho en la Universidad de Stanford. Este tipo de amenaza “sugiere atacar instalaciones en función de su contribución al funcionamiento de una sociedad moderna. Es una amenaza de cometer crímenes de guerra”, defiende el autor de El crimen de agresión, la humanidad y el soldado. En el caso de Irán, las infraestructuras garantizan la supervivencia de sus 93 millones de residentes. Timothy Snyder, reconocido historiador estadounidense sobre el Holocausto, ha sugerido que la amenaza de Trump de acabar con una civilización entera podría ser punible según la Convención de la ONU sobre el genocidio.

Incluso cuando los recursos energéticos son usados para mover vehículos militares y sistemas de armas, estas infraestructuras no pueden ser atacadas “si hacerlo pone en riesgo la supervivencia de la población civil”, explica por correo Mary Ellen O’Connell, profesora de Estudios Internacionales de Paz en la Universidad de Notre Dame y autora de El arte del derecho en la comunidad internacional.

“El principio más importante del Derecho Internacional Humanitario es que los civiles nunca deben ser atacados intencionalmente y los bienes de carácter civil también están protegidos”, agrega O’Connell. Así se expone en la Convención de Ginebra (cuatro convenios) sellada en 1949, tras la II Guerra Mundial, para regular el trato debido a los diferentes actores durante un conflicto, entre ellos a los civiles.

Mientras tanto, las amenazas ya empiezan a materializarse. Israel, aliado de Estados Unidos en la guerra contra Irán, atacó este lunes el complejo petroquímico asociado al gigantesco yacimiento de gas de Pars Sur, el mayor del mundo y compartido por Irán y Qatar. Es el segundo ataque a esta planta, que es una infraestructura clave para el suministro de gas natural en Irán y para buena parte de su economía.

Teherán también acusa a Estados Unidos e Israel de haber atacado otro complejo petroquímico en Marvdasht. Este martes, las autoridades iraníes han informado de un nuevo bombardeo en la isla de Jarg, clave en su industria petrolífera, además de ataques a vías férreas del país.

El profesor Adil Haque, especialista en derecho de la guerra de la Universidad de Rutgers y autor del libro La ley y la moralidad en la guerra, señaló en la red social X que el ataque israelí contra infraestructuras civiles iraníes podría estar “diseñado para provocar una respuesta iraní (probablemente también ilegal) que descarrile cualquier negociación en curso”.

Irán también ha llevado a cabo acciones similares contra infraestructuras energéticas y de agua en países del Golfo. Tras los primeros ataques de Estados Unidos e Israel el 28 de febrero, la República Islámica respondió con ofensivas contra los países vecinos. Algunos de esos ataques se dirigieron contra instalaciones militares cercanas a puertos, refinerías o depósitos, aunque no afectaron a la producción energética. “Existen razones serias para creer que ambas partes en el conflicto han violado el derecho internacional en su conducción de la guerra. Ninguna de ellas puede invocar las violaciones de la otra para justificar las propias”, señala Dannenbaum.

La respuesta iraní

La escalada se intensificó cuando la aviación israelí lanzó el primer ataque a gran escala contra el yacimiento de gas de Pars Sur, el 18 de marzo. La respuesta iraní no tardó en llegar. Teherán atacó refinerías en Arabia Saudí, Kuwait y Baréin. También alcanzó un yacimiento gasístico de Emiratos Árabes Unidos y las principales instalaciones de almacenamiento de petróleo de este país, que conectan con un oleoducto que evita el paso por Ormuz. Irán también atacó en Qatar una infraestructura que concentra la licuefacción y exportación de gas natural licuado. Además, Teherán también ha tratado de aumentar el coste económico del conflicto. Teherán ha bloqueado y reducido el tráfico marítimo que pasa por el estrecho de Ormuz, una vía por la que circula aproximadamente el 20% del petróleo mundial.

Trump llegó a declarar la semana pasada que, sin un acuerdo, Estados Unidos concluiría su “encantadora ‘estadía’ en Irán destruyendo por completo todas sus plantas generadoras de electricidad, pozos de petróleo y la isla de Jarg (y posiblemente todas las plantas de desalinización)”. Las plantas desalinizadoras son fundamentales para el suministro de agua potable en el Golfo.

El jurista Tadesse Kebebew, del Geneva Water Hub, sostiene en un artículo que atacarlas podría equivaler a “convertir el agua en un arma”, con consecuencias humanitarias devastadoras para millones de civiles. De la misma manera, la destrucción de las centrales eléctricas puede afectar a decenas de millones de personas, que pueden ver privadas de servicios básicos, como el acceso a agua potable, servicios médicos y alimentos, según Amnistía Internacional.

El Comité Internacional de la Cruz Roja ha señalado en una nota: “Nuestros equipos están observando la destrucción de infraestructuras esenciales para la vida civil. Plantas de energía, sistemas de agua, hospitales, carreteras, puentes, viviendas, escuelas y universidades han sido atacados”. El escrito agrega que lo más “alarmante” son las posibles amenazas a instalaciones nucleares; porque un error de cálculo podría causar “consecuencias irreversibles”.

El precedente de la guerra en Ucrania

No es la primera vez que infraestructuras civiles son objetivo en un conflicto armado reciente. En 2024, el Tribunal Penal Internacional emitió órdenes de arresto contra el entonces ministro de Defensa de Rusia, Serguéi Shoigú, y un general ruso por ataques contra estructuras energéticas en Ucrania que causaron daños excesivos a civiles. En los cuatro años de invasión a gran escala, el ejército ruso ha golpeado y dañado gran parte de las instalaciones del sector energético ucranio, así como su capacidad para generar electricidad, con un efecto devastador para las vidas de los civiles, en especial durante el último invierno de guerra.

Kiev ha respondido, con especial ahínco en los últimos meses, con ataques a la industria petrolífera rusa para dañar la capacidad recaudatoria de Moscú. Algunos de estos bombardeos han afectado también a la red eléctrica rusa.

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, recordó en una publicación en X que atacar infraestructuras civiles, incluidas las energéticas, es “ilegal e inaceptable, tanto en Ucrania como en cualquier lugar”. Dannenbaum cree que “siempre ha habido ataques ilegales, pero en Ucrania, Gaza y ahora en esta guerra, existe una tendencia a la violación descarada; es decir, una violación sin siquiera una fidelidad retórica a la noción de restricción legal”. Y advierte: “Eso es profundamente dañino para el Estado de derecho”.

En una carta publicada en la revista Just Security, 100 expertos estadounidenses sostienen que están preocupados con la “retórica peligrosa” de Trump y del Pentágono. Citan como ejemplo las palabras del secretario de Defensa Pete Hegseth, que llegó a afirmar que Estados Unidos no lucha de acuerdo con las “estúpidas reglas de enfrentamiento”.

Estas reglas exigen que, en una guerra, los bandos combatientes actúen con distinción, proporcionalidad y precaución, explica Carlos Espósito, catedrático de Derecho Internacional Público de la Universidad Autónoma de Madrid. Eso significa buscar un equilibrio entre la ventaja militar concreta y consideraciones humanitarias (proteger a los civiles en tiempos de guerra). Espósito apunta, sin embargo, que existe un problema institucional, ya que los mecanismos para hacer cumplir las normas son limitados cuando el infractor es una gran potencia.

Esta situación se observa en conflictos como el de Ucrania, señala, en que “la documentación de posibles crímenes de guerra coexiste con la parálisis del Consejo de Seguridad [de la ONU] por el derecho de veto ruso”.

El resultado es un orden jurídico que protege de manera incompleta y que depende, en última instancia, de la voluntad de los mismos estados que pretende regular. Aun así, advierte, abandonar esas normas no es una opción: el derecho internacional suele sobrevivir a las guerras, y cuando estas terminan, son precisamente esas reglas —imperfectas pero vigentes— “las que ayudan a ordenar la paz”.