El empresario de juguetes que tumbó los aranceles de Trump: “Desde el principio pensé que esto era ilegal”
Rick Woldenber, el emprendedor que llevó el caso a los tribunales, celebra la sentencia del Supremo y pugna con otras compañías para recuperar el dinero cobrado indebidamente


Si hay una persona en el mundo que puede considerar el fallo del Tribunal Supremo de Estados Unidos sobre los aranceles del presidente Donald Trump como una victoria personal es Rick Woldenberg, el empresario de Chicago, de 65 años, que presentó la demanda. Ha sido una batalla judicial larga e intensa. De un empresario mediano contra un Gobierno inflamado de poder. Su empresa, Learning Resources, que da nombre al fallo de la Corte Suprema, fue de las primeras en acudir a los tribunales contra la todopoderosa Administración de Trump que ordenaba enjuiciar a sus rivales políticos y amenazaba a cualquier que se le opusiera. “No he hecho nada malo”, dice Woldenberg.
“La decisión que declara ilegales los aranceles es una poderosa reafirmación del Estado de Derecho y la separación constitucional de poderes sobre los que se basa nuestro país”, señala el empresario a EL PAÍS a través de un correo electrónico. “Estamos profundamente agradecidos por la oportunidad de presentar nuestro caso ante el Tribunal Supremo y nos sentimos honrados por la decisión”, abunda.
Woldenberg se unió, junto a un millar de empresarios de todo el país, a la plataforma We Pay the Tariff (Nosotros pagamos los aranceles), para movilizarse contra los gravámenes comerciales de la Casa Blanca. Su caso se eligió junto con el de Victor Schwartz, propietario de la pequeña importadora de vinos neoyorquina VOS Selections, para representar en los tribunales a las cientos de pequeñas y medianas empresas que sufrieron las consecuencias de la ofensiva arancelaria de Trump. “Tratamos de controlar nuestro miedo, pero aun así reconocemos los desafíos que hay ahí afuera”, dijo Schwartz en declaraciones a la CNN cuando le preguntaron sobre el riesgo de enfrentarse a Trump.
Rick Woldenberg dirige una empresa de juguetes educativos en Vernon Hill, una pequeña ciudad al norte de Chicago. Learning Resources fue fundada por su abuelo en 1916. En los años sesenta, su padre empezó a suministrar a las escuelas productos diseñados para facilitar el aprendizaje, como juegos didácticos de letras y números, kits de construcción e incluso un popular robot de programación para niños. Con los años, la empresa se convirtió en uno de los referentes mundiales del sector, con una plantilla de más de 500 trabajadores.
Él ha sufrido por su empresa durante el último año. Los aranceles recíprocos que Trump aprobó invocando la ley de poderes de emergencia de 1977 (IEEPA, en sus siglas en inglés) cambiaron su vida. “Los aranceles ralentizaron el crecimiento de nuestra empresa. Nos vimos obligados a imponer un aumento de precio a mitad de año y rediseñamos nuestra cadena de suministro sobre la marcha para minimizar el impacto financiero”, cuenta a través de un correo electrónico a EL PAÍS.
La plataforma We Pay The Tariff ha sido fundamental para la victoria judicial, que abre un nuevo escenario para cientos de empresarios afectados por los aranceles. Dan Anthony, el portavoz de la asociación, recuerda que “una victoria legal carece de sentido sin un alivio real para las empresas que pagaron estos aranceles”. Y reclama: “La única acción responsable de la administración ahora es establecer un proceso de reembolso rápido, eficiente y automático que devuelva el dinero arancelario a las empresas que lo pagaron”.
Por eso, la asociación ha enviado una carta a la Casa Blanca para que reintegre las cantidades cobradas indebidamente. “Las pequeñas empresas no pueden permitirse esperar meses o años mientras se producen retrasos burocráticos, ni pueden permitirse un costoso litigio solo para recuperar dinero que se les cobró ilegalmente en primer lugar. Estas empresas necesitan que les devuelvan su dinero ya”, señala el texto.
Woldenberg, abogado de formación, que estudió en Princeton, cuenta cómo decidió plantarse en los tribunales. “Desde el principio creí firmemente que esto era inconstitucional e ilegal, y busqué un abogado que nos representara”, dice.
Ganó el primer asalto. Su caso es uno de los dos que llegó al Tribunal Supremo de Estados Unidos, que ahora ha decidido darles la razón en una decisión que supone un varapalo para la piedra angular de la política económica de Trump. “Nuestros clientes no son multimillonarios: les cuesta asimilar los mayores costes de comida y otros productos básicos. Todo esto perjudica a la economía. En ausencia de aranceles, nuestro negocio sería mayor y podríamos ayudar a más familias y escuelas con sus necesidades educativas”, apostilla a este periódico.
Pendiente de cada paso
Kacie Wright, propietaria de una tienda de instrumentos musicales en Keller (Texas), señala a EL PAÍS que “aproximadamente el 60% de los productos tienen precios más altos ahora para adaptarse a los aranceles”. “En cuanto sepamos que los tipos arancelarios bajan, bajaremos los precios de la mayoría de nuestros productos entre un 10% y un 20%”, asegura.

Wright explica que no puede conseguir instrumentos en el país y tiene que importar la mayoría de los productos que vende. “Como pequeña empresa familiar, no podemos permitirnos absorber los aranceles. Hemos tenido un impacto en las ventas y en la cartera de nuestros clientes”, subraya.
Ella lamenta la caótica política arancelaria de Trump. Durante meses ha renegociado los aranceles con los diferentes países y bloques subiéndolos y bajándolos de forma arbitraria. “Tenemos que vigilar las noticias constantemente, y en cuanto escuchamos de un nuevo arancel, eso significa recalcular los precios afectados. Por ejemplo, tenemos en stock unos 800 productos de Brasil, así que, cuando llegó el arancel del 50% sobre productos brasileños, tuvimos que recalcular y actualizar manualmente los precios de todos los productos, y luego cambiar todas las etiquetas de precio”, señala.
Tras conocer el fallo del Supremo, manifestó: “Estamos contentos de poder ahorrarle a nuestra empresa decenas de miles de dólares y de poder ofrecer a nuestros clientes, que en su mayoría son estudiantes y músicos profesionales, precios más asequibles”.
Esta pequeña empresaria, que vende instrumentos también a través de su página web, remarca: “En nuestra situación económica actual, preferiríamos que nuestros empleados trabajen para mejorar las ventas, persigan fuentes alternativas de ingresos, etcétera, en lugar de estar preocupados por los cambios de precios de los productos y las facturas de importación”.
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