La Eurocámara ratifica con los votos conservadores y ultras la creación de centros de deportación en terceros países

El reglamento de retornos, incluida la propuesta endurecida de creación de centros de deportación en países fuera de la UE, ha salvado este jueves su último obstáculo en el Parlamento Europeo. Gracias, una vez más, a los votos de los conservadores y de la extrema derecha, el texto ha superado la oposición casi unánime de las formaciones proeuropeas —socialistas, liberales y verdes—, así como del grupo de La Izquierda, que buscaban renegociar una propuesta que consideran que viola derechos fundamentales, como también han advertido ONG y el Consejo de Europa.

La aprobación, por 389 votos a favor, 206 en contra y 32 abstenciones, permitirá dar el último paso: la negociación, a partir de este mismo jueves, de la posición de la Eurocámara ahora validada y la del Consejo (los Estados) con el fin de elaborar un texto común armonizado que será el que se convertirá en norma para toda la UE.

Hay prisa por acabar pronto: a mediados de junio, el Pacto Europeo de Migración y Asilo entra totalmente en vigor y el reglamento de retornos, con el que se busca impulsar la devolución de las personas rechazadas en la UE a sus países de origen o a un tercero —actualmente la tasa de retornos es apenas del 20%—, es la última pata del combinado regulatorio que ratifica el endurecimiento de la política migratoria de los Veintisiete, impulsada por países como Italia o Dinamarca y rechazada por España.

Aunque no es una situación nueva desde que la extrema derecha ganara peso en las últimas elecciones europeas en 2024, la negociación del texto de retornos entre el Partido Popular Europeo (PPE) con los grupos más a la derecha del arco político de Bruselas, incluido el partido ultra alemán Alternativa por Alemania (AfD), creó un profundo malestar las últimas semanas entre los grupos políticos proeuropeos y en Berlín. “No trabajamos con radicales de derechas en el Parlamento Europeo”, dijo el canciller alemán, Friedrich Merz, al conocer la existencia incluso de un grupo de coordinación a través Whatsapp, revelada por la prensa alemana. Pese a ello, los 30 eurodiputados conservadores germanos no se han salido de la disciplina de voto y todos han apoyado la medida, a la que solo se han opuesto media docena de miembros del PPE.

Para los socialdemócratas alemanes en el Parlamento Europeo, que en Berlín son los socios de coalición de la CDU-CSU de Merz, esta votación impulsada por el líder del PPE, el alemán Manfred Weber, supone la ruptura de un nuevo tabú. “Su cortafuegos a la derecha no solo se está desmoronando, sino que ya se ha derrumbado. La AfD lo celebra. Quien concede tal capacidad de influencia a las fuerzas antidemocráticas pone en peligro inmediato nuestra democracia”, ha advertido la eurodiputada del SPD Birgit Sippel.

“Este voto supone un punto de inflexión peligroso, ya que las fuerzas de centroderecha rompen el cordón sanitario para alinearse con la extrema derecha para impulsar una agenda profundamente represiva”, ha denunciado también la Plataforma para la Cooperación Internacional sobre Migrantes Indocumentados (Picum), que lleva tiempo advirtiendo que la propuesta ahora aprobada “normaliza el abuso que hemos visto con ICE en Estados Unidos”, extremo que, sin embargo, los conservadores rechazan.

La propuesta responde a la necesidad de un modelo migratorio “ordenado, regular y vinculado al mercado de trabajo”, ha sostenido el eurodiputado del Partido Popular y presidente de la comisión de Libertades Civiles (LIBE) donde se negoció el texto ahora aprobado, Javier Zarzalejos. Sin embargo, para el jefe de la delegación de Vox en Bruselas, Jorge Buxadé, este es “un exitoso primer paso para la reemigración tan reclamada” por su partido.

La posición aprobada ahora por el hemiciclo europeo —con los aplausos de pie de varios eurodiputados de extrema derecha—valida la posibilidad de crear centros de deportación —llamados, eufemísticamente, hubs de retorno— en terceros países. El Parlamento también quiere permitir el envío a estos, cuando estén creados —algo que podrán negociar o la Comisión o los Estados miembros por su cuenta— incluso a familias con menores. Los únicos que no podrán ser enviados a estos centros que podrán estar en países con los que los migrantes deportados no tienen necesariamente ningún vínculo, son los menores no acompañados.

El texto parlamentario introduce asimismo nuevas obligaciones para los inmigrantes cuya solicitud de estancia en un país de la UE haya sido rechazada: deberán cooperar con las autoridades que decreten su retorno. Enfermedades que exigen un tratamiento médico o lazos familiares han sido eliminados como posibles motivos de aplazamiento de una orden de deportación forzosa y prácticamente inmediata, que según los críticos se convierte así casi en la única política de retorno para estas personas, que estarán también sujetas a severas sanciones por incumplimiento de dicha orden: podrán ser detenidos hasta por 24 meses si no cooperan o si existe peligro de que se fuguen, con medidas más drásticas en caso de personas consideradas un riesgo, incluida la posibilidad de una prohibición de entrada en territorio europeo de por vida.